Infojus Noticias

El secretario del Juzgado de Instrucción 9° de Córdoba, Nicolás Moreno, acostumbraba visitar sorpresivamente las comisarias los fines de semana y feriados, para revisar los calabozos y evitar abusos con los presos. Eso, en 1977, podía ser tan arriesgado como tirar de los bigotes a un león. El lunes 12 de diciembre, cuando salió de su departamento del centro de la ciudad rumbo al trabajo, lo esperaba un auto blanco con el motor en marcha. Lo ocupaban tres hombres con pelucas de mujer, según los testigos. Uno sacó una escopeta y disparó dos veces. Eran las 6.30 de la mañana. Moreno cayó muerto en la vereda. El auto –un Fiat 128 sin patente– fue encontrado cinco días después con el arma en su interior y cuatro cartuchos. Lo que nunca apareció fue el expediente por el homicidio, iniciado por el Juzgado de 5° Nominación. El caso nunca se resolvió.

Ahora, Esteban Rafael Ortiz, asesor letrado penal del Turno 22 del Poder Judicial de la provincia, pide que el crimen sea investigado como delito de lesa humanidad. En abril presentó una denuncia ante la fiscal federal Graciela López de Filoñuk para que se investigue si Moreno fue ejecutado por integrantes del D2 de Informaciones de la Policía de Córdoba, como sospecha. También acusa a "los responsables del Poder Judicial de Córdoba que fueron cómplices en encubrir y ocultar a los autores y responsables del crimen".

La semana próxima, Ortiz se presentará como querellante en la investigación. Tiene dos causales para hacerlo. “Soy víctima, porque este crimen fue contra Moreno, pero también fue un mensaje para todo el Poder Judicial que trabajaba por entonces y yo ya era empleado”, dijo a Infojus Noticias. El otro motivo es que Moreno no tenía hijos y, muertos sus padres, no quedó ningún familiar que pueda impulsar la investigación del crimen. “Como asesor letrado, tengo que pedir que se investigue”, agregó.

Ortiz inició una investigación por su cuenta hace más de diez años, como parte de su libro “El derecho víctima del terrorismo de estado 1976-1980”. Sostiene que desde abril viene aportando pruebas y testigos, pero no fueron citados por Filoñuk. “Estamos instruyendo muchas medidas, por eso todavía no resolvemos. No puedo hablar más sobre la investigación”, dijo la fiscal ante la consulta de esta agencia. “Yo recuerdo ese crimen. En esa época se decían muchas cosas, entre otras, que había sido la Policía, pero tenemos que demostrarlo”, agregó Filoñuk.

El expediente perdido

Moreno tenía 33 años, era hijo único y había llegado a Córdoba a estudiar Derecho desde Andalgalá, Catamarca. Según las crónicas periodísticas de la época, fue policía antes de entrar a trabajar a Tribunales. Ortiz asegura que todavía no pudo comprobar si prestó servicio en la fuerza. En Córdoba, Moreno no tenía pareja ni hijos. “Algunos testigos me señalaron que fue elegido por los agentes del D2 porque no tenía familia, nadie iba a reclamar por él en Córdoba, sus padre estaban lejos”, señaló el letrado. 

“Matan a funcionario judicial en Córdoba”, titularon los diarios. Los testimonios recogidos por la prensa afirmaban haber visto a “tres mujeres” en el auto desde dónde fusilaron a Moreno. El jefe del D2 de Informaciones era por entonces el comisario Raúl Pedro Telleldín, y entre sus filas estaba Graciela “Cuca” Antón, hoy juzgada por crímenes de lesa humanidad en el juicio La Perla. Entre 1975 y 1979, personal del D2 cometió varios asesinatos de policías y ex policías, que hicieron pasar como crímenes de las organizaciones subversivas.

La investigación por el homicidio de Moreno recayó en el Juzgado de 5° Nominación a cargo de Carlos Lloveras. Ese mismo año el magistrado ascendió a camarista. Ortiz entrevistó en 2004 a Jorge Juan Moya, empleado del juzgado que instruyó el caso. "Me manifestó que el juez LLoveras 'planchó' la causa”, dijo el asesor letrado a esta agencia. Moya (ya fallecido) le confesó a Ortiz que "se empezó a sospechar de la Policía de la Provincia, donde estaba Telleldín, como la autora de su homicidio, ya que Moreno era de concurrir a las seccionales en los fines de semana o días festivos y esa presencia de control molestaba a la policía".

En el marco de la investigación, Moya se entrevistó con Telleldín y le anticipó que realizaría una inspección en el departamento de Moreno, pero el jefe del D2 lo frenó y le dijo que no lo hiciera, que dejara todo en sus manos.

"No casualmente la causa por el homicidio de Moreno, hasta el día de la fecha, pese a las búsquedas en el Archivo Judicial y las averiguaciones de los funcionarios intervinientes, no apareció", protesta Ortiz. La búsqueda del expediente judicial está a cargo de Wilfredo Pérez, director de la Oficina de Derechos Humanos de la justicia cordobesa. “Me entrevisté con muchísima gente, revisé archivos del Poder Judicial y el poder Ejecutivo, pero no aparecen”, manifestó Pérez a Infojus Noticias. Explicó que por la muerte del funcionario judicial se iniciaron dos expedientes (“Actuaciones labradas” y “Para agregar”).

Ahora, Ortiz pidió a la fisca Filoñuk que cite a declarar a Pérez y que solicite las pericias forenses realizadas al cuerpo de Moreno. “Son documentos públicos, tiene que estar en los Servicios Judiciales”, dijo.

Negado por el poder Judicial

Para la familia Moreno, la tragedia no terminó con la muerte de su hijo. Nicolás fue sepultado en el cementerio de Andalgalá. Al día siguiente del sepelio, frente la tumba de su hijo, su madre se descompuso y cayó boca abajo en una acequia. Murió ahogada. La historia fue reconstruida por Wilfredo Pérez, que siguió las huellas del funcionario judicial hasta su provincia.

En agosto del 1978 Alberto Benildo Moreno, padre de Nicolás, envió una nota el Tribunal Superior de Justicia exigiendo ser indemnizado por la muerte en servicio de su hijo. El tribunal se declaró incompetente y remitió la nota al Ministerio de Gobierno. Un mes antes, en una acordada el TSJ "destaca la independencia e imparcialidad conque han actuado el Poder Judicial en todo momento, así como la entereza y la mesura con que afrontó el vandálico asesinato del Secretario Nicolás Moreno, aún no esclarecido” y hace mención a “la ayuda prestada a sus deudos”.

El día que murió, el TSJ destacó la “abnegación y patriotismo” del funcionario “cuya vida ha sido injustamente tronchada”. La última acordada emitida por El máximo tribunal cordobés es del 15 de noviembre de 2004.Lleva el número 676 serie "A” y ordena la instalación de una placa en honor a Moreno en el edificio de Tribunales II dónde trabajaba. La placa nunca fue colocada.

WC/RA