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Jueces, fiscales y docentes debatieron el viernes sobre el Poder Judicial y la dictadura y expusieron sobre los juicios de lesa humanidad “por dentro”. La actividad “Justicia y Dictadura”, en conmemoración por los 38 años del último golpe cívico militar, se realizó en el marco del lanzamiento del espacio de docentes e investigadores Unidad en la Diversidad, en la Facultad de Derecho de la UBA. “En la dictadura no había un limbo sino una estructura normativa y un plan sistemático”, dijo el fiscal General Alejandro Alagia, que compartió la mesa con otros cuatro funcionarios judiciales.

“A algunos colegas les producía resquemor cuando yo preguntaba a las mujeres: ‘¿Y cómo parió’”, dijo la jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 6, María del Carmen Roqueta, en referencia a sus intervenciones en juicios por robo de bebés durante la dictadura militar. La magistrada integró el panel “Los juicios desde adentro”. “Debo decir que yo al principio dudaba si estaba sistematizado el tema de las mujeres. Y sí, y después lo firmé, muy confiada y muy segura”, contó. Su exposición puso la piel de gallina a más de uno. “A las madres y abuelas las hacíamos pasar a nuestro despacho para decirles que íbamos a ir al tiempo que ellas necesitaran”, relató, y se refirió a una de las definiciones que debió afrontar: “Los nietos recuperados son desaparecidos, pero están con vida”.

Entre el auditorio, más de ciento cincuenta personas escuchaban los paneles, entre docentes, funcionarios judiciales y algunos estudiantes. La actividad comenzó pasadas las cinco de la tarde en el Salón Verde de la Facultad. La titular del espacio Justicia Legítima y jueza de la Cámara de Casación Penal, María Laura Garrigós de Rébori, presenciaba las exposiciones desde las primeras filas.

Alagia contó que pasó de militar los juicios a formar parte de ellos. “Gran parte del período que estuve en la universidad milité el pedido por la realización de los juicios, y después me tocó intervenir representando a la fiscalía en la causa por Atlético-Banco-Olimpo y en el del Vesubio.”, relató. “No hay ningún limbo: había una estructura normativa y un plan sistemático. Y no sólo había un plan sino que había diez kilos de leyes de exterminio emitidas por las máximas autoridades del Estado, era un Código Penal paralelo. Había un derecho y una pena genocida”, expuso el fiscal.

Lo sucedió en el panel Javier De Luca, fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación Penal, que resaltó las dificultades que todavía existen en la realización de juicios por delitos de lesa humanidad. “Los problemas son de distinta índole. Faltan recursos de gestión. Algunos son estupideces del tipo ‘alquilen un cine para hacer un juicio si no hay lugar’. Hoy tenemos muchos problemas técnico-jurídicos en los juicios, y muchos de ellos son incorporados por los mismos jueces o fiscales. Tenemos problemas de estrategias imputativas, sobre el dolo eventual o la omisión impropia, cuando lo que hay que decir es ‘bueno, este tipo mató a unas mil personas’”, señaló.

De Luca apuntó a una de las cuestiones centrales en la discusión doctrinaria de este tipo de juicios: “Ciertos delitos comunes, como la omisión de conceder un habeas corpus, en este contexto son delitos de lesa humanidad. Hemos logrado que la Cámara de Casación ratifique esta teoría”. Concluyó con un mensaje para algunos de los más jóvenes que se encontraban en el auditorio: “Yo espero que ustedes que son jóvenes se den cuenta de la importancia que tienen estos juicios, porque hay funcionarios y empleados judiciales que no se dan cuenta”.

El juez Daniel Morín, que integra el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7, se refirió a su experiencia en causas de lesa humanidad en la provincia de Jujuy. “Minera Aguilar, una de las dos empresas más grandes de Jujuy, levantaba a los obreros en camiones y después les mandaban el telegrama de despido”, contó en relación a los mecanismos de desaparición de personas en la provincia. “El cuarto poder jujeño era el poder eclesiástico: el cura iba a la cárcel y les decía a los detenidos que tenían que confesar, que tenían que decir que eran subversivos”, dijo.

El último expositor fue Daniel Obligado, miembro Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5. “Es grave que una víctima se encuentre por enésima vez diciendo lo mismo en un Tribunal y reviviendo todo aquel martirio por el cual pasó”, dijo el juez que intervino en causas contra el Primer Cuerpo del Ejército y por crímenes cometidos en la ESMA. “Debe haber una superación que implique un mayor compromiso ético social”, reflexionó.

-Crímenes de oficina

Más temprano, el primer panel lo integraron Carlos María Cárcova, profesor emérito de la UBA; Jorge Auat, fiscal General de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad; Luis Fernando Niño, profesor de derecho penal y juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 20 de la Capital Federal; y la antropóloga María José Sarrabayrouse Oliveira, autora del libro “Poder Judicial y Dictadura. El Caso de la Morgue”.

“Yo venía pensando en esto de la dictadura y la Universidad, o la dictadura y el Poder Judicial, y en realidad es dictadura y sociedad”, reflexionó Auat, y dijo que “aquí de lo que se trata es de empezar a hablar en serio de un cambio de paradigma”. Por su parte, Cárcova recordó a abogados desaparecidos y señaló: “Algunos eran militantes y otros sólo presentaban amparos y habeas corpus. (…) Los abogados servíamos básicamente para llegar con un habeas corpus y que el juez nos diera la posibilidad de que frenaran la tortura, había que llegar rápido. Si ponían presos políticos, sabían que los íbamos a sacar”, dijo.

“Desde los primeros días del régimen empezaron a llover recursos de habeas corpus. Después, empezaron a llegar pedidos de informar los nombres de los abogados que interponían esos recursos. Y después quedaban los familiares como únicos accionantes”, recordó Luis Fernando Niño “Me pregunto qué es lo que se hizo con los expedientes en esos Juzgados”, agregó.

La encargada de concluir la exposición fue la antropóloga María José Sarrabayrouse Oliveira, autora del libro “Poder Judicial y Dictadura. El Caso de la Morgue”, que bromeó por ser la única panelista no letrada. La investigadora analizó su trabajo para conocer los vínculos que funcionaron entre la Justicia y la dictadura. “Es la trama administrativa la de violencia, lo que llaman ‘crimen de oficina’. No era la dictadura asesinando, sino el recorrido de esas pequeñas firmas, era la otra cara de la represión, la que llaman la banalidad del mal”, contó. “La causa de la morgue consistió en una denuncia no contra las Fuerzas Armadas, sino contra el Poder Judicial”, dijo.

-Un espacio nuevo

Unidad en la Diversidad, nuevo espacio que nuclea a docentes e investigadores de la Facultad de Derecho recibió las adhesiones de Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo; Baltasar Garzón, ex juez español; y de HIJOS Capital, entre otros.

Al leer la declaración de principios del espacio, la jueza del Tribunal Superior de Justicia porteño Alicia Ruiz, que integra el nuevo grupo, aseguró: "Defendemos la universidad pública, gratuita, laica, abierta a todos/as y autónoma. Queremos una institución que proyecte su actividad en la sociedad con una impronta innovadora capaz de atender las necesidades sociales".

"Apuntamos a que la Universidad de Buenos Aires, y en particular la Facultad de Derecho, recuperen el lugar y la legitimidad como institución social relevante más allá de las aulas", dijo. 

En el encuentro, que se llevó a cabo en en Salón Verde de esa Facultad -en Figueroa Alcorta 2200 en esta Capital-, participó María Laura Garrigós de Rébori, titular de Justicia Legítima, entre otros referentes del Poder Judicial y más de 150 docentes y graduados.