Infojus Noticias

En el lobby del Hotel Provincial de Mar del Plata los catedráticos convocados al Congreso sobre Reformas Legislativas, realizado días atrás, daban entrevistas, intercambiaban libros y tarjetas, y esperaban su turno para las conferencias que tienen a cargo. Víctor Moreno Catena es español, docente de Derecho Procesal desde hace 20 años. También es secretario general de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed). Esta Red está integrada por los Poderes Judiciales, los Ministerios Públicos y los Ministerios de Justicia de los 21 países iberoamericanos.

En su visita a la Argentina, Catena –designado recientemente árbitro por la Cámara de Comercio de París y por el Colegio de Abogados de Madrid– expuso frente a cientos de especialistas sobre experiencias comparadas de justicia en el mundo. En diálogo con Infojus Noticias, habló sobre cómo agilizar los sistemas en nuestro proceso de reforma de Códigos y dijo que los cambios hacia un modelo acusatorio se deben dar en todos los campos, porque “la sociedad funciona con venganza y la gente a la que le han matado al hijo o al vecino lo que pide es que se pudra en la cárcel, pero hay que instalar la idea de que existen derechos fundamentales”.

-¿Cuál es el paradigma de un sistema de justicia más rápida?

-En todos los países del mundo la justicia tradicional penal está lastrada por un procedimiento completamente inadecuado, donde se superponen distintos actores públicos que dan como consecuencia una gran ineficiencia de procedimientos. Por ejemplo, la intervención de un fiscal, que durante toda la investigación realmente no tiene una competencia clara más que acompañar la iniciativa del juez de instrucción, lo vuelve a todo lento. Y esto porque luego se tiene que retomar toda la investigación para poder plantear la acusación. Eso causa grandes ineficiencias y sobre todo una pérdida de garantías para el ciudadano sometido a un procedimiento penal. El punto más grave desde la perspectiva de Derechos Humanos es la pérdida de garantías, por eso es necesario e imprescindible pasar a un nuevo modelo acusatorio.

-¿Por dónde empezar?

–Hay que actuar en todos los campos porque es un cambio radical del modelo donde el fiscal, el juez y el defensor tienen un nuevo rol. Hay que ir tras una nueva concepción del proceso de cada una de las partes y en esa cuestión el principal beneficiado será el imputado, que es hoy el que peor está. Después, el conjunto del sistema se legitima a partir del respeto a los derechos humanos. Actualmente existe un gran error, ya que el juez no puede actuar al mismo tiempo de acusador y velar por el respeto a los derechos del acusado. Es decir, no puede ser al mismo tiempo juez y parte: imputar y procesar. El juez debe ser imparcial y garantizar que los derechos del imputado se respeten, esa es la base de un nuevo modelo de procedimiento penal.

¿Entonces para empezar, cambiamos todo?

–Sí, prácticamente todo. El papel que desempeña el fiscal debe pasar de pasivo a activo, de manera que el ministerio público fiscal tiene que cambiar también para acompañar ese proceso. El juez de instrucción debe convertirse en un verdadero juez regulador y concentrarse en garantizar los derechos y dictar soluciones, de tal manera que hay que despojarlos de todas las otras cosas que tradicionalmente han venido haciendo. Otra cosa es que los defensores puedan intervenir desde el primer momento frente a la acusación.

-¿Cómo acerca ese Poder Judicial a la gente?

–Hay que instalar la idea de que existen derechos fundamentales para respetar. Uno es el de la presunción de inocencia. No podemos seguir con una cultura de venganza colectiva, como en Estados Unidos cuando colgaban de un árbol al acusado con la ley de Lynch. El violador, ladrón o asesino será todo eso cuando lo diga la sentencia firme de un juez, hasta entonces debemos entender que es inocente, sino podemos caer en situaciones como el linchamiento o el reproche público de un individuo que termina absuelto por un tribunal. Lo que nos dicen todas las normas de derechos humanos y la propia constitución argentina es que esa persona es inocente hasta que haya otra cuestión que lo pruebe. Si no ocurre que aquel que reclama venganza, al día siguiente se puede encontrar en la misma situación jurídica perversa que quiere para el presunto criminal, que está acusado y condenado públicamente sin la sentencia de un juez. Para ganar legitimidad no podemos permitir que haya procedimientos que duren diez años, ya que el Estado no tiene derecho a mantener a un individuo demasiado tiempo.

-¿Cómo filtrar las cientos de denuncias que se desestiman a diario?

–Habría que exigir al fiscal que cuando se presente una denuncia la depure y la archive, la rechace o le dé curso si entiende que es seria y tiene fundamentos: pero no se puede andar con denuncias anónimas o pasquines, implicando a una persona. A las falsas denuncias de inmediato se las debe rechazar en el momento. Si uno presenta una denuncia hoy y la desestiman en el momento por falta de fundamentos, hemos terminado y ya no hay lugar a posibles campañas mediáticas de acusación.

-¿La cultura punitiva es algo propio de nuestra región o es un fenómeno mundial?

–En la justicia penal el delito lleva aparejado un castigo, donde las penas son sanciones y la respuesta por parte del Estado es imponerle una pena. Esto no es una broma, la criminalidad existe y la respuesta del Estado es imponer castigos, el que no lo quiera ver tendrá una visión muy angelical. La sociedad funciona con venganza y la gente a la que le han matado al hijo o al vecino lo que pide es que se pudra en la cárcel, eso pasa en todos lados y no solo en América Latina. Porque no existe el “buenismo” social, la gente reacciona más virulentamente cuanto más cerca está afectada. Si a uno llega alguien y le atraca y le clava una navaja, aunque no lo mate, querrá algún tipo de venganza para el otro, lo que significa una respuesta sancionadora. El derecho penal es un catálogo de actuaciones que el Estado considera dignas de especial reproche y ese reproche lleva una pena, que puede ir desde algunos sitios bárbaros donde existe aún la pena de muerte, hasta una multa o la reclusión. Son diferentes penas pero en definitiva son castigos, y debemos tener en cuenta mecanismos como la mediación penal o la justicia restaurativa, que aunque cuestan un gran esfuerzo se van imponiendo de poco en determinadas sociedades.