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El miércoles se escuchará un testimonio más en el juicio por el funcionamiento de la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo. Será el último. Todos los demás serán incorporados por lectura. Durante la audiencia de hoy el Tribunal Oral en lo Federal N° 6 hizo lugar a varios pedidos de las partes y desistió de otros. En la causa hay cinco imputados, entre ellos, el dictador Reynaldo Bignone. En la primera semana de noviembre empezarían a escucharse los alegatos de las partes.

En el debate en el que se investigan los delitos de apropiación de menores y privación ilegítima de la libertad, ocurridos durante la última dictadura cívico-militar en esa guarnición militar, son juzgadas la obstetra Yolanda Arroche de Sala García, los médicos  militares, Norberto Atilio Bianco y Raúl Eugenio Martín, el dictador Reynaldo Bignone, y el militar, Santiago Omar Riveros.

En la causa, caratulada “Bignone Reynaldo Benito y otros s/ sustracción de menores y otros”, también estuvieron procesados los médicos militares Jorge Haddad y Ramón Capecce, que no llegaron al juicio porque la causa contra ellos se suspendió en virtud de sus estados de salud. En el debate, que tiene como querellante a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, se juzga el secuestro de ocho embarazadas y sus partos en el Hospital Militar de Campo de Mayo, cuyo jefe máximo era Bignone.

Los jueces María del Carmen Roqueta, José Luis Panelo y  Jorge Humberto Gettas, miembros del TOF 6, no hicieron lugar al pedido de la fiscalía a que se incorpore por lectura las declaraciones de Bignone y Riveros en la causa 1351 (de Plan Sistemático), en virtud de que los asiste el artículo 378 del Código Procesal Penal (CPP). Tampoco hicieron lugar a la incorporación, de la misma forma, de la declaración de Bianco, teniendo en cuenta el artículo 18 de la Constitución Nacional. Sí permitieron la incorporación de las declaraciones de Haddad y Capecce teniendo en cuenta los artículos 77 y 392 del CPP.

El primero hace referencia a que “si durante el proceso sobreviniere la incapacidad mental del imputado, el tribunal suspenderá la tramitación de la causa y, si su estado lo tornare peligroso para sí o para los terceros, ordenará la internación de aquél en un establecimiento adecuado, cuyo director le informará trimestralmente sobre el estado del enfermo”. En tanto que el 392 establece que: “el tribunal podrá ordenar la lectura de las denuncias y otros documentos de las declaraciones prestadas por coimputados, ya sobreseídos o absueltos, condenados o prófugos, como partícipes del delito que se investiga o de otro conexo, de las actas judiciales y de las de otro proceso agregado a la causa.

El Tribunal también comunicó que envió pliegos de preguntas al director del Hospital Militar de Campo de Mayo y al actual embajador argentino en Costa Rica, Martín Balza, quien todavía no dio precisiones de cuándo podría responderlas. Balza explicó al Tribunal que viajó a Buenos Aires para obtener un diagnóstico por un problema de salud. La fiscalía y la defensa de Riveros insistieron en la importancia de la declaración de Balza, quien cumplía funciones como “jefe de día” en la guarnición Campo de Mayo.

Los cinco testimonios previstos para hoy, que habían sido pedidos por los abogados de los defensores, también se decidió que fueran incorporados por lectura.

El miércoles, a las 10, cuando comience la nueva audiencia, declarará Eduardo Julio Poison, un médico civil que trabajaba en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Poison ya declaró haber escuchado rumores de que había mujeres detenidas alojadas en el lugar y relató un incidente posterior a la revisación de una embarazada que estaba en el pabellón epidemiología, que le tocó atender a otro médico. 

Para esta audiencia también estaba previsto el testimonio de Pablo Cóncaro, tío de María Cristina López Guerra, que era cuñada de Valeria Belaustegui, una de las mujeres cuyo caso es juzgado en este debate. Cuándo Cóncaro se reunió con Bignone para saber sobre el paradero de su sobrina (que también estaba embarazada, pero su caso no está en este juicio) también lo hizo por Belaustegui. Su testimonio también será incorporado por lectura.

El escritor Rafael Belaustegui, padre de Valeria, José, y Martín, que también fueron desaparecidos, presentará un certificado médico porque no puede declarar.

 El Tribunal Oral Federal 6 tuvo a su cargo el primer juicio por robo de bebés en la última dictadura cívico militar que en el 2012 sentenció que hubo un plan sistemático de apropiación de recién nacidos cuyas madres se encontraban en cautiverio, por lo cual condenó a penas de hasta 50 años de cárcel a los acusados, entre ellos el fallecido dictador Jorge Rafael Videla.

Bignone ya fue juzgado en este primer debate, condenado a 15 años pero la Cámara Federal de Casación Penal le subió la pena a 25 años.