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En el juicio a siete personas acusadas de regentear dos conocidos prostíbulos en la capital tucumana los fiscales pidieron penas de tres a once años de cárcel y la absolución de una de las imputadas. Consideraron que está mujer fue víctima de trata con fines de explotación sexual en esos mismos prostíbulos. Es la primera vez que la Fundación María de los Ángeles, que Susana Trimarco creó para buscar a su hija y asistir a otras víctimas de trata, actuó como querellante ante la Justicia Federal sin representar a una víctima -de manera directa- sino por su labor y experiencia en la persecución de este delito. En su caso, mantuvieron la acusación para todos los imputados. La sentencia del Tribunal  Oral Federal tucumano se conocerá esta tarde.

La acusación apuntó contra una organización encabezada por Mercedes “Doña” Medina y su pareja, “El Negro” Ernesto Robles, dueños de los prostíbulos “Bar California” y otro conocido como Night Club, frente a la vieja terminal de ómnibus de la capital provincial. Para ambos la fiscalía encabezada por el fiscal Pablo Camuña pidió una pena a 11 años de prisión, con la colaboración Daniel Weisemberg de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) tucumana. La querella integrada por los abogados Germán Díaz, Agustín Aráoz y Belén Blanco pidió para ellos –Robles y Medina- penas de 15 años de prisión. Consideraron que encabezaban una banda dedicada a la explotación “comercial” y de la captación, traslado y acogida de mujeres en situación de vulnerabilidad.

“Hicimos hincapié en el trato violento que describieron las víctimas”, dijo Aráoz. Como otros expedientes donde se investiga la explotación de mujeres, la causa avanzó recostada en sus testimonios. Una de estas mujeres, identificada con letras y números para preservar su identidad, contó que “Mercedes les pegaba con un látigo” y les daba cachetadas o les pegaba “con una llave en la frente”. En su alegato los querellantes recordaron que durante el juicio también contaron que “eran obligadas a recibir cualquier tipo de 'cliente', incluso a más de uno, enfermas o indispuestas; que tuvieron que soportar malos tratos, que las orinaran en la cara o les pegaran”.

Los otros acusados

Entre los otros imputados, está un sobrino de los dueños de los prostíbulos: Iván Frías, señalado por las víctimas como quien se encargaba de amenazarlas y pegarles para que siguieran las indicaciones de los explotadores. Según contaron lo hacían cuando tenía salidas transitorias del Penal de Villa Urquiza, donde cumplía una condena por otros delitos. Las escuchas difundidas durante el juicio corroboran sus dichos: “Tenés que decirle para que pague el alquiler y me pague la luz. Y después ¡que se haga re culiar ya!”, le ordenó Medina a Frías en una de esas oportunidades. Para él el Ministerio Público Fiscal pidió una condena a 10 años de prisión, mientras que la querella a 15 años de prisión.

La acusada para quien la fiscalía pidió la absolución también tenía un vínculo familiar con los proxenetas. Estaba casada con un sobrino de la pareja, Eduardo Loto. Y según estimó la fiscalía, tanto Loto como Medina y Robles se beneficiaron explotándola en el prostíbulo como a las otras mujeres. Para Loto pidieron una condena a tres años de prisión, como partícipe secundario de la banda. La querella por su parte, pidió una pena de ocho años de prisión para este acusado y de 12 años de cárcel para la mujer.

En tanto María Juárez fue señalada como la regente del “Bar California” y para ella la fiscalía pidió una condena a ocho años de cárcel, como partícipe necesaria del delito. Y para Juan Sarmiento, un docente de escuela primaria, encargado de hacer los recibos de pago en uno de los locales y de “llevar las cuentas” pidieron 5 años de cárcel, también como partícipe secundario. Para ellos, la querella solicitó 12 años de cárcel.

Esta tarde, después de escuchar los alegatos de las defensa y de darle la opción de los imputados de decir las últimas palabras, las partes esperan que el tribunal integrado por los jueces María Noli (presidenta), Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla dé el veredicto.