Infojus Noticias

La primera audiencia en el juicio oral y público en el que se juzgan los delitos de lesa humanidad cometidos en el penal de Villa Urquiza de Tucumán arrancó con la ausencia de dos de los siete acusados. Al dar comienzo al décimo proceso y la segunda megacausa de la provincia, el secretario del Tribunal Oral Federal, Mariano García Zavalía, informó que los imputados se encontraban presentes a excepción de José Víctor Geréz y Héctor Armando Audes. Ambos habían sufrido una descompensación la noche anterior, cuando personal de Gendarmería Nacional llegó hasta sus respectivos domicilios para detenerlos. La detención de los siete imputados, que se encontraban tanto en libertad como con arresto domiciliario, fue una medida tomada por el tribunal en el día previo al inicio del debate.

Los planteos por parte de la defensa oficial y de las particulares no se hicieron esperar. Se pidió la suspensión del debate y la separación de algunos de los imputados por las condiciones de salud de los mismos. Incluso Adolfo Bertini, miembro del Ministerio Público de la Defensa, pidió la excarcelación de todos ellos.

“Hay una incoherencia notable en el informe médico”, dijo Bertini después de conocerse la opinión del médico forense. Según ese informe, los imputados, incluso Geréz, se encuentran en condiciones tanto físicas como psíquicas para afrontar un juicio oral y permanecer alojados en un ámbito del servicio penitenciario. “Yo quiero impugnar ese informe”, dijo ofuscada la defensora particular Gloria Hansen. “No podemos impugnar un informe médico porque no somos médicos”, dijo el fiscal Leopoldo Peralta Palma.

Tras un extenso cuarto intermedio, el tribunal presidido por Carlos Jiménez Montilla resolvió suspender la audiencia hasta el próximo martes 23 a las 16 horas. Recién entonces se dará inicio formal al debate oral y público y se leerán las acusaciones a los imputados.

“Hubo muchos planteos en relación principalmente a la decisión que tomó el tribunal en el día de ayer”, dijo a Infojus Noticias el secretario del TOF refiriéndose a la detención de los imputados. “El tribunal ratificó lo decidido con una modificación en lo relativo a las cuestiones de salud de Geréz y de Audes. Ambos vuelven a las condiciones anteriores”, explicó García Zavalía. Esto será así hasta que una junta médica revise a los imputados y elabore un nuevo informe.

“Nosotros ya venimos preparados para saber que va a ser el primer argumento que va a utilizar la defensa porque es cierto, los imputados son todos añosos y eso es producto de más de 30 años de impunidad”, dijo al finalizar la audiencia la abogada querellante Julia Vitar. “Lo que hemos planteado con la doctora Lugones (co querellante con Vitar por la causa Kofman) es que venir a hacer este tipo de alegatos el primer día de la audiencia, es básicamente una actitud dilatoria, porque en realidad si el estado de salud de los imputados era tan complicada, ellos tendrían que haber pedido una junta médica con anticipación, y tendrían que haber pedido la separación”, agregó la letrada.

Villa Urquiza fue un centro clandestino de detención

En el penal de Villa Urquiza existía, durante los años 1975 y 1983, un pabellón conocido como el ‘Pabellón de la Muerte’. Allí eran alojados los detenidos perseguidos por su actividad política. Tanto para la fiscalía como para las querellas este lugar distaba mucho de representar un espacio de legalidad. “Allí funcionaba otro centro clandestino”, sostuvo Vitar en diálogo con Infojus Noticias. “Es un centro clandestino donde están muy presentes las denuncias de las violencias sexuales y donde se va a poder ver cómo funcionaba de forma concatenada el sistema ilegal, es decir: los centros clandestinos, el secuestro y la mantención de las personas en estado de desaparición forzada con la legalización posterior en una cárcel”, enfatizó la querellante.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, en la cárcel de Villa de Urquiza se habría producido la muerte de dos detenidos como producto de las torturas. También se denuncia la desaparición de por lo menos cuatro personas cuyos ingresos constan en los libros del penal.

Vitar señaló que espera en este juicio surjan nuevos elementos de prueba contra el ex juez federal Manlio Martínez quien se encuentra procesado en la segunda parte de la causa Romero Nikilson. De este modo, en el debate por la megacausa Villa Urquiza se podrá establecer con mayor claridad la complicidad de muchos funcionarios públicos, principalmente del poder judicial, con los mecanismos de secuestro, torturas y desaparición durante la última dictadura.

Los imputados, el tribunal y la fiscalía

La segunda megacausa que tiene lugar en la provincia cuenta con 11 imputados: Jorge Omar Lazarte (militar retirado) y Roberto Heriberto Albornoz (policía retirado) quienes fueron condenados en la megacausa Jefatura II Arsenales; Ángel Armando Audes, Santo González, Juan Carlos Medrano, Francisco Alfredo Ledesma y Héctor Manuel Valenzuela, que cumplían la función de soldado celador en el penal Villa Urquiza. Este último junto a Pedro Fidel García son señalados como miembros de la patota del ya fallecido inspector general del penal Marcos Hidalgo. La lista se completa con: Daniel Arturo Álvarez, quien fuera suboficial principal de la policía; Augusto Wertel Montenegro, sargento de la guardia interna del penal y José Víctor Geréz, soldado guardia cárcel. 

El tribunal se encuentra conformado por Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga. La fiscalía está representada por el fiscal general subrogante Leopoldo Peralta Palma y El fiscal ad hoc Pablo Camuña en tanto el Ministerio Público de la Defensa está compuesto por Adolfo Bertini, Vanessa Lucero y Manuel Bonnin.

La audiencia se reanudará el martes 23 a las 16 horas con la lectura de la acusación y no, como estaba previsto, con la declaración de los primeros testigos. En su mayoría son sobrevivientes del centro clandestino que funcionaba en el penal de Villa Urquiza.