Infojus Noticias

Una nueva sentencia por delitos de lesa humanidad, en una región del Paraná entre San Nicolás y Rosario, comprobó el accionar represivo de la última dictadura para aniquilar la intensa actividad política, estudiantil, sindical y religiosa en los ‘70.  El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Rosario condenó a prisión perpetua a los represores Manuel Saint Amant, Antonio Bossie, Norberto Ferrero y Daniel Quintana. Además, fijó penas de 3 a 20 años de cárcel para otros ocho imputados, y absolvió a Guillermo Adrover. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 7 de septiembre próximo, a las 10.

“El tribunal comprobó que todos los hechos traídos a juicio sucedieron y sólo hubo una absolución que apelaremos a Casación. A diferencia de otros juicios, tenemos dos nuevas perpetuas. Este juicio fue ejemplar porque se trataron causas que estaban separadas y eso permitió entender que hubo una actuación orgánica de la represión, entre el Ejército, la Policía Federal y la bonaerense para eliminar la militancia social”, dijo el fiscal Federico Reinares a Infojus Noticias.

La megacausa, caratulada “Saint Amant, Manuel Fernando y otros s/ privación ilegítima de la libertad agravada”, comprobó la persecución política que sufrieron los operarios, obreros, estudiantes y militantes sociales del llamado ‘cinturón rojo del Paraná’, como le solía decir el presidente de facto entre 1971 y 1973, Alejandro Agustín Lanusse, para referirse a la zona ribereña del Paraná, desde San Nicolás hasta Puerto General San Martín, por la importancia de la actividad industrial con empresas como Acindar, Somisa, Jabón Kopp y Celulosa Argentina.

El juicio trató 15 causas acumuladas por delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos y homicidio cometidos en perjuicio de 77 víctimas. Bajo la órbita del Área Militar 132, se comprobó un circuito que abarcaba una decena de partidos del norte bonaerense y estaba a cargo del ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, que lideró la zona entre el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, particularmente en las ciudades de Pergamino, San Pedro y San Nicolás.

Los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vásquez y José María Escobar Cello entendieron que los principales jefes represivos fueron Saint Amant, jefe del Batallón de Combate de Ingenieros 101 y del Área Militar 132 -partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Varadero, Arrecifes, Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco, Colón y Pergamino- con sede en San Nicolás; y Ferrero, jefe del Batallón de Combate de Ingenieros 101 y del Área Militar 132, dependiente de la Subzona 13 con sede en Junín y dependiente a su vez de la Zona 1. El ex mayor Antonio Bossie también tuvo un rol jerárquico en la represión.

Por parte de la Policía Bonaerense, los condenados fueron el ex oficial inspector Edgardo Antonio Mastrandrea -20 años-; el ex suboficial Daniel Fernando Quintana –perpetua-; los ex agentes Julio Alberto Almada -3 años-, Luis Alberto Sinigaglia -3 años-, Miguel Ángel Lucero -3 años-  y Carlos Enrique Rocca -12 años-; el ex subcomisario Guillermo Miguel Adrover –absuelto-; el ex comisario Clementino Rojas -4 años- y los ex oficiales Juan Alberto González -3 años- y Roberto Horacio Guerrina -6 años-. 

De ellos, el más conocido quizás sea Edgardo Mastrandrea, que quiso ocultar su pasado reciclándose en la democracia como "especialista en seguridad" en los medios. Saltó a la tapa de los diarios cuando dirigió un autoacuartelamiento por cuestiones “gremiales” en una comisaría del sur del conurbano bonaerense. Eduardo Duhalde, que ya gobernaba Buenos Aires, lo exoneró. A partir de entonces construyó una breve carrera pública como paladín contra la corrupción judicial, y logró vincularse a organismos de derechos humanos y partidos políticos de centro-izquierda, como la UCR, el FREPASO, el ARI y la Coalición Cívica.

La “guerra santa contra la subversión”

Para Reinares, este juicio demostró “una muestra global y específica” de la represión en la región –siendo los archivos de la DIPBA el eje de la prueba documental- aunque dejó algunas líneas de investigación para próximos juicios. “Se demostró la persecución a los chicos del colegio Don  Bosco de San Nicolás, muy vinculados  a la influencia de la Pastoral del sacerdote Ponce de León. Varios de ellos después pasaron a formar parte de la Juventud Peronista, con nexos con el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Y fueron perseguidos no sólo por los represores, sino dentro de la propia Iglesia. Deberíamos comprobar cómo fue esa complicidad en futuras instrucciones”, adelantó el fiscal.

