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“No hay caso, si llueve nos tapa el barro”, decía Graciela, pero sólo si le preguntaban cómo estaba. Y pedía que le acercaran diarios viejos para absorber la humedad. A la casilla donde vivía con sus hijos se llegaba por el acceso lindero al ex edificio Movimiento, y estaba cerca de la capilla Cristo Obrero,  justo al pie del terraplén donde construían la autopista. “Nos quieren cansar pero no nos vamos a ir”, repetía. Pocos años antes había ido al acto público en Plaza de Mayo donde Carlos Menem firmó y exhibió el decreto 1001/90 que ordenaba la transferencia de las tierras ocupadas de la villa 31 a sus habitantes. Pero los vientos y los intereses políticos cambiaron rápido. En enero de 1996 los curas villeros hacían huelga de hambre para evitar que el desalojo en marcha fuera violento. Ahora el objetivo mayor era la construcción de la autopista y el delegado de Menem en la aún no autónoma ciudad de Buenos Aires estaba dispuesto a todo. Así, el intendente Jorge Domínguez se ganó el mote de “topadora” cuando no dudó en dar la orden a las máquinas de “avanzar, avanzar”.

El 1992 la construcción de la autopista se había detenido justo detrás de la capilla donde supo predicar el padre Carlos Mugica, asesinado por la Triple A en mayo de 1974. Tres años más tarde se retomaron las obras pero para “avanzar” había que derribar varias manzanas de casillas en Autopista, uno de los cinco "barrios" de la villa 31. Los otros eran Comunicaciones, YPF, Güemes e Inmigrantes, donde vivían unas 1800 familias con cinco mil niños, y funcionaban cuatro jardines maternales, una escuela, dos canchas de fútbol y una radio. El juego de moda entre los chicos era "el desalojo": entre cuatro o cinco armaban una casita con cajones de fruta, mientras otros la defendían con espadas de madera.

Graciela tenía seis hijos de distintas edades y los más grandes  la ayudaban con changas. Habían venido de San Luis con Julio, su marido, cuando lo despidieron por haberse negado a participar de las actividades obligatorias de la gobernación. Pero al poco tiempo de llegar a Buenos Aires Julio se fue para no volver.

Se acercaban las elecciones y el intendente Jorge Domínguez había prometido 100 obras en 100 días, una de ellas era el carril de salida de la autopista, que se aún no era Illia sino 9 de Julio norte. Para esa tarea había dictado la ordenanza 47.665/94 que establecía el traslado total de la villa con indemnizaciones y promesas de construcción de viviendas en otros sitios de la Capital. Pero cuando quedó en evidencia que la norma era imposible de implementar, recurrió a métodos más directos.

Graciela era la que avisaba a una cronista de radio cuando había movimientos raros, de las topadoras o de los policías. Y ésta se hacía pasar por vocera de la villa y llamaba a las agencias de noticias y los canales de TV. Se habían organizado para estar alertas luego de un incidente ocurrido cuando los vecinos querían impedir con quema de neumáticos el avance de las topadoras. Domínguez habría acudido en persona al lugar y en medio de una discusión habría empujado a una embarazada. Por aquellos días decían en la villa que había un video del hecho pero nunca apareció. El único registro está en el libro Letras urgentes de la villa 31, que publicaron Santiago Vergara y Gastón Yaryura, en octubre de 1995. "Los camiones tiran tierra al costado de las casas, quieren tirar todas las casas. Algunas veces hacen marcha hasta la casa rosada y le dicen a la gente que no tiren más casas o sino las máquinas van a reventar. Los camiones no hacían caso, después vino el intendente, empujó a una señora embarazada y la querían tirar al fuego. Mi mamá Adela le pegó una cachetada y el intendente se fue. Llamaron a Menem por radio pero no vino, un montón de máquinas tiraron un montón de tierras a las casas. Casi la villa 31 está vacía, va a terminar mal porque las máquinas molestan mucho", escribió Cayetano Cazón, de 9 años.

En junio de ese año el equipo de sacerdotes para  villas de emergencia de la Capital Federal se instaló en la puerta de la Municipalidad para decir que “el traslado de los vecinos de Retiro no es cristiano, en nombre de Dios paren esta injusticia”. Enrique Evangelista, Raúl Varela, Raúl Nan, Carlos Otero, Jorge Tomé, Omar Massa, Juan Gutiérrez, Jorge Díaz, Héctor Botan, Rodolfo Ricciardelli y Ernesto Narcisi denunciaban que detrás de la erradicación -que había sido hecha en forma violenta y compulsiva durante la dictadura pero luego la villa se volvió a poblar- estaba el famoso negocio inmobiliario denominado Proyecto Retiro y que la ordenanza no había sido cumplida por el Ejecutivo municipal ya que las casas prometidas no existían. Al mismo tiempo que sostenían que “se podía cumplir con lo establecido en el decreto 1001 sin desistir de la construcción de la autopista”. 

