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El Tribunal Oral Federal N° 6  condenó a los militares Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone a las penas de 30 y 16 años de prisión respectivamente; a 13 años al médico militar Norberto Atilio Bianco, y a 7 años de prisión a la obstetra Luisa Yolanda Arroche de Sala García, en el juicio por apropiación de menores en la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo. El médico Eugenio Martin, quinto imputado de la causa, fue absuelto. 

Es el mismo tribunal (con una sola variante entre sus integrantes) que, en julio de 2012, estableció que durante la última dictadura cívico militar existió un plan sistemático de apropiación de menores y condenó al dictador Jorge Rafael Videla a cincuenta años de prisión. Bignone y Riveros ya habían sido condenados en el marco de ese debate histórico. Los fundamentos de esta nueva sentencia se conocerán el 26 de febrero de 2015.

El tribunal tomó en cuenta condenas en otros Tribunales que los imputados ya tenían, por lo que se acumulan ambas montos de pena. En el caso de Riveros la pena será a cadena perpetua y en el de Bignone a 25 años. El Tribunal ordenó la inmediata detención de Arroche de Sala García y la liberación de Martin, que no puede hacerse efectiva porque está imputado en otro proceso.

Luisa Yolanda Sala de Arroche García.

Sobre la absolución de Martin, el fiscal Martín Niklison aseguró que la decisión del Tribunal “es por duda, con disidencia de la jueza María del Carmen Roqueta. Nosotros entendemos que no hay duda, por eso vamos a recurrir a Casación”. Niklison destacó que el médico ocupaba un cargo de importancia. “Si yo soy autoridad del Hospital Militar (como era el caso de Martin) y ahí hay mujeres embarazadas secuestradas, se hacen partos y se llevan a los chicos, la responsabilidad para nosotros queda claro”.

Riveros, Bignone, y Bianco fueron condenados como coautores penalmente responsables de la apropiación, sustracción, y ocultamiento de menores de 10 años. Arroche de Sala García como partícipe necesaria del delito de falsificación de documento público, en el caso del certificado de nacimiento de Francisco Madariaga Quintela, uno de los menores nacidos en Campo de Mayo.

La jueza Roqueta, que al igual que en 2012 presidió el Tribunal votó en disidencia total con la absolución y liberación de Martín. Y en disidencia parcial respecto de sus colegas, Julio Luis Panelo y Jorge Humberto Gettas, el único que no integró el Tribunal en aquella oportunidad, respecto de la coautoría de Bignone y la absolución de Bianco en algunos de los casos que se le imputaban.

Norberto Atilio Bianco.

Cuando se conoció su absolución Martín miró hacia abajo y se agarró el tabique con dos de sus dedos. Con la otra mano sostenía su bastón. Pareció emocionarse y no levantó la mirada ni siquiera cuando su abogado, Eduardo San Emeterio, le acarició la pierna. San Emeterio, defensor de represores y torturadores, había hecho un alegato político y defendido la dictadura al afirmar que no iba “a invocar la teoría de los dos demonios, porque hay uno solo y sabemos quiénes fueron”.

Martín estaba sentado en primera fila junto a Riveros y Bignone, que casi ni se inmutaron cuando se conocieron sus penas. Arroche de Sala García, sentada detrás de ellos, con un sweater rosa y una pashmina fucsia que subía tapando su boca movía la cabeza como negando los siete años que le dieron de cárcel.

Consultado sobre las sentencias, el abogado Alan Iud, de Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en la causa, explicó que “es difícil hablar de conformidad en un proceso de estas características” y reconoció que en cierta forma es un “retroceso” en comparación con lo que fue el caso de plan sistemático. Iud destacó que el proceso permitió poner en evidencia “la activa participación” de los profesionales de la salud para que estos delitos se llevaran a cabo.

Eugenio Martin.

Entre los casos que se juzgaron en este debate estuvieron la apropiación de los bebes de Marta Álvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Belaustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña. De ellos, sólo Francisco, Valeria Gutiérrez Acuña, y Catalina de Sanctis Ovando, recuperaron su identidad.

Francisco estuvo hoy en la sala Amia de los tribunales federales de Comodoro Py y se retiró después de que se conocieran los 13 años que el tribunal le dio a Bianco, que estaba imputado por su apropiación. “Estas son las reglas del juego. Vivimos en democracia y esto es lo que hay”, dijo el joven de 37 años que recuperó su identidad en 2010, pero destacó el proceso en sí mismo. Hijo del secretario de Abuelas de Plaza de Mayo, Abel Madariaga, que también estuvo en la sala, Francisco recordó los años de horror que vivió con sus apropiadores.

Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros.

Lo que se había pedido

La fiscalía a cargo de Niklison, y las fiscales ad hoc, Viviana Sánchez y Nuria Piñol,  había pedido la condena a prisión perpetua para Riveros,  40 años para Bignone. Y penas 35 y 30 años de prisión respectivamente para Martin y Bianco. Para Sala de Arroche García había solicitado 13 años de cárcel. Por su parte, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, había solicitado 40 años para Riveros, 35 para Bignone, 30 para Bianco y Martín y 12 para Sala de Arroche García.

Durante los alegatos, la fiscalía había hecho hincapié en el rol de los médicos en Campo de Mayo durante la dictadura. Niklison había sostenido que era “necesario romper con la impunidad alimentada por el mito del guardapolvo blanco y el rol del profesional inocuo que cumple con su función sin mirar alrededor”. Sánchez había considerado que “los jefes de servicio y médicos internos eran militares que prestaron servicios a la lucha antisubversiva”.

De la exposición de la fiscalía quedó en evidencia cómo médicos y directores del Hospital Militar dieron apoyo para atender a personas detenidas dentro de la zona IV (bajo la órbita de la cual estaba Campo de Mayo), y cómo este actuó como una unidad militar que brindó estructura sanitaria. La atención de las embarazadas era parte de la misión de esa zona y un objetivo prioritario. “Y para eso había médicos de confianza como Bianco, Martin, y otros tantos” dijo la fiscal Nuria Piñol. Y había destacado que las acciones no fueron individuales sino como parte del entramado contra “la lucha antisubversiva”.

Iud había considerado que había "prueba directa" para responsabilizar a Bignone, Riveros y, de acuerdo a los distintos casos, a Martín y Bianco. Arroche de Sala García está imputada por haber falsificado el acta de nacimiento de Francisco Madariaga, el hijo de Abel Madariaga –secretario de Abuelas- y Silvia Quintela Dalla Lasta, que permanece desaparecida.

Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.

Durante su alegato, el representante de Abuelas, contó quienes eran las víctimas, dónde trabajaban, cómo fueron secuestradas, torturadas y de cuánto tiempo estaban embarazadas cuando se las llevaron a la clandestinidad y las sometieron a todo tipo de vejámenes. De esos relatos se desprendió cómo hicieron pasar hambre a Isabel Acuña en el sótano de la comisaría 4 de San Isidro, la violación que sufrió Marta Álvarez mientras estaba embarazada y cómo le destrozaron el cráneo en medio de un fusilamiento después de parir.

O cómo le prometieron a Susana Strizler que le iban a dar su hijito recién nacido a sus padres, algo que nunca sucedió. La referencia a que Miriam Ovando había sido arrojada desde un avión en medio de “los vuelos de la muerte”, también fue parte de los casos que se contaron y que ocuparon la primera mitad de los alegatos. Catalina de Sanctis Ovando, la hija de Miriam, fue apropiada por Carlos del Señor Hidalgo Garzón, teniente del Ejército condenado recientemente a cadena perpetua por los hechos cometidos en el centro clandestino de detención, La Cacha.