El personaje emblemático de este juicio fue Saint Amant, experto en “lucha antiguerrillera”, un aplicado ultracatólico y un temible represor, que acaba de recibir su segunda prisión perpetua. Nacido en Avellaneda en 1929, entró a la Escuela Superior de Guerra (ESG) en diciembre de 1962. Hizo los cursos I y II y el tercero, iniciado el 11 de marzo de 1963 no figura en su ficha personal. El 16 de octubre de 1971 fue designado profesor del Curso Básico de Comando en la Escuela Superior de Guerra y el 1 de diciembre profesor de Inteligencia.

Experto en “lucha antiguerrillera” en la Dirección de Orden Urbano desde 1971, fue “Ranger” en Bolivia en 1972, y precursor del proyecto de creación de Vehículos Blindados de Combate en 1973. En 1975, lo premiaron con la jefatura del Batallón 101 de Ingenieros de San Nicolás para neutralizar la avanzada obrera en toda la zona. Allí se confirmaría como un hombre de acción.

En el transcurso del juicio, se describió a Saint Amant como un hombre que no sólo estaba detrás del escritorio. Le gustaba ir en persona a los procedimientos. “El procedimiento fue efectivizado en persona por el Jefe del Area Militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás”, decía el auto de elevación a juicio por el caso de dos hermanas de apellido Alvira y la pareja de una de ellas, de apellido Martínez. En esos operativos, sus hombres saqueaban en las casas todo lo que podían.

Casi todos los 150 secuestrados en la zona, tenían informes secretos que rubricaba el propio coronel en persona. Como el parte “secreto” firmado por él que es prueba de juicio, del cual surge que el 17 de agosto de 1976 Julio Schiel fue detenido por personal militar en la ciudad de San Pedro. A Saint Amant le gustaba participar de todas las fases de la represión ilegal. Visitaba el Penal de San Nicolás donde se torturaba a los presos políticos y en persona participaba de los interrogatorios, como a José D’Imperio, que lo interpeló durante cuatro horas en su despacho donde el detenido vio estantes con carpetas de antecedentes entre las que estaba la suya.

Además, Saint Amant se encargó de centralizar la persecución religiosa. Era un hombre devoto. Asistía a misa invariablemente y entre sus convicciones más profundas se contaba su fe católica. Sin embargo, provenía del ala rancia del integrismo eclesial, que había permeado la doctrina militar a través de la organización “Cité Catholique” de Jean Ousset y el coronel Roger Trinquier. Estos franceses –en obras como “Marxismo-leninismo” y la “Guerra moderna” habían dado el sustento ideológico y estratégico para la guerra colonial de Argelia.

El teniente coronel era un convencido de aquella retórica bélica que mezclaba la religión y la Patria, como si fueran héroes de una Guerra Santa. Eso quedó plasmado en documentos que fueron pruebas del juicio, como la circular confidencial CE MY6 0968/48 que le envió al Comandante del 1° Cuero de Ejército, el general Carlos Suarez Mason: “El marxismo se vale indistintamente de la pornografía, del liberalismo, del capitalismo, de los medios de comunicación, del freudismo, de los partidos políticos, de la pobreza, de la explotación de las injusticias (…). Con respecto a la Iglesia Católica, es sabida la consigna de Lenin: aplastarla, como al enemigo principal. Pero como el enfrentamiento abierto y desembozado le ha resultado en muchos países perjudicial, el marxismo acude a la infiltración, implícita o explícita, solapada o manifiesta, a través de un amplio abanico de actividades, de grupos, de doctrinas. Es por eso que se hace necesario un informe, en lo posible integral de la situación en la Iglesia de San Nicolás”, dice el paper.

Bajo ese prisma, el enfrentamiento con el obispo de la diócesis nicoleña Carlos Horacio Ponce de León, no tardó en llegar. Lo llamaría el “Obispo Rojo”. Y escribió: “Es evidente que la Iglesia opera en la diócesis de San Nicolás bajo la dirección de Ponce de León como una resultante de fuerzas enroladas sustancialmente en las filas del enemigo”. El crimen del monseñor, en 1977, tuvo la misma impronta que la del obispo Angelelli: un accidente fraguado.

JMM/RA