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El abogado querellante en el juicio que se desarrolla en San Luis por crímenes de lesa humanidad, Carlos Pereyra Malatini, hizo una grave acusación. Señaló como autores mediatos y materiales del asesinato del letrado y legislador villamercedino Dante Bodo, en abril de 1976, a tres de los 29 imputados y pidió que se investiguen responsabilidaes civiles, en un hecho que sería inédito para la provincia.
En San Luis, durante un juicio por delitos de lesa humanidad, hubo un pedido de investigacion que daría cuenta, por primera vez, de una posible complicidad civil. En las últimas semanas, fue el turno de los alegatos del proceso en el que son juzgados 29 represores, entre ellos Luciano Benjamìn Menéndez. Están acusados por hechos ocurridos en Villa Mercedes, Luján, La Toma y la ciudad de San Luis, en perjuicio de 11 militantes víctimas de desaparición, asesinatos y la privación ilegítima de la libertad seguida de tormentos.
En su extenso alegato, el representante de la querella de la APDH puntana solicitó al Tribunal Oral Federal (TOF) que gire la prueba acumulada al juzgado instructor para que se investigue la responsabilidad de cinco integrantes de la Fuerza Aérea, una jueza y un fiscal en los delitos de homicidio y asociación ilícita del legislador Dante Bodo.
Pereyra dijo que Bodo fue acribillado el 11 de abril de 1976 en la puerta de su casa en Villa Mercedes por un grupo de tareas que actuó bajo las órdenes de Angel Fernández Gez, Humberto Godoy y Raúl Benjamín López, los tres imputados en este juicio, a quienes acusó de homicidio doblemente agravado con alevosía y asociación ilícita, y señaló como autor material del hecho al oficial de inteligencia Higinio Robles, acusado en la causa y a los oficiales Brandi, Panunio y Morales. ya fallecidos.
En un sentido más general, sostuvo que el régimen terrorista de Estado fue impuesto mediante el golpe del 24 de marzo de 1976 "para servir a una potencia extranjera (Estados Unidos) a sabiendas y para beneficio personal, provocando sufrimientos al pueblo Argentino”. Y apuntó a que los militares fueron legitimados por el aparato judicial, que les garantizó la impunidad en la arquitectura del terror.
En otro momento de su exposición, Pereyra replicó argumentos de los represores y sus defensas, y se preguntó: "¿Qué víctimas dicen ser? Los suboficiales y policías de baja graduación, si fueron víctimas, lo fueron de sus propios superiores, los jefes".
El TOF dispuso finalmente que los alegatos finales continúen el jueves próximo. Se espera una pronta respuesta sobre si se avanzará en la investigación de las responsabilidades civiles.
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