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El megajuicio de Mendoza por delitos de lesa humanidad está demorado: las audiencias, que transcurren lunes y martes, aún siguen en la lectura de acusaciones a los imputados. “Creemos que en dos semanas recién empezarán a declarar los testigos. En estos momentos se están leyendo las acusaciones a los exjueces Gabriel Guzzo, Guillermo Petra y Luis Miret. El caso de Otilio Romano es diferente: está en una causa separada por haber estado prófugo. El juicio viene demorado porque además de la megacausa 'D2' –Departamento de Información 2 de la policía de la provincia de Mendoza–, está la de los jueces, y las audiencias terminan después del mediodía. Pedimos expresamente a la fiscalía si podemos aumentar las horas de audiencia para las próximas semanas porque si no, se avanzará demasiado lento”, dijo a Infojus Noticias Juan Manuel González, subsecretario de Derechos Humanos de Mendoza.

A diferencia de otros juicios por delitos de lesa humanidad, hay una expectativa diferente en torno a las audiencias. “Son muchos los imputados, es la primera vez que en Mendoza hay una megacausa, con 37 imputados. Es importante remarcar que la fiscalía está haciendo un gran trabajo sobre los requerimientos, para que todo siga por el curso normal de los acontecimientos”, aclaró González. Solo en la primera audiencia hubo un incidente. El exjuez Miret sacó una cámara de fotos y provocó malestar en los familiares de las víctimas, que lo increparon públicamente. A partir de allí, dentro y fuera del tribunal predomina una “tensa calma”, según definió González. Los jueces prohibieron la cámara a Miret.
“Hay un antes y un después en este juicio. La sociedad civil está participando activamente, son jornadas históricas. Aún no se puede hacer una gran evaluación de lo ocurrido, pero el juicio revelará grandes acontecimientos para nuestra historia”, explicó el subsecretario de Derechos Humanos.

El megajuicio de Mendoza es considerado inédito en el país porque además de juzgar la participación de ex funcionarios judiciales en el terrorismo de Estado, contempla por primera vez en la provincia los ataques sexuales que sufrieron ex detenidas durante sus cautiverios como un delito independiente de las torturas y tormentos. Los ex policías Julio Héctor Lapaz y Rubén Darío González fueron los primeros a los que se les leyó la novedosa imputación dentro de la causa que tiene como víctima a Rosa del Carmen Gómez. En total son doce los represores a los que se imputa, entre otros delitos, de violar sistemáticamente a un grupo de personas que hoy son sobrevivientes del D2, el máximo centro clandestino de detención de la provincia.

El megajuicio –que se estima durará dos años– incluye, en total, más de doce causas. Involucra a cien víctimas, de las cuales 37 están desaparecidas. Las demás personas sufrieron privaciones de la libertad, la mayoría fue sometida a torturas, algunas quedaron con lesiones y/o perdieron parte de su patrimonio debido a los robos, considerados “botín de guerra”. A esto se suman varios casos de encubrimiento junto a una supresión de identidad y la sustracción de una bebé.
 
Amenazas a funcionarios judiciales en San Rafael

El juez federal de San Rafael y el ex fiscal Federal, Eduardo Puigdéngolas y Francisco Maldonado, respectivamente, fueron amenazados telefónicamente desde el Penal de San Felipe por uno de los presos por delitos de lesa humanidad, detenido allí.

“Ya hice la denuncia en la Fiscalía Federal y se están tomando las medidas necesarias. Fue una amenaza directa de un detenido por delitos de lesa humanidad”, indicó el juez Puigdéngolas, quien investiga la participación de ex policías y militares en la represión de la dictadura.

“Cuídense, estamos cerca”, les dijo una voz de hombre por teléfono. La amenaza ocurrió este fin de semana en forma directa y provino desde el penal de San Felipe, anexo a la cárcel de esta capital, donde el detenido espera el desarrollo del quinto juicio por delitos de lesa humanidad que se realizaría este año en San Rafael, a unos 250 km al  sur de la capital provincial.

En tanto el ex fiscal federal, quien actualmente está a cargo de la Fiscalía en San Juan, Francisco Maldonado, también fue amenazado telefónicamente y haría la denuncia en San Juan para que luego la justicia de allí gire la denuncia a Mendoza.

El año pasado, el magistrado mendocino concretó la detención y procesamiento de 14 ex integrantes de la policía de Mendoza y ocho militares de un total de 35 originales, a quienes se los investiga por su presunta comisión de delitos de lesa humanidad en San Rafael durante la dictadura. Tras la denuncia, Puigdéngolas tiene custodia de la Policía Federal en su domicilio.

También el año pasado, este juez federal estuvo a cargo junto al Equipo Argentino de Antropología Forense de la búsqueda de restos óseos humanos en las inmediaciones de un ex refugio militar ubicado en el departamento mendocino de San Carlos, donde se hallaron fragmentos de huesos, pero aún sin resultados oficiales.

En San Rafael este año se espera concretar el segundo juicio por delitos de lesa humanidad (el quinto en Mendoza) en el cual se juzgará a 21 ex policías o militares. Algunos de ellos permanecen en la cárcel y otros con prisión domiciliaria a la espera del juicio. Sus imputaciones van desde homicidio, tormentos, privación ilegítima de la libertad, hasta asociación ilícita o robo.