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Todo espacio de discusión es auspicioso. Pero una cancha llena para discutir un proceso profundo para reformar la justicia intimida. Veinte mil  personas son muchas. El martes me tocó compartir el panel de cierre del Congreso Nacional sobre la reforma judicial junto a Susana Trimarco, Estela Carlotto,  Sergio Burnstein  y el periodista Mario Wainfield. 

Como familiar de una víctima pude exponer cómo fue mi relación y la de mi familia con la Justicia en estos dos años y medio. Desde ese lugar puedo  decir que el proceso por la causa de mi hermano es ejemplar. Esa celeridad busca reparar un daño enorme. La actuación rápida de la Justicia tiene un efecto importante sobre las familias de las víctimas y sobre la sociedad toda, que padece el divorcio entre la Justicia y los intereses populares. Por eso, el caso Ferreyra muestra por la positiva uno de los problemas a atacar: la demora exorbitante de los plazos de tramitación de casi la totalidad de casos dentro de la administración de justicia.

En el otro extremo al caso de Mariano, encontramos al caso Arruga. Estando en La Matanza no pude dejar de mencionar que la desaparición de Luciano es  una muestra de impunidad y complicidad entre fuerzas de seguridad corruptas, el poder judicial y un poder político provincial que criminaliza a los sectores más vulnerables.

En lo que respecta al proceso judicial de la causa Ferreyra, el 20 de octubre, horas después del asesinato de Mariano, Cristina Caamaño y la jueza Wilma López, pusieron en marcha una investigación sin precedentes que empezó por la captura de los autores materiales, siguiendo con el arresto de los responsables intelectuales y el procesamiento de los siete policías a cargo del operativo desplegado ese día. En pocos meses, y de manera récord para la Justicia Argentina, se consiguió que la causa se elevara a juicio.

Otro hecho inédito fue el de unificar las causas que involucraban a miembros de la Unión Ferroviaria por un lado y a policías por el otro. Esta decisión sirvió para reforzar la teoría de que la cúpula de la Unión Ferroviaria organizó la escena y una patota ejecutó el crimen bajo la mirada cómplice del personal policial.

Una mención aparte merece el robustecimiento de la fiscalía por decisión de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que fortaleció el vínculo político y la responsabilidad de José Pedraza en el asesinato de Mariano.

El día de la sentencia, el pasado 19 de abril, las explicaciones del juez Horacio Dias buscaron ser comunicadas desde un prisma más humano y político, soslayando tecnicismos jurídicos, pero siempre teniendo en cuenta la enorme responsabilidad que tenía el Poder Judicial en la resolución del caso. Por otra parte, fue visible la intención de comprender y explicitar las consecuencias políticas y sociales que acompañaron y acompañan a estas decisiones. Con esa explicación, el Tribunal ponía el último ladrillo de un caso que se construyó como ejemplar y que se comenzó a erigir ese mismo 20 de octubre fatídico.

Democratizar la Justicia es también profundizar las investigaciones sobre casos de corrupción al interior del Poder Judicial. Un ejemplo de ello es el intento de soborno por parte de José Pedraza para favorecer la situación procesal de los imputados, en el que presuntamente se involucra a Eduardo Riggi, Juez de la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal. Este juez tiene que dar explicaciones sobre este hecho, y el Consejo de la Magistratura debe evaluar su accionar como magistrado de la Nación. Asimismo, se debe avanzar en la responsabilidad penal de Riggi en relación con este caso.

La lucha por la democratización de la Justicia es también la lucha por la transparencia del proceso judicial, de modo que se neutralice la intervención de poderes fácticos que persiguen la impunidad.