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En Bahía Blanca se está iniciando el segundo juicio por delitos de lesa humanidad contra ocho militares. Mientras uno de ellos se profugó  unos días antes del comienzo, Gloria Girotti, acusada por dos fiscales federales de presenciar interrogatorios a secuestrados de la dictadura, podría estar navegando por el río Sena o recorriendo la mítica Avenida de Champs Élysees, en Paris.

En la ciudad portuaria del sur, los vínculos de pertenencia del linaje judicial están intactos. Un mes atrás, el juez federal Santiago Martínez se negó a detener por falta de pruebas a Vicente Massot, el director del diario La Nueva Provincia, acusado por la Unidad Fiscal de delitos del Terrorismo de Estado local de presentar en sus páginas asesinatos de secuestrados como enfrentamientos, y de tener contactos asiduos con los represores, tanto que dos trabajadores del diario están desaparecidos. Ese mismo juez le otorgó, con poquísimos recaudos, un permiso a la abogada Girotti para viajar a Francia el 15 de junio pasado, a hacer una interconsulta médica por una intervención quirúrgica que se había hecho en enero. Hoy debería regresar, aunque desde la fiscalía expresaron algún resquemor. Motivos hay: en Bahía Blanca suman cuatro los prófugos por delitos durante la dictadura.

Girotti tiene prohibida la salida del país desde 2012, por su imputación en una causa de lesa humanidad, y a comienzos de este año le fue diagnosticado un cáncer de mama. En mayo le pidió al juez subrogante viajar a París para una interconsulta. Del propio pedido se desprende que no hay una derivación hospitalaria, solo una recomendación de un colega de su marido, el psiquiatra y marino retirado Eduardo Mata, que recomendó el viaje para que pueda reducir los “niveles de incertidumbre”.

El juez fue más solícito aún: consideró que si “es su intención, y lo cree necesario” tenía el permiso, “sea el que fuere el motivo invocado”, porque no había riesgo de fuga. Santiago Martínez fue de esta forma más lejos que su antecesor Alcindo Álvarez Canale, ahora jubilado, que había sido acusado históricamente por los organismos de derechos humanos de entorpecer las causas contra represores. Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani apelaron el permiso de Martínez ante la Cámara Federal, pero los camaristas la confirmaron.

Los secretarios

El 22 de diciembre de 2010, los fiscales Abel Córdoba –ahora a cargo de la Unidad de la Procuración especializada en violencia institucional- y Antonio Castaño pidieron la detención y declaración indagatoria de Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti, los secretarios de mayor confianza con el juez Guillermo Madueño, que fue juez en Bahía entre 1975. Madueño, ya fallecido, había sido procesado por su colaboración institucional con la dictadura. El comandante del V Cuerpo de Ejército, el general de Brigada, reconoció 1987 ante la Cámara Federal  que se reunían con el juez y otro general a conversar “secretamente de todo lo que acontecía en la subzona 51 contra la subversión y el terrorismo, lo que dio intervención al doctor Madueño a hacer la investigación en la Universidad Nacional del Sur”.

Según la acusación de los fiscales, “las víctimas -que permanecían en cautiverio y bajo tortura en el CCD “La Escuelita”- fueron retiradas del mismo, y conducidas a otra dependencia del Comando Vto. Cuerpo”. Concluido el traslado, y “una vez en presencia de las víctimas, el juez Federal Madueño y sus secretarios Sierra y Girotti evitaron expresar cualquier gesto o ademán de garantía o resguardo frente a la situación de las mismas, denotando la evidente complicidad y connivencia con las autoridades militares, y omitieron toda referencia e inquietud frente a los signos inocultables e ineludibles de tortura y abandono que presentaban”. Una de las víctimas de esas insólitas indagatorias llegó tabicada. Otros tuvieron que soportar la presencia de personal militar, que los apuntaban con armas largas.

Durante el primer juicio a represores del V Cuerpo, un testigo -el ex legislador provincial Mario Medina- refirió la actuación de Sierra, el Tribunal lo mandó a detener y lo puso a disposición del Juzgado Federal de primera instancia.

El juzgado –que entonces aún conducía Álvarez Canale- citó a Sierra como imputado y a Girotti como testigo. El fiscal apeló y finalmente, por disposición de la Cámara ante la que el fiscal apeló el Juzgado debió llamarla como imputada. Álvarez Canale decidió procesar a Hugo Sierra por algunos de los delitos y dictar la falta de mérito sobre Gloria Girotti, que hoy está apelada por la fiscalía ante la Cámara Federal.

Sierra y Girotti eran profesores del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur (UNS). Sierra renunció a la cátedra que le quedaba en 2011, después de que el rector lo suspendió luego de la detención. Pero Girotti sigue hasta hoy al frente de tres materias. A comienzos de 2012 se presentó un pedido de Juicio Académico en su contra, con 59 firmas de miembros de la comunidad universitaria. El pedido tuvo aprobación en el Departamento de Derecho y en mayo de 2012 en el Consejo Superior Universitario. Se sorteó entonces un Tribunal Académico para juzgar el caso, conformado por profesores eméritos de la UNS. Pero el cuerpo dejó vencer todos los plazos sin emitir fallo.