Evangelista, a cargo de Cristo Obrero, relató un día hacia fines del ‘95 varios funcionarios municipales intentaron sacar a una familia y le ofrecieron dinero. La dueña de casa dijo que eran tres familias y no una, y pidió esa suma por triplicado. "Dicen que llamaron a Domínguez, que estaba de viaje, éste ordenó que los sacaran como fuera y firmó un decreto de expulsión. Aparecieron un centenar de policías y las topadoras, que cubrieron algunas casitas con tierra, y después tuvieron que mandar una excavadora para sacar la tierra y encontrar algo de lo que esa gente tenía. También vimos cómo un guinche levantaba por los aires las casillas de madera desde los tirantes. Ahí fue cuando empezaron a volar las piedras y vinieron los periodistas, y detrás, los curas de otras villas. (El padre Ernesto) Narcisi me pidió que nos reuniéramos en la capilla y propusieron hacer una huelga de hambre para que se detuviera la violencia", contó Evangelista a la periodista Silvia Premat, en el libro Curas villeros, de Mugica al Padre Pepe. El cura explicó que no querían impedir la construcción de la autopista sino que no hubiera violencia, y con ese objetivo ocho sacerdotes pasaron aquel enero tomando agua y algún caldito que les traían las mujeres de la villa. Ellos seguían al pie de la letra la oración que había escrito Mugica pocos días antes de su secuestro: "Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos (los villeros) no, porque nadie hace huelga con su hambre". Los sacerdotes de las villas, apenas tolerados por la cúpula de la Iglesia porteña, venían acompañando los reclamos por los incumplimientos en los planes de Radicación (municipal) y Arraigo (nacional).  

La medida de los curas villeros y la difusión de las imágenes de las topadoras avanzando sobre las casillas lograron un último pero efectivo cambio de estrategia. Silvia Gotero era la gestora de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) que repartía los planes de subsidios sacados de la galera y trataba de convencerlos para que aceptaran eso y se fueran. Mientras tanto, un grupo de jóvenes abogados cercanos a los curas fatigaban juzgados para intentar bloquear por la vía judicial el avance del “progreso” que prometía el intendente. Pero ninguno de los amparos y denuncias prosperó. Ellos sugerían a las familias que no tomaran el dinero porque consideraban que no era la solución del asunto sino un mero paliativo para correrlos del lugar. Había un decreto nacional que invocar para exigir su derecho a la vivienda ahí mismo, que además estaba en teoría por encima de una ordenanza. Muchos cobraron, se fueron a sus provincias para cumplir con esa condición que les habían impuesto, pero al poco tiempo regresaron en peor situación, a instalarse en otros sectores de la 31.

Según relata Premat, “una tarde de mucho calor llegaron a visitar a los huelguistas el entonces arzobispo de Buenos Aires, monseñor Antonio Quarracino y su obispo coadjutor, Jorge Bergoglio (…) Bergoglio ya los había visitado y les había preguntado qué necesitaban. ‘Que se frenen las erradicaciones violentas y que se vaya la policía que está instigando a la gente todo el tiempo’. A los 14 días vino un policía y, en nombre del Gobierno nacional, los invitó al bar de la estación de servicio de YPF. Allí, un asesor del intendente intentó persuadiros de que cortaran con la medida. Ellos aceptaron con la condición de que, antes, las autoridades dijeran por televisión que no habría violencia y que se suspendía el decreto de las erradicaciones. Los curas no sabían que monseñor Bergoglio ya había mantenido una reunión similar con otros altos jefes de la ciudad y habían acordado la solución del conflicto”.

Al pasar por la autopista se ve la cruz de la capilla de Mugica, que se salvó por poco de quedar bajo la tierra que tiraban las topadoras de Domínguez. Junto a la bajada está la ermita a la Virgen, donde voltearon las últimas casillas. Es a la altura del enorme edificio modernista de la secretaría de Comunicaciones (cuyo verdadero nombre es Bruno Ramírez, por el primer cartero argentino), con su sesentoso mural de venecitas, que pudo haber sido el Puerto Norte Office Building . Antes que ese proyecto fracasara, en el foro de Internet con el anuncio inmobiliario postearon “que avance el progreso y no la villa”. Pero la villa 31 –que nació en los años ’30 con obreros portuarios desocupados, luego fue habitada por inmigrantes europeos y obreros ferroviarios y cuyo primer proyecto de urbanización elaborado por la facultad de Arquitectura de la UBA data de los años ’60-- siguió expandiéndose y transformándose, con una lógica propia ajena a intereses inmobiliarios y de los sucesivos gobiernos. Desde la terminal de Ómnibus de Retiro ya no se ven casillas sino edificios de material de varios pisos y colores chillones. La urbanización la consumaron ellos de hecho, pero la precariedad legal del asentamiento los sigue jaqueando y los ha llevado a los Tribunales, como cuando una jueza en 2008 prohibió nuevas edificaciones. Pero la Illia que tantos desvelos provocó ahora es su aliada para protestar. De hecho, una de las 31 sentencias judiciales que el gobierno de Mauricio Macri no cumple es la que se originó en la villa 31 y 31 bis por emergencia habitacional y falta de soluciones mientras transcurren las obras de urbanización. 

Con la traza de la autopista liberada, y las elecciones ganadas, a Domínguez el ex presidente riojano lo premió con el ministerio de Defensa. Pero al final del mandato se retiró de la política. Llegó a estar imputado en la causa por las topadoras en la villa 31 a cargo de María Laura Garrigós de Rébori por usurpación de funciones jurisdiccionales, violación de deberes de funcionario público, lesiones, daños, amenaza yviolación de domicilio pero el 19 de julio la Cámara del Crimen lo sobreseyó. Dos días después juraría como ministro.

Graciela, que había resistido ahí tan cerca del barro, finalmente se fue con el subsidio. Pero no volvió.