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La defensa de Mario Seia, uno de los policías acusados en el juicio oral y público por la represión del 20 de diciembre del 2001 -en el que se investigan cinco homicidios, dos tentativas de homicidios y lesiones contra 117 víctimas- buscó deslindar la responsabilidad de su defendido en el crimen y las tentativas de homicidio que se le imputan. Su abogado aseguró que se lo juzga “sólo por cumplir una orden” y que su rol fue el de “una especie de ‘che pibe’”.

Seia es uno de los nueve policías federales acusados de disparar escopetas cargadas con postas de plomo contra las personas que se encontraban en una de las plazoletas de la Avenida 9 de Julio, entre Sarmiento y Perón. En ese hecho fue asesinado Alberto Márquez. Martín Galli y Paula Simonetti resultaron heridos de gravedad.

“Seia era una especie de ‘che pibe’. Ésa era la función que cumplía el 20 de diciembre en el móvil que le tocó estar”, aseguró el abogado de Seia ante el Tribunal Oral Federal 6. Allí, dijo que su defendido “desempeñaba funciones meramente administrativas” dentro de la fuerza por su condición de contador, con lo cual “lo único que hizo ese día fue cumplir con las órdenes de quien tuvo como jefe, que era el jefe del móvil, Carlos López”.

De ese modo, la defensa de Seia apuntó contra otro de los nueve policías que participaron de ese operativo realizado sobre la Avenida 9 de Julio, que es quien conducía el Fiat Palio a bordo del cual se desplazaban junto a otros dos policías, todos con armas largas. A ese vehículo se sumaban otros dos en los que se desplazaban los demás policías que protagonizaron la balacera sobre la Avenida 9 de Julio que terminó con la vida de Márquez e hirió gravemente a otros dos manifestantes.

“A un subordinado le queda poco margen para discutir una orden; y ese día mi defendido era un subordinado porque no tenía la preparación de oficial sino que era un profesional que cumplía con una labor profesional dentro de la fuerza, como contador público nacional”, sostuvo su abogado. El letrado relató que “de boca de López”, Seia había recibido la orden de “cambiarse de ropa, porque estaba con traje, como lo estaba habitualmente”.

“Seia se puso ropa sencilla, de calle y, luego López, le ordenó ir a la armería a buscar un arma. Seia no sabía siquiera adónde estaba la armería”, afirmó el abogado. Incluso, sostuvo que López le dijo que tuviera “cuidado” con ese arma porque “cuando era usada con balas de goma podía trabarse”, y que le aseguró que la llevaría “con fines disuasivos”.

Un juicio único en la región

En el juicio, que comenzó en marzo de 2014, están sentados en el banquillo de los acusados el ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos. También están imputados, los policías Orlando Juan Oliverio, Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Emilio Juárez, Jorge Daniel Toma, Carlos Alberto Loforte, Víctor Manuel Belloni, Omar Alberto Bellante, Raúl Roberto Andreozzi, Norberto Edgardo Gaudiero, Ariel Gonzalo Firpo Castro, Norberto Pablo Sabbino, Sebastián Leonardo Saporitti, Horacio Bautista Berardi y Seia.

A comienzos de diciembre pasado alegó el abogado de la querella unificada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Rodrigo Borda. “Ellos cuatro, mediante una actuación coordinada, fueron el órgano de gobierno que condujo el operativo que terminó con el asesinato de cinco manifestantes”, dijo, antes de pedirle al TOF 6 que condene a 5 años de prisión a Santos y a Mathov, el único funcionario político señalado por la represión ordenada por el gobierno de Fernando de la Rúa.

Los otros dos imputados –que, por sus decisiones, considera responsables indirectos de los asesinatos– son el ex superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi, para quien pidió una pena a 4 años y 6 meses de prisión, y el ex director general de Operaciones, Norberto Gaudiero, para quien pidió una condena a de 4 años y 3 meses de cárcel. En todos los casos, Borda solicitó que sean inhabilitados para ejercer cargos públicos.

“Es la primera vez –incluso en la región– que funcionarios que dieron las órdenes de una represión, que terminó como terminó, llegan a juicio por las muertes que ocasionaron”, dijo Borda a Infojus Noticias, al concluir el alegato. En ese marco, continuó la explicación con los familiares de las víctimas mortales de la represión que, a pesar que conocen que el abogado pidió el máximo de pena prevista en el Código Penal,  sienten que “es poco para lo mucho que nos sacaron”.

Un punto al que Borda hizo referencia durante el alegato, cuando consideró que se debería legislar una figura o calificación distinta para esta responsabilidad. Para el abogado, no hay dudas: “Hay una conexión entre las órdenes de Mathov y la represión que causó cinco muertes”, sostuvo ante el tribunal que preside el magistrado José Martínez Sobrino e integran Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín.

Su pedido tuvo lugar en la quinta y última jornada dedicada a los alegatos de las querellas que representan a las familias de Diego Lamagna, Gastón Riva, Carlos Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto, todos ellos asesinados por balas de plomo la tarde del 20 de diciembre de 2001, entre las cuatro y media y hasta poco después de las siete de la tarde.