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La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) del atentado a la AMIA envió hoy un exhorto a la justicia de los Estados Unidos con el objetivo de determinar el paradero del ex espía Antonio Horacio Stiuso y hacerle saber que los fiscales a cargo de la investigación del atentado terrorista prevén recibir su declaración testimonial dentro de los 10 días siguientes a que sea notificado.

Los fiscales Sabrina Namer y Roberto Salum firmaron el exhorto dirigido "a la autoridad judicial con competencia en materia Penal que corresponda de los Estados Unidos", luego de recibir la información de que el ex espía y colaborador del fallecido fiscal Alberto Nisman en la investigación del atentado contra la AMIA se encontraría en ese país.

El exhorto a la justicia de los Estados Unidos fue librado luego de que la oficina de la policía mundial Interpol en Washington se negara a colaborar con la localización del ex espía sobre el que pesa una "notificación azul" -de averiguación de paradero- librada a pedido de Interpol Argentina, en respuesta a una requisitoria de la UFI-AMIA.

Los magistrados que este año se hicieron cargo de la Unidad Fiscal Especial dispusieron el 16 de abril recibir la declaración testimonial de Stiuso con el objetivo de que brindara información detallada sobre el papel que desarrolló en el marco de la investigación de ataque terrorista ocurrido en el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

"Véase que ha sido el propio Stiuso quien se ofreció a brindar ese testimonio, mediante una nota del 5 de marzo de 2013 y la presentación realizada, en términos similares, el pasado 22 de abril de 2015 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación", indicaron desde los fiscales en el exhorto.

Pese a los pedidos de la Unidad Fiscal, el ex Director General de Operaciones de la ex Secretaría de Inteligencia "en ninguna oportunidad" puso "en conocimiento algún tipo de pormenor o resultado" de las tareas que habría realizado en el marco de la investigación, señalaron los fiscales.

En el escrito de nueve páginas al que Télam accedió de forma exclusiva, los titulares de la Unidad reseñaron cómo recibieron la información de que Stiuso se encontraría en Estados Unidos y cómo procedieron con la búsqueda.

El 30 de septiembre Interpol subió la ficha de Stiuso al sistema de notificación I-24/7 que enlaza a las policías de los 190 países miembros, con su foto de hace dos años y un pedido de "urgente registro y difusión" donde consta su calidad de “testigo” de una causa penal en la Argentina.

"En el marco de la notificación azul requerida a INTERPOL para determinar el paradero internacional de Stiuso, se obtuvo información acerca de que su última localización resultaba la ciudad de Miami, lo que motivó que la Oficina Central Nacional Buenos Aires requiriera a su par en la ciudad de Washington (EE.UU.) la información con la que se pudiera contar al respecto", indicaron.

La oficina norteamericana indicó entonces que Estados Unidos aconsejaba que la asistencia requerida fuera "solicitada más adecuadamente de conformidad con un pedido formal de asistencia legal mutua de conformidad con el tratado aplicable”, pese a lo cual la oficina de Interpol en Argenitna reiteró a su par en Washingon que confirme si Stiuso era “pasible de ser notificado” y volvió a requerir su cooperación.

En los últimos días, la oficina de Intepol en Buenos Aires recibió la información de que en Estados Unidos los datos de Stiuso fueron verificados contra el sistema I-24/7 y, pese al requerimiento formal, la oficina de Washington no emitió nuevas respuestas.

Los fiscales fundamentaron el envío del exhorto citando una serie de tratados y convenios internacionales como el "Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de los Estados Unidos de América, suscrito en la ciudad de Buenos Aires, el 4 de diciembre de 1990 (ley 24.034)".

El exhorto emitido por la UFI-AMIA fue remitido al ministerio de Justicia argentino que, de acuerdo a los convenios suscriptos entre ambos países, lo enviará directamente al Departamento de Estado norteamericano para que allí se canalice hacia la autoridad judicial competente.

Télam/LC