Infojus Noticias

Desde hace dos meses Mendoza juzga a los ex jueces Otilio Romano, Luis Miret, Gabriel Guzzo, Guillermo Petra y Rolando Carrizo, entre otros. Se los acusa de no investigar denuncias de detenciones ilegales durante la dictadura. Junto a ellos hay otros 36 acusados por crímenes contra 200 personas. Ayer le tocó declarar a Miret. Tuvo que sacarse los anteojos negros que usa mientras escucha las declaraciones. Desde las 9 de la mañana hasta las 15.30 no paró de hablar, y la semana próxima seguirá haciéndolo. Por momentos, el ex juez se refirió a sí mismo en tercera persona: “Acá se ve la manipulación política, el gobierno nacional sabe que Miret no es manejable”, dijo ante el tribunal y miró a Pablo Gabriel Salinas, doctor en Derecho y querellante por los familiares de las víctimas y el Movimiento Ecuménico por los DDHH en Mendoza.

En la primera de las audiencias en febrero, el destituido juez Miret sacó de su bolsillo una cámara de fotos, enfocó y disparó sobre el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat. Desde entonces que antes de entrar a la sala lo revisan y le tienen prohibido llevar su cámara. Ayer dijo: “Me tocó ser defensor casi en exclusiva de los imputados por la ley 20.840 dictada en el año 1974, proyectada por Perón, donde se trataba de poner freno al terrorismo de diversas fracciones que pretendían tomar el poder. Era una ley muy larga, muy imprecisa, con definiciones de delitos mal hechas y no solo reprimía los actos de terrorismo sino la propaganda de los grupos terroristas, era muy amplia”, dijo Miret.

El ex juez dice que el principal motivo por el que está en este juicio es uno: persecución política: “Las persecuciones me han hecho hasta cambiar de domicilio, tenía una casa amplia, yo guardaba todos los papeles, pero me tuve que mudar a un departamento, tuve que reducir papeles y debo haber tirado dos terceras partes de lo que tenía. Solo guardé lo que servía para el Consejo de la Magistratura”.

Uno de los casos por el que se juzga el comportamiento de Miret es el de Luz Faingold, una joven que en agosto de 1975 tenía 17 años y estaba secuestrada (con otras diez personas) en el centro clandestino que funcionaba en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza. Allí había sido torturada y violada. Miret la visitó como juez federal y, a sabiendas de las crueldades a las que se la sometía ahí, la dejó varios días más en el D2. Miret argumentó que la chica no estaba contenida por sus padres, así que era mejor que se quedara bajo el cuidado de los torturadores.

“La causa Fiscal c/Mochi iniciada oficiosamente por la policía que da lugar a orden de allanamiento firmada por mí como juez subrogante y aprehensión a fines de agosto de 1975 de alrededor de 12 personas, habla de un núcleo sospechosamente en infracción a la ley 20.840”, dijo Miret en su declaración de ayer. El juez ilustró cómo funcionaban las "ratoneras" “Curiosamente la orden de allanamiento fue solicitada porque la inteligencia de la policía -inteligencia entre comillas, todos sabemos las fallas de los servicios de inteligencia- tenía sospecha de contrabando. Pero en vez de esto detienen a doce personas en infracción a la ley 20.840 porque tenían material de difusión del movimiento obrero revolucionario o algo así y la policía fue aprehendiendo a todos los que iban a la calle Malvinas 77 de Guaymallén. Iban a una reunión e iban quedando detenidos, con alguna particularidad como que uno de los sospechosos huyó y le tiraron un tiro en la pierna”, declaró Miret, ilustrando así la operatoria denominada “ratonera”: allanar un lugar y esperar escondidos para detener a los que llegaran después.

“Decir que yo era cómplice del genocidio o de los delitos de lesa humanidad francamente me molesta de mil maneras. En primer lugar, tengo un hondo respeto por el dolor de las víctimas, las que están vivas y pasaron torturas y de los parientes de los desaparecidos. Yo no voy a pretender que me aplaudan, pero me resulta indignante que no se haga distingo, que no se perciba que están juzgando a una persona que ha dado muestras de independencia y de liberalismo del gobierno de turno. Lo hice durante la democracia de la señora. de Peron, durante la época de facto y de los presidentes que luego sucedieron. Debo haber cometido errores, en una trayectoria tan larga”, dijo Miret.

A la hora de defenderse, recurrió a la tercera persona de sí mismo y negó conocer los fines del terrorismo de Estado: “No es posible que Miret siga en la Cámara Federal, vamos contra él. Yo tenía imposibilidad absoluta de conocer el plan clandestino del que he sido cómplice, imposibilidad absoluta de conocerlo, porque en el año 75 no existía y en los primeros meses del 76 no lo conocía más que el núcleo más duro y más cerrado de las fuerzas armadas. Porque era un plan siniestro, una de cuyas posibilidades era la desaparición, era un plan que preveía la tortura, y esto no se supo porque era inoportuno y menos se supo fuera del ámbito militar. Menos se lo iban a contar a Miret que era defensor, es absurdo decir que yo lo conocía, no podía conocer”. Cuando empezó el juicio, el tribunal -integrado por Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade, de la provincia de San Luis- preguntaron si alguno de los acusados deseaba declarar durante el proceso. Sólo tres dijeron que sí: Miret, José Lorenzo, que trabajaba en la Comisaría Séptima y Rubén González. Miret volverá a declarar el lunes 28 de este mes.