Infojus Noticias

La muerte puso el punto final a una lenta investigación judicial que buscaba desentrañar cuáles habían sido los lazos del grupo empresario de la familia Figueroa –que llegó a ser el más poderoso de Santiago del Estero- con la última dictadura. El domingo pasado, con 68 años y de cáncer de próstata, murió en la sala de Terapia Intensiva de la Clínica Bazterrica José Oscar “Pepe” Figueroa, que llegó a ser senador nacional en la década del ’90 y ministro de Bienestar Social durante el segundo gobierno de Carlos Menem. Estaba imputado en una causa judicial iniciada el 15 de agosto de 2010, sospechado de haber participado en un plan para secuestrar a los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo Iaccarino, y quedarse con sus empresas. “Hace al menos un año que le pedimos al juez (federal de Santiago del Estero, Guillermo) Molinari, la declaración indagatoria de Figueroa. Su defensa presentó un escrito diciendo que en el año 2005 o 2006 había tenido un ACV”, dijo Carlos Iaccarino a Infojus Noticias, uno de los querellantes. Nunca fue indagado: los hermanos Iaccarino están convencidos de que el difunto dejó en vida algunas cuentas impagas con la justicia.

El Grupo

Doña María, la madre José Oscar Figueroa –y de Elías Miguel, Eduardo Antonio, Tomás y algunas hijas mujeres-, administraba alejado un modesto almacén de ramos generales en el pueblito de Santiago donde nació, Suncho Corral. La prosperidad de la familia comenzó vendiendo leña para los durmientes del tendido ferroviario que pasaba cerca del lugar. Después, los contactos políticos y militares de José y sus hermanos les ayudaron a levantar un pequeño imperio con empresas del rubro automotor, minero, forestal y financiero. 

Tomás Figueroa y el teniente coronel Germán Eduardo Carrasco, por ejemplo, andaban siempre juntos. Carrasco, era aficionado al whisky y uno de los jefes del Batallón Ingenieros de Combate 141 de Santiago. Tenía línea directa con Musa Azar, que comandaba un grupo de tareas que secuestró y desapareció opositores políticos, y que se sabe, hizo inteligencia sobre los hermanos Iaccarino. Carrasco y los Figueroa además eran socios: según dijo Alejandro Iaccarino –y ratificó luego el fiscal- habían formado el grupo económico FICAMER (Figueroa, Carrasco y Mercedes Benz).

Los vínculos entre los ejecutivos y el poder militar no terminaban ahí. Los generales Rogelio Villarreal –secretario general de la presidencia de Videla- y Llamil Reston –Ministro de Trabajo del dictador- eran coterráneos y ayudaron a los Figueroa a llegar a las empresas, como CRYBSA –la empresa rionegrina de maquinaria pesada más grande de Sudamérica- y el Ingenio La Esperanza, que hasta hace poco manejaba el grupo Roggio. Todas terminaron en la quiebra. Fermín Ochoa, el general que fue interventor militar de Santiago luego del golpe de Estado, era gerente de compras del Grupo en Capital Federal.

A fines de 1972, llegaron a la provincia –a invertir en campos para sembrar verduras y frutas- los hermanos Carlos, Rodolfo y Alejandro Iaccarino. treinta y dos meses después ya eran dueños de dos establecimientos agrícola-ganaderos-forestales de 25.000 hectáreas en la localidad de Campo Gallo, un avión ejecutivo Rockwell bimotor, y una empresa láctea con la que habían formado una cuenca lechera con seis provincias del noroeste. El “Tratado del NOA” le quitaba tamberos y consumidores a Sancor, y les había costado acaloradas negociaciones con Carlos Juárez, el señor feudal.

El 4 de noviembre de 1976, policías santiagueños lo fueron a buscar a su departamento a Carlos, Rodolfo –ya fallecido-, y el padre de los Iaccarino. Alejandro estaba en Buenos Aires, y fue secuestrado más tarde. Les dijeron que estaban en poder de los “verdes”. Terminaron en el “Infierno”, un centro clandestino en Avellaneda bajo el mando de Camps, donde fueron torturados y obligados a ceder a punta de picana las empresas que tenían en ambas provincias.

La pesquisa

En una megacausa judicial por delitos de lesa humanidad en Santiago, un hombre relató haber presenciado una reunión que le daba sentido a muchos padecimientos de los hermanos Iaccarino.

Luis Roberto Ávila Otrera, militante del PRT, dijo que había estado en una reunión de estudios en la que Pepé Figueroa “restregándose las manos” contó acerca de un asado en el que se había planificado el despojo de las empresas de los hermanos. Dijo que “nos interrumpe Pepe Figueroa, que eufórico nos cuenta, aclarando que lo hacía a nosotros únicamente, que la noche anterior se reunieron en su finca de El Zanjón con militares que vinieron de afuera. El objetivo era tramar el secuestro de los hermanos Iaccarino, … dijo eso y se voló”.

Carlos y Alejandro Iaccarino pidieron que se abriera una investigación sobre la autoría intelectual del despojo. La causa se inició en agosto de 2010, y declararon Carlos y Alejandro Iaccarino. El 8 de marzo de 2013, el fiscal general ante el Tribunal Oral de Santiago, Fernando Gustavo Gigena, imputó a José Figueroa junto a cuatro policías santiagueños.

En octubre, el juez Guillermo Molinari los citó a indagatoria, y emplazó a Figueroa a presentarse a declarar el 13 de noviembre de 2013.

Y fue el comienzo del juego de los recursos y las dilaciones. la defensa oficial presenta constancias médicas, y pide la suspensión de la indagatoria por “dolencias” que le impedían viajar desde Buenos Aires a Santiago. El juez le pidió al Cuerpo Médico Forense que dictamine si podía trasladarse a la provincia del norte. Desde noviembre a abril de 2014, no hubo ningún resultado: los policías fueron indagados, Figueroa no. El 7 de abril, la fiscalía –ahora a cargo de Indiana Garzón- le reiteró el pedido a la Corte. Un mes y medio más demoró en responder: el 21 de mayo, el doctor Luis María Genesín concluyó que “no surge a criterio de este perito que en el momento actual el nombrado posea impedimento físico que le impida trasladarse a Santiago del Estero”.

En el interín, la defensa de Figueroa impugnó las pericias del Cuerpo Médico Forense. El 11 de julio pasado, la fiscalía pidió que se rechace la impugnación y se fije de una buena vez la fecha. El último movimiento fue el 11 de agosto pasado, cuando el juez Molinari pasó a resolver. Tres meses más pasaron, y nunca dijo nada.

La lentitud del juez, de la pesquisa, quedó en evidencia la semana pasada, con su muerte. Ahora, desde la fiscalía de Garzón explican a esta agencia que quedan “investigaciones abiertas por los despojos de sus bienes, como la empresa láctea ILSA S.A, que le habría sido despojada en 1977”. Y, procesados, los peces más flacos de la cadena: los policías santiagueños Juan Felipe Bustamante, Francisco Antonio Laitán, Domingo Loccisano y José Medina por los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, encubrimiento y asociación ilícita. Juan José Ramírez, capitán del ejército y Jefe de la policía provincial durante la dictadura, que en febrero de 2012 se tiró en San Isidro debajo de un tren.