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 Mediante una videoconferencia, iba a escuchar a tres víctimas que declararían desde el consulado argentino en Madrid. No pudo ser: a último momento la cancillería española pidió que no se tomaran los testimonios. Alegaron un tratado bilateral y la jueza suspendió la primera audiencia. Entre hoy, mañana y la semana que viene se iban a escuchar 18 testimonios.

La cancillería española se comunicó con el embajador argentino, Carlos Bettini, para plantearle su disconformidad por cuestiones de forma. Las videoconferencias no cumplían los requisitos formales del “tratado bilateral de extradicción y asistencia judicial en materia penal” de 1987.

Servini recibió hoy mismo el llamado del embajador argentino. Recibió el aviso de que si se realizaban las videoconferencias podían resultar nulas y afectar “los derechos de ciudadanos españoles”. Bettini avisó a la jueza que el Ministerio de Asuntos Exteriores español presentará una queja formal por este hecho.

“Las personas que iban a declarar por videoconferencia son las que no cuentan dinero para viajar “, explicó Servini a Infojus. Hay otras víctimas que se encuentran en condiciones de viajar a Buenos Aires y podrán declarar. La jueza estima que se fijará una fecha para la semana próxima.

La semana pasada Servini había recibido más de 5 mil firmas en apoyo a la querella interpuesta en Argentina contra los delitos cometidos por el franquismo. Eran el último impulso de un derrotero judicial que empezó el 14 de abril de 2010, cuando Inés García Holgado, nieta y sobrina de desaparecidos durante el franquismo, Darío Rivas, hijo de un alcalde republicano asesinado en 1936, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y diferentes asociaciones argentinas de derechos humanos se presentaron como querellantes en la justicia argentina.

Los abogados argentinos Ana Messuti y Carlos Slepoy junto con la Red Ciudadana de Apoyo a la querella Argentina contra los crímenes de franquismo (Red-Aqua), que agrupa a más de 70 colectivos presentaron denuncias contra dos ministros del general Francisco Franco, dos jueces y cuatro policías por delitos de genocidio y lesa humanidad.

La maniobra del gobierno español fue calificada como “pueril” por Slepoy, que dijo: “Lo grave es que el Gobierno español haya querido parar esto y que haya planteado una especie de queja o conflicto diplomático y que, por otra parte, el embajador de Argentina en Madrid haya sido sensible a las presiones del Gobierno español. Esto es lo grave”.

Las reticencias de la justicia española a juzgar los delitos del franquismo tiene su propia historia. El juez español Baltasar Garzón fue procesado en 2009 por la Sala Penal del Tribunal Supremo español. Lo acusaban del delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) durante la instrucción de la causa por las desapariciones del franquismo. La acusación, que hizo la querella promovida por el colectivo Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad Remón, responsable del partido ultraderechista Fuerza Nueva y el partido Falange Española, consistía en iniciar un proceso sobre desapariciones del franquismo buscando responsabilidades por delitos prescriptos, que estaban amnistiados (con la Ley de Amnistía de XX) y que, además, no eran competencia de la Audiencia Nacional, órgano a cargo de Garzón.

Hoy, en lasvideoconferencia desde el Consulado argentino en Madrid, iba a declarar la hermana de SalvadorPuig Antich, uno de los últimos ejecutados por el garrote vil durante la dictadura franquista. Merçona Puig Antich había dicho que el gobierno español “no ha resarcido su memoria y ha pasado la página”.

Utrera Molina, de 86 años y quien nunca ocultó sus vínculos con el franquismo - de hecho en la actualidad forma parte de la Fundación Francisco Franco – fue quien firmó la ejecución de la sentencia de muerte de Puig Antich, condenado a muerte por un tribunal militar tras ser acusado por el asesinato en Barcelona del subinspector de la Brigada Político Social, Francisco Anguas Barragán. En 2010, Utrera Molina escribió un artículo en el diario ABC en el que calificaba la retirada del monumento al teniente general Millán Astray como una “vandálica invasión del Gobierno socialista. Vivimos un tiempo en el que corremos el riesgo de avergonzarnos de pertenecer a una Nación gloriosa y antigua como ha sido España”.

También se esperaba escuchar el testimonio de Fausto Canales, quien busca conocer qué pasó con su padre, Valerio Canales, desaparecido en Pajares de Adaja en Castilla, el 20 de agosto de 1936. Esa noche, a las dos de la madrugada, fue sacado de su casa por un grupo de falangistas.

Otro de los pedidos de imputación es para el policía González Pacheco, a quien se conoce como “Billy el niño” y es uno de los mayores torturadores del franquismo. Su nombre aparece en 17 querellas presentadas en Argentina, todas por al delito de tortura. González Pacheco fue absuelto de todos los procesos judiciales en su contra por la Ley de Amnistía de 1977. El 1 de julio de ese mismo año, el Ministro del Interior Rodolfo Martín Villa – otro de los posibles imputados - le condecoró con la Medalla de Plata al Mérito Policial y se le organizó un homenaje. Durante la democracia perteneció a la Brigada Antiterrorista de la policía española.

El último de los testimonios de hoy iba a ser Pablo Mayoral Rueda, penúltimo de los condenados a muerte por el consejo de guerra de Madrid, de 11 de septiembre de 1975.

En esos años, como ministro de Gobernación de Madrid, ejercía Rodolfo Martín Villa. Durante el franquismo ejerció como senador, ministro y asambleario. Después, en democracia, presidió la Comisión de Justicia e Interior del Congreso entre 1996 y 1997. Era conocido como “la porra de la Transición” por la represión a manifestaciones obreras y estudiantiles. Se lo acusa de ser parte responsable de la actividad parapolicial que se desarrolló en esos años con la participación de organizaciones fascistas. Se pide su imputación como ministro de Relaciones Sindicales en 1975 y por la muerte de cinco trabajadores en Vitoria en el País Vasco, durante una huelga del 3 de marzo de 1976 y más de 150 heridos. La policía asaltó una iglesia donde se reunían comisiones de obreros  y disparó a mansalva contra los más de 5 mil trabajadores que estaban en asamblea.

La justicia argentina espera a los testigos que viajarán en los próximos días. Sin videoconferencias, sentados frente a la jueza María Servini, se podrá empezar el proceso por delitos de genocidio y lesa humanidad durante la dictadura franquista.