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Una sobreviviente del centro de tortura y exterminio que funcionó en la ESMA esperaba para dar su testimonio. Pasaron unas dos horas para que pudiera contar su secuestro y lo que vio y vivió a manos de sus captores. Cuando entró a la sala y se sentó, el presidente del tribunal le pidió disculpas por la demora y le explicó las razones. La mujer las aceptó y comenzó el relato. Entre esas razones se hallaba un planteo realizado por uno de los defensores particulares, Guillermo Fanego, por la presencia de menores de 18 años entre el público. Se trataba de estudiantes de escuelas secundarias que se encontraban en la sala porque la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), en su rol de superior de los tribunales orales federales, dictó una resolución en la cual autorizaba a alumnos menores de edad a presenciar los juicios de lesa humanidad, en el marco del programa creado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación “La escuela va a los juicios”.

Fanego planteó que el código procesal penal impedía a menores de 18 años ingresar a la sala de audiencia, y hasta citó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño para aludir a eventuales perjuicios en su contra. Ningún otro defensor, ni particular ni oficial, lo acompañó en la escaramuza. El presidente del tribunal, Daniel Obligado, consultó con sus pares y comunicó que los estudiantes debían retirarse hasta que se resolviera la incidencia. Pidió la opinión del fiscal, Guillermo Friele, quien se opuso a lo manifestado por el defensor argumentando que no le causaba ningún agravio la presencia de los chicos y que habían sido autorizados por el tribunal superior, la CFCP.

Los jueces dijeron entonces que debían analizar en detalle si la autorización otorgada a los chicos para presenciar los juicios de lesa humanidad (también ingresaron al juicio por los crímenes del 19 y 20 de diciembre de 2001) era o no constitucional. Entonces, los chicos quedaron afuera de la audiencia como también de las venideras hasta que el tribunal decida sobre lo cuestionado por el defensor. El relato de la testigo sobreviviente fue realizado sin la presencia de los estudiantes.

A través del programa “La escuela va a los juicios” se busca acercar los juicios de lesa humanidad a las comunidades educativas para que puedan reflexionar y debatir sobre nuestro pasado. Un modo de conocer en forma más directa en qué consistió el ataque sistemático contra la población sucedido durante la última dictadura. A partir de esa inquietud, la CFCP autorizó el ingreso de estudiantes, lo que ha venido sucediendo en distintos tribunales del país. Hace meses que las salas cuentan entre su público a chicos de las escuelas, los que, a través de los testimonios de los sobrevivientes –muchos contaban con la misma edad que estos estudiantes al momento de sus secuestros-, adquieren vivencias que les permite generar el debate, elaborarlo y divulgarlo.

El objetivo es educar a esos chicos con el conocimiento de nuestra historia reciente, con espíritu democrático y respeto a la Constitución Nacional. Los jueces de la CFCP lo vieron de modo similar. Si esos mismos chicos pueden elegir legisladores y presidentes, no existe ningún motivo para sostener el impedimento del código procesal, que a estar altura resulta completamente anacrónico.

El episodio generado por el defensor es un caso típico de una ley que entra en desuso, una norma superada por la realidad y por la conquista de derechos. Debe insistirse en que se trata de una autorización que en nada perjudica ni beneficia a las partes en los juicios. Si se piensa que durante el juicio a las juntas hace 30 años el debate se centraba en el modo y cuánto dar a conocer públicamente lo que sucedía en el recinto –lo que se hacía en cuentagotas por temor al poder militar-, sin duda se ha avanzado.

Y aquí volvamos a lo planteado en el juicio de la ESMA. Un defensor quiso que los chicos se retirasen y lo logró, a pesar de que sus defendidos en nada se perjudicaban y arrogándose una representación que no tenía y que lamentablemente de hecho se le dio, porque como defensor carecía de toda legitimidad para hablar en nombre de los estudiantes. Y los argumentos dados para pedir el retiro de la sala fueron rechazados por la Fiscalía y por las querellas, que veían atónitas que el defensor conseguía una pequeña victoria: sustraer a los chicos de la sala, impedirles el contacto directo con los testigos, pero, por sobre todas las cosas, ganar o perder tiempo, según cómo se mire.

El planteo del defensor fue una acción para demorar el juicio –que lleva unos dos años-. Lamentablemente, no sólo consiguió el desalojo de la sala sino también la pérdida de tiempo, que es lo que los represores buscan en todo momento, pensando, quizás, que Vicente Massot y los suyos vuelquen la balanza a su favor en meses venideros. Pero, en tal caso, estarán equivocados.

Echados los estudiantes y puesto a resolver el tribunal, en las próximas horas se conocerá una decisión que no era necesaria, porque la CFCP había autorizado el ingreso, pero los jueces entendieron que debían analizar la constitucionalidad de la autorización de ingreso o, dicho de mejor modo, la inconstitucionalidad de una norma que, sobre todo, se redactó pensando en otros juicios, en otro sistema judicial y en actores con una actuación mucho más acotada.

Los militares, a través de un defensor, lograron ganar una pequeña batalla: el ocultamiento, al que tanto rindieron culto en aquellos tiempos tenebrosos, fue protagonista. Ahora los jueces tienen la palabra. Y los estudiantes y quienes han trabajado por acercarlos a los juicios, la posibilidad de zanjar definitivamente un entuerto que jamás debió haber existido.