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La jueza federal de Chaco, Zunilda Nirenperger, procesó con prisión preventiva a un ex militar y a cinco ex policías acusados de formar parte de los operativos represivos contra los campesinos de las Ligas Agrarias. Entre los casos que se juzgan en la causa están los homicidios de los dirigentes Ñaro Gómez Estigarribia y Carlos Piccoli. La resolución fue tomada el 30 de diciembre, último día hábil de actividad judicial en la provincia del norte argentino.

El procesamiento alcanzó al ex teniente coronel del Ejército, Tadeo Betolli, y al agente Miguel Antonio González, acusados por el homicidio agravado de Gómez Estigarribia; mientras que los ex agentes policiales Carlos Chávez y Alcides Safenraiter quedaron imputados por el homicidio de Piccoli. En los mismos casos, la jueza ordenó procesar al ex oficial principal, José Francisco Rodríguez Valiente, por el delito de encubrimiento de ambos homicidios y al entonces comisario general Eduardo Wischnivetzky por la privación ilegal de la libertad y tormentos de tres trabajadores rurales. En su caso, sin embargo, se dictó la falta de mérito por un caso de violación.

Según la versión oficial, tanto Raúl Eduardo Gómez Estigarrribia como Carlos Piccoli fallecieron en enfrentamientos con fuerzas de seguridad; así quedó registrado en los sumarios policiales incorporados a un expediente de la justicia federal de la época. Sin embargo, la investigación y la conclusión de resolución de la jueza Nirenperger indican que, en ambos casos, los dirigentes de las Ligas Agrarias habrían sido ejecutados.

Gómez Estigarribia, dirigente rural y docente, era buscado intensamente, desde 1975, por las Fuerzas Armadas, debido a su activa participación y militancia en las Ligas. El 12 de febrero de 1977, había organizado una reunión en una casa de la localidad de Corzuela, sobre la que tomó conocimiento el oficial de inteligencia del Ejército Bettolli, quien operaba en la zona en la persecución de la organización y montó un operativo para tenderle una emboscada.

Para ello, el Ejército y la Policía de Chaco habían dejado la luz prendida del exterior de la casa y se aseguraron de que Gómez Estigarribia no pudiera ingresar. Así quedó expuesto: fue atacado al llegar al lugar, con disparos de arma de fuego de todos los integrantes de la patota conjunta, lo que le provocó, según la autopsia policial, al menos tres heridas en el tórax, la pierna izquierda y una mano. Un testigo, que trasladó a Gómez Estigarribia, había asegurado que estaba desarmado, ya que habían viajado por la ruta y debían sortear los controles policiales sin correr riesgos. Sin embargo, a los familiares se les entregó un certificado de defunción del Registro Civil –adjuntado en el expediente judicial– que certificaba falsamente que el referente agrario había fallecido en un accidente, en la ciudad de Resistencia.

Por su parte, Carlos Servando Piccoli debió exiliarse en España por la persecución que sufría desde 1975. En 1979, regresó a la provincia del Chaco y a la militancia junto a Armando Molina –quien permanece desaparecido–, para abocarse a la reconstrucción de las Ligas Agrarias, a través de la visita y el diálogo con pequeños productores, así como la entrega de volantes que promovían el regreso de la democracia, siempre desde la clandestinidad, en resguardo de su vida.

En las primeras horas del 22 de abril del ’79, Piccoli se trasladaba en bicicleta por un camino vecinal del paraje Pampa Florida de la zona rural de la ciudad de Sáenz Peña, cuando fue sorprendido por un retén policial, integrado por dos agentes armados con un fusil FAL y una pistola ametralladora PAM 3, donde finalmente fue asesinado.

La acusación que pesa sobre el ex comisario general Wischnivetzky está enmarcada en crímenes de lesa humanidad que sufrieron, durante la última dictadura cívico militar, los pobladores rurales y pequeños productores del interior del Chaco, relacionados con la persecución a militantes de Ligas Agrarias. En ese contexto, el entonces comisario de Villa Ángela comandó secuestros y torturas a integrantes de la organización campesina, ocurridos en la localidad de Villa Berthet, el 30 de agosto de 1976.

Los productores fueron apresados de manera ilegal y torturados para sacarles información sobre las Ligas y, en particular, sobre Hugo Voucouber y Secundino Taco Vallejos, dirigentes de esa organización que eran buscados y que permanecen desaparecidos.