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Los juicios orales y públicos se desarrollan en Capital Federal, Córdoba, San Luis, La Plata, Rosario, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, Salta y Tucumán. En la Ciudad de Buenos Aires continúa el proceso en el que son juzgados 68 represores acusados de haber cometido 789 secuestros, torturas y homicidios en la ESMA.

Entre los imputados se encuentran ocho aviadores navales y de la Prefectura acusados por los denominados "vuelos de la muerte", en los que se arrojaba prisioneros vivos al mar o al Río de la Plata. También en Capital Federal sigue el juicio por delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor, el acuerdo de las dictaduras sudamericanas para perseguir a opositores políticos fuera de sus propios países.

En tanto, se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de esta Capital, el juicio por delitos cometidos en el centro clandestino de detención "El Vesubio", en el que son juzgados cinco represores por delitos cometidos en perjuicio de 204 víctimas.

Asimismo, en Córdoba, continúa la etapa testimonial del juicio de la megacausa `La Perla´, que involucra a 417 víctimas y tiene ahora 52 imputados, entre ellos el represor Luciano Benjamín Menéndez, y que lleva más de un año.

En este juicio se agregó esta semana una nueva causa en la que se juzga a detención ilegítima de los empleados de empresas del Grupo Mackentor, directivos y accionistas, quienes fueron privados ilegítimamente de su libertad y sometidos a torturas en los centros clandestinos de detención y torturas la Ribera y La Perla.

En San Luis, comenzarán el 3 de octubre los alegatos del proceso en el que son juzgados 29 represores, entre ellos Menéndez, por hechos ocurridos en Villa Mercedes, Luján, La Toma y la ciudad de San Luis, en perjuicio de 11 militantes víctimas de desaparición y asesinatos y la privación ilegítima de la libertad seguida de tormentos.

En tanto, se encuentra en etapa de alegatos el juicio a 18 ex militares y policías, entre ellos Miguel Etchecolatz, y tres civiles, por el secuestro y tortura de detenidos alojados en el centro clandestino La Cacha, ubicado en las afueras del partido de La Plata.

En este juicio, se ventilan las detenciones ilegítimas de unas 128 personas, entre ellas Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto; y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España.

En Rosario, en tanto, el Tribunal Oral Federal 2 encabeza un juicio por delitos en perjuicio de 43 víctimas, en el que son juzgados nueve represores. Se trata de un desprendimiento de la causa "Díaz Bessone" (Ex Feced II) y cuya sentencia se conocerá el 10 de octubre. En Mendoza, en tanto, unos 41 imputados, entre los que se encuentran los ex jueces Otilio Romano, a quien esta semana le negaron la prisión domiciliaria, y Luis Miret, comenzaron a ser juzgados en lo que constituye un megajuicio relevante debido a la cantidad de funcionarios judiciales procesados.

En tanto, el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín sigue el juicio por delitos cometidos en el centro clandestino de detención conocido como "Mansión Seré", y en otros lugares que integraron el circuito represivo de la zona oeste del conurbano bonaerense.

Durante el juicio se analiza la responsabilidad de ocho represores por delitos cometidos en perjuicio de 97 víctimas ocurridos en la Subzona 16, como era llamada la zona oeste de Buenos Aires (Morón, Ituzaingó y Hurlingham, Merlo y Moreno).

En Salta, mañana concluirá el juicio que investiga los crímenes contenidos en la "Causa Metán", en el que la justicia investiga los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en esa localidad del sur de la provincia, proceso que tiene 12 víctimas y seis imputados.

En la ciudad bonaerense de San Nicolás, se desarrolla el juicio por la causa conocida como "Saint Amant II", cuyo principal acusado es el teniente coronel (RE) Fernando Manuel Saint Amant. En la causa se acumularon 15 expedientes con casos de 76 víctimas del terrorismo de Estado provenientes de las localidades bonaerenses de Pergamino, San Nicolás, Baradero y San Pedro.

En Mar del Plata, el Tribunal Oral Federal local, juzga al ex coronel Carlos Aldo Máspero, quien había sido apartado por problemas de salud de otros procesos. Los alegatos comenzarán el 1 de octubre.

