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Hasta había olor a cemento fresco, pilas de arena y escombros y algunas herramientas tiradas en el túnel que recorrieron los jueces y las partes, guiados por un funcionario del Servicio Penitenciario y  los testigos Luis Miguel Baronetto y Ricardo Vissani, ex presos políticos de la ex Unidad Penitenciaria Nº1 (UP1) de Córdoba.

En la inspección ocular, los miembros del Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF 1) encontraron un escenario con  huellas de haber sido modificado  varias veces en los últimos años. Sin embargo, hay cada vez más evidencia de que durante la dictadura coexistieron en esa esa prisión edificada en el siglo XIX  presos comunes y políticos y un centro clandestino de detención de prisioneros cuyo destino fue la desaparición.

“Estando acá nos enteramos por otros presos políticos que en el subsuelo había gente encerrada. A nosotros mismos, desde el D2 -Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba- nos traían sin ningún tipo de causa, hasta que nos legalizaban. Así que en esos días la cárcel funcionaba también como centro clandestino de detención”, relató Vissani, secuestrado el 14 de abril de 1976 cuando militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores.

A pesar de haber sido detenido el 15 de agosto de 1975, aún durante el gobierno constitucional, Baronetto -entonces militante de la JP y Montoneros- vivió una experiencia similar: “Me traían encapuchado y me metieron tapado con una colcha en una celda donde no había ni noche ni día. Solo abrían para tirarme un plato de comida, hasta que unos diez días después me sacaron, me llevaron a las oficinas de adelante y me legalizaron”.

Durante la intendencia de Luis Juez (2003-2007), Baronetto fue director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, cargo en el que se dedicó a “visitar las cárceles”. En una recorrida, un preso veterano de la penitenciaría de barrio San Martín le reveló que durante la dictadura el subsuelo había sido utilizado para alojar a prisioneros políticos. “Ahí había visto a los guerrilleros, decía él, en el túnel”, relató el testigo.

Al entrar con la comitiva judicial al subsuelo, Baronetto se detuvo frente a una pared donde se apreciaban varios parches de cemento reciente. Durante la visita que había realizado en 2004, en ese lugar vio otra cosa: “Los grilletes estaban a esta misma altura, y el revoque era mucho más viejo que este”, dijo señalando a las paredes.

El subdirector de Operaciones Silvio Ayala, quien ofició de anfitrión, aseguró desconocer que en algún momento de la historia de la penitenciaría se haya alojado a internos -políticos o no- en el sótano. Además, admitió que en esa área “se han hecho muchos cambios”.

El predio que ocupa la cárcel de San Martín tiene dos cuadras de frente por tres de fondo. El edificio tiene 150 metros de ancho por 250 de largo y abarca tres centros de pabellones, pero el túnel que corre en sentido longitudinal se interrumpe con un muro, aproximadamente a los 60 metros, a la altura del segundo centro.

-¿Qué hay detrás de esta pared? –preguntó el fiscal Facundo Trotta.

-No sé–contestó Ayala.

El presidente del tribunal, Jaime Díaz Gavier, intervino:

-Estamos bajo tierra, o sea que detrás sigue el túnel o hay tierra.

El funcionario penitenciario se encogió de hombros y el fiscal meneó la cabeza. Al salir, la abogada Marité Sánchez, representante de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba, razonó: “Si se construye un túnel, es para que pase de un lugar a otro. No para terminarlo en una pared”.

Una fuente reservada a la que accedió Infojus Noticias narró que a principios de 2008, antes de que comenzaran los juicios de lesa humanidad en Córdoba, las autoridades de la cárcel “ordenaron a unos presos limpiar todo y quitar los grilletes de las paredes (del túnel). Cuando removieron la tierra, hallaron huesos y partes de un cráneo, que se los hicieron retirar. Les decían que eran de animales, pero eran humanos”.

Lo de los huesos humanos podría ser una leyenda “tumbera”, por lo que ninguna fuente judicial habla públicamente del tema, pero tampoco lo descartan. Incluso, Baronetto recuerda que cuando aún era funcionario municipal un interno le relató que el hallazgo se había producido justo debajo del aula del “primer centro” en la que estaban. Lo cierto es que los ocho grilletes que vio en aquella otra visita ya no están. 

En 2010, durante el juicio “Videla”, que investigó los fusilamientos por “ley de fugas” de una treintena de presos políticos en 1976, el mismo Tribunal realizó dos visitas a la ex UP1, pero esta es la primera vez que los jueces ingresan al subsuelo donde habrían escondido a prisioneros que luego serían asesinados.

Esta prisión, que actualmente aloja a unos 800 internos, es la misma que en mayo de 2013 estuvo en el centro de la polémica, luego de que durante una inspección encabezada por el fiscal de la Procuraduría de Violencia Institucional de la Nación, Abel Córdoba, se encontraron dos camastros de hierro y 17 cadenas, elementos con que los presos eran “estaqueados”, lo que motivó una denuncia por presuntas torturas ante el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba.

En esta ocasión, la inspección fue solicitada por la querella de Abuelas Córdoba, que representa a la pareja de militantes del PRT-ERP Daniel Orozco y Silvina Parodi, secuestrados el 26 de marzo de 1976 cuando ella estaba embarazada de seis meses y medio. Después de pasar por el campo de concentración de La Perla, fueron llevados a la UP1 y allí estuvieron por lo menos hasta mediados de mayo, cuando Orozco fue trasladado y fusilado, y su esposa llevada a la cárcel del Buen Pastor, donde un mes después tuvo a su hijo y luego fue asesinada.

Los padres de Silvina, Enrique Parodi y Sonia Torres -hoy titular local de Abuelas- averiguaron en los días posteriores que el matrimonio estaba en la cárcel. A partir del dato brindado por un médico del Hospital Militar allegado a la familia, Parodi se entrevistó con el entonces director de la UP1, comandante de Gendarmería Ricardo Montamat, quien “le dijo que estaban ahí y que estaban bien”, lo que luego pudo corroborar a través del capellán militar Francisco Luchesse, según relató Torres al testificar en una de las primeras audiencias del juicio.

El caso Parodi-Orozco pertenece al Expediente N° 17.552 “Díaz Carlos Alberto y otros sobre privación ilegitima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, sustracción de menor de 10 años, homicidio Agravado”, uno de los 16 casos de esta megacausa que comprende a 41 imputados y 416 víctimas, entre asesinados, desaparecidos y sobrevivientes.  

Más allá de que la inspección no colmó sus expectativas, al finalizar el fiscal Trotta valoró: “Lo importante es que quedó claro que en un lugar legal como una cárcel había gente encerrada clandestinamente. Y por la disposición del subsuelo, es muy difícil creer que eso haya sido usado sólo como depósito y que termine en esa pared”.