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En julio del año 1989 el grupo de los siete países con mayor poderío político, económico y militar a escala global el denominado G7 (Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Italia, Japón, y Reino Unido), crearon el Grupo de Acción Financiera (GAFI), con el objeto de estudiar las medidas de cooperación adoptadas por cada Estado Parte y de prevenir la utilización del sistema bancario y financiero por parte de las organizaciones delictivas. Unos meses más tarde, en la noche del jueves del 9 de noviembre de 1989, 28 años después de su construcción, caía el Muro de Berlín dando paso a la configuración de un mundo globalizado e interconectado con la hegemonía del sistema capitalista.

Con la caída del Muro de Berlín, se inició la década 1991-2001, en la cual nos hemos encontrado inmersos en un proceso de reacomodamiento del poder mundial, al tiempo que ingresamos definitivamente en la posmodernidad mediante el proceso que denominamos globalización. Así, se afianzaron los cimientos políticos, económicos, sociales y culturales sobre los cuales se buscó sustentar un nuevo orden mundial.

En ese contexto geopolítico, la propuesta de creación del GAFI fue hecha por Francia y aprobada por consenso. El entonces Ministro de Economía y Finanzas Francés, Pierre Beregovoy, declaró que se pretendía “crear una célula de acción financiera” que permita coordinar las medidas de lucha contra el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico en campos judiciales e incluso legislativos, y poner en común los medios concertados. El GAFI tiene su sede en París y tiene como principal objetivo el estudio y la búsqueda de medidas destinadas a combatir el blanqueo de capitales, aunque actualmente se ocupa también del financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Las recomendaciones internacionales

Asimismo, le fue atribuido al GAFI la potestad de emitir recomendaciones dirigidas a mejorar la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero. Así, se emitieron las denominadas 40 Recomendaciones en el año 1990, por las cuales se establecía un sistema de prevención y control global del lavado de dinero. Hoy nos encontramos transitando un “nuevo” periodo mundial (2001-2014) en cual existe una nueva forma de confrontación militar y armada que se desarrolla a través de la dimensión que adquirió el terrorismo tras los atentados del 11 se septiembre de 2001 a los Estado Unidos; el atentado del 11 de marzo del 2004 en la estación de trenes de Atocha, España; las demostraciones de fuerza por parte del terrorismo el 07 y 21 de julio de 2005 en Londres, Reino Unido; y los atentados del 11 de julio del 2006 en Bombay, India y del 27 de diciembre de 2007, en Islamabad, Pakistán. Parecieran haber quedado atrás las guerras convencionales entre los Estados nacionales por medios de sus ejércitos y el empleo, tanto táctico como estratégico, de armas convencionales. Un nuevo “enemigo” invisible ha surgido como amenaza global; ya no un Estado Nación o una alianza estratégica de países, sino el surgimiento del llamado terrorismo internacional. Luego del atentado contra World Trade Center en septiembre de 2001, el GAFI agregó nueve recomendaciones específicas del problema del terrorismo internacional.

El GAFI es un organismo intergubernamental integrado actualmente por 36 miembros (34 países y dos organizaciones regionales –Comisión Europea y Consejo de cooperación del Golfo). Argentina es miembro pleno desde el año 1999-2000 junto con Brasil y México.

En el año 2009, el GAFI había hecho una evaluación sobre la Republica Argentina e informo que de las 49 recomendaciones internacionales del GAFI, la Argentina solo cumplía correctamente con 2. Eso motivó que el organismo internacional incluyera a la Argentina en un listado de países (lista gris) con deficiencias estratégicas en su sistema antilavado de dinero y lo sometió además al seguimiento intensivo ante el Plenario.

El GAFI realizará una visita a la Argentina

En orden a la imperiosa necesidad de actualizar el sistema preventivo y represivo del delito de lavado de activos, adecuarlos a los estándares internacionales, y en pos de crear herramientas más eficientes para su persecución el primero de junio de 2011 el Honorable Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.683; la cual estableció una modificación sustancial en la concepción del delito de lavado de activos dentro del ordenamiento jurídico argentino. Esta reforma creó un nuevo título en el libro Segundo del Código Penal llamado “Delitos contra el orden económico y financiero” donde se ubicó el lavado como delito autónomo. La modificación legislativa reforzó el sistema de prevención y control del LA-FT centralizado en la Unidad de Información Financiera.

Sumó nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas –como inmobiliarias, fideicomisos, entidades deportivas, cooperativas y mutuales-; reglamentó y clarificó el procedimiento de supervisión por parte de la UIF; incorporó medidas especiales de investigación; definió aspectos claves de los mecanismos de debida diligencia que deben llevar adelante los sujetos obligados a reportar; eliminó los secretos fiscales intra-organismos en el marco de una investigación; otorgó autonomía y autarquía financiera a la UIF, dando mayor independencia al organismo; y le atribuyo a la Unidad el rol de querellante en los procesos judiciales donde existan sospechas de lavado.

Asimismo, se sancionó la nueva Ley de Mercados de Capitales, que permitió el reciente ingreso de nuestro país como miembro de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO). En el ámbito administrativo, se crearon organismos, como el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el proceso penal, el Programa Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de activos y el Financiamiento del Terrorismo, se dictaron las Resoluciones para organismos tales como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores o el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; entre otros. Estas acciones permitieron el cumplimiento acabado del Plan de Acción presentado en el año 2010, y la contundente declaración  del GAFI: "Argentina abordó sustancialmente su plan de acción” y a tal efecto, "el GAFI realizará una visita in situ para confirmar que el proceso de implementación de las reformas y acciones necesarias está en progreso”.

Las conclusiones de la XXV Reunión plenaria del GAFI comunicadas a la delegación Argentina  representados por el Secretario de Justicia de la Nación, Dr. Julián Álvarez, y el Presidente de la Unidad de Información Financiera, Lic. José Sbattella, evidencian los esfuerzos, aciertos y el compromiso asumido en el desarrollo inteligente e integral de una política de estado. Estos resultados se condicen y evidencian el posicionamiento estratégico de la Nación Argentina en la comunidad internacional.