En Bahía Blanca se desarrolla el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en el que son juzgadas 24 personas.

En tanto, en los Tribunales Federales de San Martín se realiza un nuevo juicio en el marco de la megacausa Campo de Mayo, esta vez para juzgar a los responsables de cometer delitos de lesa humanidad contra obreros de fábricas de la Zona Norte del Gran Buenos Aires y, en algunos casos, contra sus familiares.

En las audiencias son debatidas sucesivamente seis causas que agrupan 23 casos con más de 60 víctimas, en su mayoría trabajadores (y en algunos casos sus familiares) de los astilleros Astarsa y Mestrina, de los establecimientos ceramistas Cattáneo y Lozadur y de la metalúrgica Bopavi.

En tanto, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe juzgó a tres represores, entre ellos José María González, primer interventor de la provincia tras el golpe del 24 de marzo de 1976. Son juzgados, además de González, el ex militar Jorge Roberto Diab y al ex comisario de policía, Ricardo José Salomón por el secuestro y torturas en perjuicio del ex intendente Noé Adán Campagnolo y el ex presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Rubén Dunda, que eran dos autoridades del PJ que fueron elegidos democráticamente.

La sentencia iba a conocerse esta semana pero por enfermedad el represor González no pudo asistir a la audiencia ni pronunciar sus últimas palabras y por lo tanto se postergó para el 1 de octubre.

El miércoles 17 de septiembre comenzaron dos procesos: uno en la Ciudad de Buenos Aires, en el que se juzga por segunda vez el robo de bebés, y otro en Tucumán, que es el décimo proceso que se desarrolla en esta provincia.

En este marco, el Tribunal Oral 6 comenzó a juzgar al dictador Reynaldo Benito Antonio Bignone, al ex jefe de la Zona Militar IV Santiago Riveros, al ex jefe del Servicio de Traumatología de la institución, Norberto Atilio Bianco, al jefe del Servicio de Clínica, Raúl Eugenio Martín, y a la obstetra Yolanda Arroche de Sala García.

En este proceso se investiga la apropiación de nueve bebes de los cuales tres fueron restituidos. Se trata de los hijos de Marta Alvarez; Susana Stritzler; Mónica Masri; Valeria Beláustegui Herrera; María Eva Duarte; Myriam Ovando; Silvia Quintela Dallasta; Norma Tato y Liliana Isabel Acuña.

También, se buscará establecer el rol de los acusados en la privación de la libertad de cuatro víctimas.

En Tucumán, en tanto, son juzgados 11 represores por los crímenes que se cometieron en el penal de Villa Urquiza, donde funcionaba un pabellón exclusivo para los denominados presos políticos, conocido como “Pabellón de la muerte” donde se produjeron delitos que van desde torturas agravadas, torturas seguidas de muerte, delitos sexuales (incluidos los abusos y las violaciones), desaparición forzada y homicidios triplemente calificado. En este proceso iba a ser juzgado también Menéndez, pero quedó separado a raíz de estar siendo juzgado en la megacausa La Perla.

El lunes 22 comenzó en la ciudad bonaerense de Olavarría, el proceso por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención de Monte Peloni, cuyo expediente se elevó a juicio hace más de dos años y los imputados son el sargento Omar Antonio Ferreyra ("Pájaro"), el capitán Walter José Grosse ("Vikingo"), el general Ignacio Aníbal Verdura y el teniente primero Horacio Leites, quienes están acusados de "homicidio agravado con ensañamiento; privación ilegal de la libertad y torturas".

Todos los acusados pertenecen al Ejército y estaban asignados al regimiento de caballería mecanizada Tanques 2 que aún tiene asiento en esta localidad. Por otra parte, continúan por escrito, al sustanciarse por el viejo Código Penal, un juicio por apropiación en la Capital Federal, y otro en Entre Ríos por la causa "Area Paraná", en el cual organismos de derechos humanos y querellantes pidieron a la justicia federal entrerriana que la instancia de las declaraciones sean orales y públicas y no por escrito.