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El juez provincial Pedro Hooft logró sumar hoy varios testimonios a su favor en el marco del jury donde se juzga si fue cómplice de la última dictadura. Acumuló frases positivas sobre su desempeño ante causas de presos por delitos comunes alojados y torturados en comisarías en los ochenta. También sobre las dificultades que tenían los integrantes del Poder Judicial para desempeñar su tarea en medio del terrorismo de Estado. Sin embargo, uno de los testigos, que había sido propuesto por la defensa, ratificó que en julio de 1977 le había comentado al juez que detrás de la desaparición de los abogados en la “Noche de las corbatas” estaban los militares. Otro testigo, también de la defensa, confirmó cómo era el protocolo para tratar los hábeas corpus y la descripción de ese procedimiento contrasta con el que se siguió para el caso de Jorge Candeloro y Marta García de Candeloro.

Ese caso, el del abogado laboralista Candeloro y su esposa, es el que más destaca la acusación. Marta García sobrevivió y puede hablar sobre ese megaoperativo de secuestro de más de una docena de personas, que incluyó a siete abogados. Además,  la viuda de Candeloro aportó “las pruebas sobre los incumplimientos funcionales” de Hooft como juez, quien hoy no asistió a la octava audiencia del proceso porque el 26 de abril sufrió un ACV después de escuchar la declaración de García de Candeloro.

Esta mañana, Rubén Junco, ex vicepresidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, dijo que en 1977 los abogados no creían en el hábeas corpus. “No pensábamos que los jueces, aún los más valientes, iban a poder solucionar algo”, afirmó Junco ante los integrantes del jurado de enjuiciamiento, en el primer piso del edificio de la Suprema Corte bonaerense, en La Plata. También puntualizó que, ante la presentación de hábeas corpus, Hooft pedía informes a la policía local y a las distintas armas de las Fuerzas Armadas.

Ese procedimiento lo conocía porque por su rol ante el Colegio de Abogados mantuvo relación con Hooft ni bien se produjeron los secuestros los abogados en Mar del Plata, en la noche del 6 al 7 de julio. Esas gestiones de la entidad incluyeron una reunión con el jefe de la Subzona 15 del Ejército, el coronel Alberto Pedro Barda, quien los recibió pero les dijo que no sabía nada del tema. Otra más con el entonces ministro del Interior, Albano Harguindeguy.

A la reunión con Harguindeguy fue Junco. Llegó allí en representación del Colegio de Abogados marplatense. Fue muñido de la copia de una constancia de la Policía Federal de Neuquén donde decía que entregaban la ropa de Jorge Candeloro. Se la habían dado a su padre, Nicolás Candeloro, quien así confirmó que su hijo estaba en manos de la Policía Federal. Junto con la entrega de ese papel le dijeron que lo habían llevado a Mar del Plata. Por eso, Nicolás llego hasta Junco.

“Cuando le mostré ese papel me preguntó con violencia de dónde lo había sacado. Le dije que se lo habían dado el padre de Candeloro y que en algún lugar tenía que estar detenido. Al día siguiente Harguindeguy fue a Mar del Plata y yo deduzco que esto fue lo que generó que días después se le informara al juzgado de Hooft que Jorge había sido muerto cuando se quiso escapar en una requisa”, explicó y consideró que Hooft tuvo una “conducta transparente y honorable en su función judicial”.

"Eso es un verso"

Cuando llegaron las preguntas de la acusación, que encabezó el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, se generó una situación de cierta tensión. Junco dijo que nunca se creyó el operativo en el cual fue liberado Carlos Bozzi, uno de los dos abogados sobrevivientes de la “Noche de las corbatas”. Según la versión periodística elaborada en base a informes militares, lo encontró el Ejército en el baúl del auto de Centeno, que ya había aparecido muerto, y después de matar de tres jóvenes montoneros. “Era un verso”, dijo Junco y contó que esa opinión le costó el distanciamiento de varios abogados en 1977.

Pero al ser consultado por Alén si él le había transmitido esa opinión a Hooft, Junco dijo que no lo había hecho. Eso llevó a Alén a pedir que se cite la declaración de Junco ante la Justicia Penal que investiga el secuestro de los abogados, donde había dicho que efectivamente le había informado a Hooft sobre su parecer: que a Bozzi lo había secuestrado el Ejército y que su liberación era un montaje. “Ni Montoneros ni ninguna otra organización tenía capacidad operativa para hacer eso. Sólo podía ser el Ejército”, recordó Junco quien finalmente ratificó su declaración ante la Justicia Penal.

Después de Junco, declaró Oscar Huerta, ex presidente del Colegio de Abogados, quien dijo que la Justicia “no informó” sobre la muerte de Candeloro. “Cuando nos reunimos con Barda para pedir por (Nicolás) Battaglia y, viendo que habíamos tenido éxito, pregunté por Candeloro y Barda se puso como loco. Empezó a los gritos y dijo que ni se lo nombremos, que ese tenía nombre de guerra y que si preguntábamos por él no fuéramos más”, detalló. 

Hábeas corpus

A él, le siguió el Gastón L’Homme, que fue uno de los secretarios del juzgado de Hooft entre 1976 y 1985. Describió positivamente el comportamiento de Hooft ante los presos por delitos comunes y habló sobre las visitas a las comisarías. Dijo, midiendo con mucho cuidado cada palabra, que en la Comisaría Cuarta había un área restringida y que cuando fue con Hooft nunca habían entrado allí. Esa explicación, sobre los límites que imponía la dictadura, va en línea con la estrategia de la defensa.

Pero al describir el procedimiento sobre los hábeas corpus L’Homme confirmó una de las líneas de la acusación. “El procedimiento habitual para resolver un hábeas corpus era enviar un oficio y esperar el resultado del informe, ya sea positivo o negativo. En los casos que recuerdo los informes se contestaron”, explicó.

-¿Y si esa diligencia no era respondida?- insistió Alén.

-Se reiteraba.

-¿Ud sabe por qué en este caso se resolvió sin esperar?- preguntó Alén luego de mostrar la respuesta del Ejército al Juzgado de Hooft, donde decía que el pedido de informes sobre Candeloro había sido “elevado” y que no respondía sobre el abogado secuestrado. Esa nota llevaba la firma de recibido de L’Homme y de Hooft.

-No sé- respondió el ex secretario del juez acusado.

En esos documentos –un hábeas corpus cerrado y archivado sin respuesta del Ejército y una respuesta del Ejército a Hooft, fechado en octubre de 1977, donde dice que Candeloro fue “abatido”- se cifra parte de este juicio político. Esos documentos, que habrían tenido un tratamiento inhabitual, según la descripción de L’Homme, podrían definir el futuro del magistrado, que el próximo 23 de abril podría escuchar los alegatos y cinco días más tarde conocer el veredicto del tribunal que encabeza el ministro de la corte bonaerense, Juan Carlos Hitters.