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Eduardo Barcesat y Arístides Corti llevan más de cinco décadas en el ejercicio de la abogacía. Juntos, dirigen la revista de Derecho Público de Infojus, el sello editorial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La semana pasada brindaron la tercera conferencia del ciclo organizado por la editorial en la 40º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Al término de la charla conversaron con Infojus Noticias sobre los desafíos para profundizar el desarrollo económico autónomo de la República Argentina.

Barcesat es profesor titular consulto de la Universidad de Buenos Aires, jurado de concursos para la provisión de jueces, y asesor de la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Es uno de los abogados más influyentes y destacados por su activa lucha por los derechos humanos, incluso durante la última dictadura cívico militar. Aunque fue convencional constituyente en 1994, es crítico del resultado final de aquella reforma a la carta magna y cree que es momento de encarar la elaboración de una nueva ley de leyes.

-En el contexto de varias propuestas de nuevos códigos de fondo, ¿cuáles son las prioridades que debe tenerse en cuenta para una nueva institucionalidad?

EB: -Por un lado tenemos que mantener y recuperar soberanía legislativa y jurisdiccional, y en esto entran en debate los tratados bilaterales de inversión y los convenios con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). La alternativa contra esas herramientas es declarar la nulidad de esas cláusulas que enajenan soberanía legislativa y jurisdiccional en los acuerdos y tratados internacionales. No significa tirar abajo la inversión, sino someterla a la ley y los tribunales nacionales. Incluso se puede llegar a implementar cláusulas que obliguen a los inversores extranjeros a dejar la tecnología en el país.

­­-¿Cómo se traduce eso en reformas normativas?

-Uno piensa como iniciativa magna la de la reforma constitucional. El texto debe tener previsiones para evitar y combatir las crisis económicas. Y no van a estar en la parte dedicada a la división de poderes sino en la parte dogmática de la Constitución. La nuestra está anclada en 1853, y eso es absolutamente anacrónico.

­-¿Es posible dar esa discusión en este momento de la política argentina?

­-Yo creo que el mejor mecanismo de defensa es la profundización, no hay otra alternativa. Un estudiante sabe que no se puede quedar con un libro, tiene que leer muchos. El que trabaja en cualquier actividad sabe que no puede mantenerla si no es profundizándola. La independencia y la autodeterminación, como en todo proceso, hay que alimentarla con una ampliación de la base institucional.

-¿Qué se debe hacer para consagrar transformaciones tan profundas como la propuesta del anteproyecto del Código Penal?

-Por empezar, hay que salir a contestar todas las estupideces que se han dicho sobre las reformas propuestas e imponer un debate serio. Al anteproyecto de Código Penal se lo puede criticar y mejorar, pero defiende la territorialidad, la justicia universal e incorpora los crímenes de lesa humanidad. De modo que produce avances muy modernos y destacables.

"Pasamos de un Estado bobo a un Estado presente e inteligente"

Arístides Corti fue secretario letrado de la Corte Suprema de 1973, presidida por el juez Héctor Masnatta. Fue removido tres años después, mediante un decreto de la dictadura cívico militar. En 2011 quedó a cargo de la comisión del Digesto Jurídico Argentino, y actualmente se desempeña como docente en la UBA. Especialista en Derecho Financiero y Tributario, dedicó gran parte de su carrera a estudiar el rol del derecho de cara a la política económica nacional.

-Con miras a un desarrollo económico autónomo, ¿cuáles son las dificultades de esta etapa política?

AC: -Yo creo que en estos diez años logramos muchas cosas. Pasamos de un Estado bobo a un Estado presente e inteligente, decidido a intervenir en la economía. Se le dijo basta al Consenso de Washington y se reconstruyó buena parte del sector público de la economía. Y a eso hay que profundizarlo: para proteger la industria nacional hay que producir en el país a los insumos y componentes que se hoy se importan y que ponen en jaque la balanza de pagos.

-¿Qué se puede hacer desde el derecho para lograr esa meta?

-Tenemos que terminar con la doctrina de los precios de transferencia, que es el eje de la materia de los contratos de préstamo o transferencia de tecnología entre casas matrices y filiales. Ahí no hay contratos, son falsos. También hay que poner un límite legal a las remesas de utilidades al exterior, para evitar la fuga de capitales que se producen en el país y terminan afuera. Hay que encontrar la forma de repatriar esos 400 mil millones de dólares en forma de activos monetarios en bancos del exterior, además de los activos físicos como los bienes raíces. Para eso hay que imponer sanciones penales fuertes.

-¿Hay alguna forma de hacerse de esos capitales?

-Los productores agrarios estuvieron reteniendo su producción con silobolsas, y no cabe aceptarlo. Ya la ley de abastecimiento establecía la obligación de vender. Me parece que el Estado argentino tiene que nacionalizar el mercado exterior, o bien establecer una Junta de Granos con la posibilidad de comprar y la obligación de que los productores vendan. Así se los podría sancionar si no venden en un plazo determinado, o eventualmente decomisar parte de la producción.

-¿Están dadas las condiciones para generar esas transformaciones? ¿Se pueden resolver en forma legislativa?

-Más allá de si están dadas o no las condiciones, me parece que hay que intentarlo. Se necesita mejorar el derecho vigente, o bien interpretarlo con criterios consistentes con un orden público nacional. Hay cosas que se pueden negociar política y diplomáticamente, y hay otras que requieren leyes. Y también hay cosas que requieren tener una Justicia Legítima que interprete las leyes de manera consistente con el interés nacional.