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En la vieja casona de Mansión Seré y las brigadas aéreas de la subzona 1.6, los jefes aeronáuticos calcaron los métodos de sus camaradas de armas, soldados y marinos. Hubo una orden que partió desde la cúspide del Primer Cuerpo de Ejército en junio de 1976, que encabezaba Carlos Suárez Mason, delegando en el brigadier mayor Miguel Ángel Osses y sus subordinados la llamada “lucha contra la subversión” en los partidos de Merlo, Moreno y Morón. Así lo concluyó la fiscalía federal de San Martín, después de haber escuchado durante más de un año a víctimas, familiares, colimbas y represores. “No hay diferencias en el método –secuestro, tortura, violaciones, homicidios y desaparición de cuerpos- pero tampoco las hay en el sadismo con que actuaron, en las monstruosas conductas que adoptaron en nombre de dios, la civilización, la moral y la patria”, aseguró Martín Niklison, el representante del Ministerio Público Fiscal, durante su alegato.

Para llega a esa conclusión, además de los testimonios de los sobrevivientes –sobre los cuales se había sostenido la sentencia del primer juicio de Mansión Seré- la unidad fiscal contó con dos elementos más: el relato de los colimbas y la información que surgió de los legajos personales.

El juicio comenzó el 26 de marzo de 2014. Se juzga a los ex brigadieres de la Fuerza Aérea Hipólito Mariani, César Miguel Comes y Miguel Ángel Ossés, y a los ex policías bonaerenses Néstor Rubén Oubiña, Felipe Ramón Sosa, Héctor Oscar Seisdedos, Daniel Alfredo Scali y Marcelo Eduardo Barberis. Están acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos, homicidios y también por delitos sexuales, de acuerdo al pedido efectuado por Niklison y que el TOF5 concedió el 18 de marzo pasado.

“Declararon varios colimbas que fueron muy importantes, porque corroboraron la veracidad del relato de las víctimas”, dijo Niklison a Infojus Noticias. Fueron los colimbas, por ejemplo, quienes a lo largo de las audiencias contaron que dentro de la primera brigada aérea de Palomar, atrás de la pista, al fondo, había una construcción precaria que llamaban “la casita de la tortura”. Que habían encontrado instrumentos elásticos y rastros de sangre. Otros contaron haber visto gente encapuchada, o en un calabozo a alguien a quién los aeronáuticos llamaban “el subversivo”, y que a uno de ellos le dijo “yo ya estoy muerto”. Nunca más se lo volvió a ver.

Los legajos fueron el tercer pilar que emergió durante el debate y apuntaló el relato de los sobrevivientes. El Ministerio de Defensa los desclasificó y la fiscalía pidió los de Daniel Alfredo Scali, Marcelo Eduardo Barberis, Héctor Oscar Seisdedos, Felipe Ramón Sosa, Néstor Rubén Oubiña, Hipólito Rafael Mariani, César Miguel Comes y Miguel Ángel Ossés, los ocho imputados.

“Surgieron datos inesperados: por ejemplo, los suboficiales de la Brigada de Palomar, que pedían la baja en la década del ’90 por traumas durante el servicio”, explica Niklison. En las fundamentaciones del pedido, citaban los traumas de haber presenciado interrogatorios, por ejemplo. “Uno de los imputados, Barberis, niega haber participado en todo, y aunque hubo un testigo que lo reconoce y lo vincula a la causa, en su legajo también figuraba a lo que había asistido, y firmado por su superior”, completa el fiscal.

Si bien hay otros aeronáuticos condenados en juicios en el resto del país -el vicecomodoro Luis Fernando Estrella fue sentenciado por el homicidio del obispo Enrique Angelelli y otros dos sacerdotes-, esta es la primera vez que se juzgará el rol institucional de la Fuerza.

“Desde el juicio a las Juntas, y con la actuación de alguna parte de la aviación en la Guerra de Malvinas, el rol de la Fuerza Aérea había quedado desdibujado. A (Orlando) Agosti le habían dado tres años y nueve meses, lo mismo que un robo calificado”, aseguró Niklison a esta agencia. “Durante este juicio se comprobó que en el circuito formado por las brigadas aéreas de Morón, Moreno y El Palomar, el Grupo de Vigilancia Aérea de Merlo (G1VA) y las comisarías de Morón, Haedo y Castelar, se torturó, se violó, se despareció”, completó el fiscal.

La última –y única- condena a los aviadores de la zona oeste fue hasta la actualidad la de noviembre de 2008, cuando los brigadieres Mariani y Comes fueron condenados a 25 años de prisión por ocho y seis secuestros y tormentos agravados respectivamente, entre ellos los casos de Guillermo Fernández, Claudio Tamburrini, Carlos Alberto García y Daniel Russomano, quienes lograron fugarse por la ventana de la casona, atando sábanas, aprovechando un descuido de sus secuestradores. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 5 de capital federal los había dejado en libertad hasta que la condena quedara firme. Mañana, la fiscalía intentará que la impunidad sobre el arma cambie: terminará su alegato pidiendo que los aviadores y los policías bonaerenses sean condenados.

LB/RA