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La investigación judicial en los casos por delitos de lesa humanidad produjo importantes cambios en cómo procesar a los responsables del terrorismo de Estado. Así lo explica un informe del Programa Nacional de Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, donde se detalla que hubo 613 condenas en 133 juicios orales, 23 de los cuales se iniciaron en 2014. En primer lugar, ya no se acusa únicamente a represores: la concepción de dictadura cívico militar abarca un amplio abanico de actores sociales que participaron, en mayor o menor medida, de hechos represivos. Además, se afirmaron otras líneas de investigación que, a la luz de las nuevas audiencias, sentaron un importante precedente jurídico. Ellos son, entre otros, los delitos sexuales como delito agravado de lesa, la aplicación de la figura de genocidio antes del golpe militar, y las responsabilidades empresariales, judiciales y eclesiásticas.

Una parte de los juicios más importantes por delitos de lesa que siguen en curso comprenden algunas de esas líneas: el caso Mackentor en La Perla, Córdoba; el juicio a jueces en Mendoza; y nuevos juicios por delitos sexuales como el que comenzará en Chaco por la megacausa “Caballero II”. El informe detectó que “si bien en los últimos años ha existido un avance en relación a nuevas líneas de investigación, son muy incipientes y que aún existen fuertes obstáculos para su diligente pesquisa”.

Algunos de los obstáculos se relacionan con “la persistencia de una mirada sexista por parte de los operadores judiciales”. Otros, a la ausencia de “la agenda judicial de la persecución penal de ciertos espacios de represión”. El informe revela que hay dos zonas oscuras de la represión que aún no fueron objeto de instrucción judicial: las actuaciones de los Consejos de Guerra Especiales Estables y las estructuras de los Estados Mayores de cada Cuerpo del Ejército. Por último, según el Programa de Verdad y Justicia, existe un impedimento mayor: el poder fáctico que aún conservan “ciertas personas que se encuentran sindicadas como posibles responsables de estos hechos”.

La complicidad civil en el centro de los debates

En Mendoza, este año continuará la megacausa conocida como “el juicio a jueces”, en la que se encuentran procesados Otilio Romano, Rolando Evaristo Carrizo Elst, Gabriel Francisco Guzzo, Luis Miret y Guillermo Max Petra Recabarren, todos ex funcionarios judiciales. El punto común de la acusación a los cinco jueces es por no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos que llegaron por centenares a sus juzgados en forma de habeas corpus y demás recursos. Por otra parte, al sur de la provincia, en San Rafael, comenzó otro megajuicio emblemático sobre el centro clandestino La Departamental, que funcionó en el Poder Judicial local.

Otro casos relevante es el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier, dueño de Ledesma, y de su empleado Alberto Enrique Lemos. La justicia confirmó  al juez Eduardo Riggi como parte del tribunal, pero aún no definió cuándo empezará el juicio –se calcula será a mediados de este año- que los juzgará en dos causas.  Ambos están acusados de ser cómplices de delitos de lesa humanidad contra dirigentes sindicales, políticos y trabajadores de la compañía. Blaquier está procesado en una causa por el secuestro de tres dirigentes sindicales el 24 de marzo de 1976, que incluye al ex intendente de Libertador General San Martín Luis Ramón Arédez (causa Arédez). La segunda es la que se conoce como la “Noche del Apagón” (causa Burgos), cuando se realizaron una serie de secuestros en los tres pueblos que rodean al Ingenio Ledesma.

El director de La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, está acusado de integrar "junto con los mandos militares, una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional", para lo cual habría contribuido desde el diario actuando "de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales órdenes". Massot fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, "instigando, determinando, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos". El juez de la causa, Álvaro Coleffi, renunció después de ser recusado varias veces. La maniobra fue denunciada por los fiscales y por los organismos de derechos humanos de Bahía Blanca como una jugada de la corporación judicial. Ahora hay un compás de espera, mientras se aguarda una intervención del Consejo de la Magistratura.

Los delitos sexuales como delitos agravados de lesa

Por primera vez, un abuso sexual será juzgado como delito de lesa en Chaco. La joven S.F.A. y su compañero de vida y de militancia en el PRT y las Ligas Agrarias, Pedro Morel, estuvieron en las celdas de la Brigada de Investigaciones de la policía chaqueña a fines de mayo de 1977. Ella tenía 22 y él, 32. Aún están desaparecidos. En esos calabozos, dos guardias –Luis Borda y Rubén “Chuleta” Roldán– violaron a S. sistemáticamente; pero Roldán falleció y solo Borda enfrentará un juicio por estos hechos porque, pese al planteo de sus defensores, la Justicia federal chaqueña consideró estos ataques como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. La causa forma parte de la megacausa "Caballero II", en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, uno de los centros clandestinos de detención más grandes del nordeste argentino.

Durante su testimonio en Monte Peloni, Lidia Araceli Gutiérrez recordó cómo abusaron de ella en el centro clandestino. Araceli no fue  la primera sobreviviente de los campos de concentración de la dictadura cívico-militar que lo contó en un juicio oral. Existen relatos espeluznantes que se remontan al Juicio a las Juntas. En los últimos años, sin embargo, los actores judiciales comenzaron a recoger esos hechos para darles una autonomía jurídica: los delitos sexuales tenían una entidad propia que los diferencia de los tormentos que sufrían en cautiverio.

Hasta el momento, son siete las sentencias que destacan los delitos sexuales como delitos independientes a las torturas que se multiplicaban en los chupaderos. La sentencia en 2010 de la causa “Molina”, del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, fue la primera. La siguieron otros seis fallos: la causa “Sambueli” de septiembre de 2013 en Santa Fe; la causa “Martel” –el mismo mes- en San Juan; y dos sentencias en Santiago del Estero –“Aliendro” en marzo de 2013 y “Acuña” en febrero de 2014-. Las últimas dos fueron en marzo del año pasado: “Mulhall” en Salta, y la causa “Arsenales”, en Tucumán.

La figura de "genocidio" antes del golpe

En los juicios de 2015 el caso más resonante que juzgará los hechos represivos antes del golpe militar es el Operativo Independencia, en Tucumán. En las últimas semanas, 22 militares, gendarmes y policías acusados de cometer crímenes durante ese plan militar quedaron detenidos. Es la primera vez que todos los imputados son sometidos a proceso. La causa es emblemática: sentará un precedente jurídico para los delitos de lesa antes de la dictadura.

“Entre febrero de 1975 y marzo de 1976 formaron parte de estas operaciones más de treinta unidades militares, de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal de todo el país. Las consecuencias del Operativo Independencia en la provincia fueron devastadoras", dijo el fiscal Pablo Camaño, a cargo de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad.

Su efecto expansivo marcó un antes y un después en la concepción de la “lucha antisubversiva”: en cuestión de meses, el Poder Ejecutivo ordenó al Ejército extender a todo el país las operaciones contras las organizaciones guerrilleras. El Operativo, en efecto, es considerado como el antecedente fáctico del accionar de la dictadura: el plan represivo practicado en Tucumán se puso luego en marcha en todo el país, pero de manera sistemática y organizada.