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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las penas en una causa en la que fue condenado el ex intendente de Bariloche, Omar Goye, y otros tres sindicalistas por la defraudación de dos millones de pesos/dólares en el “salvataje” del Policlínico sindical Arbos, en 1999. Se trata del primer caso en que la Oficina Anticorrupción (OA) actúa como querellante en el interior del país. La Casación también revocó el sobreseimiento de uno de los imputados.

En marzo de 2014, los cuatro imputados fueron condenados por fraude, luego de un juicio que se realizó entre el 18 y el 28 de marzo de ese año y donde se analizó la gestión, obtención y utilización fraudulenta de importantes subsidios por un total de 2 millones de dólares. En 1999, el dinero había sido otorgado por el Estado nacional a ARBOS –Asociación Regional Bariloche de Obras Social–, que resultaba propietaria de un conocido policlínico en esa ciudad.

Con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Roberto Boico y Norberto Frontini, la sala III rechazó las apelaciones presentadas por los cuatro condenados contra el fallo emitido por el Tribunal Oral Federal de General Roca, en abril de 2014. En aquel entonces, todos los imputados fueron condenados a cuatro años de prisión y, además, fueron inhabilitados para actuar en el ámbito gremial. A Goye, además, se le fijó una prohibición para ejercer la profesión de contador. En términos económicos, el TOF les aplicó multas de 45 mil pesos a cada uno de los implicados en la maniobra, en concepto de restitución de los subsidios de Nación.

Además de Goye, los condenados son los sindicalistas Walter Cortés, de la Asociación de Empleados de Comercio; Ovidio Zúñiga, de Uthgra; y el secretario general de la Uocra de Neuquén, Víctor Cárcar.

En el juicio se demostró que, desde un comienzo, los subsidios fueron pedidos con objetivos fingidos que nunca se pensaban cumplir y que una vez obtenidos fueron “circulados”, a través de cuentas privadas, en efectivo, y mediante empresas que figuraban a nombre propio de los condenados. En realidad, se trataba de subsidios que tenían destinos específicos, en beneficio de los trabajadores con problemas de salud asociados a las diversas entidades gremiales fundadoras de ARBOS.

A estos cuatro condenados se les suma un imputado más, el abogado Gonzalo Madrazo, para el que la Cámara de Casación anuló un fallo que daba por parcialmente prescripta la causa en su contra y revocó su sobreseimiento. Madrazo –ex titular de la Asociación Regional de Obras Sociales de Bariloche, dirigente justicialista y asesor de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) y de la Cámara de Turismo– no fue sometido a juicio porque en el momento del debate debió enfrentar una intervención quirúrgica por un cuadro de hemorroides.

Después, cuando debía presentarse a juicio, se ausentó de su domicilio y permaneció prófugo durante cinco meses. Los jueces reenviaron su causa al Tribunal para que dicte un nuevo pronunciamiento sobre la situación del abogado.