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Al ex juez Otilio Romano se le terminaron los días de sosiego en su refugio chileno. Anoche, a las 22.30, lo detuvieron agentes de Interpol en la ciudad balnearia de Reñaca donde vivía con orden de arraigo y un laxo arresto domiciliario nocturno, y lo trasladaron a la Corte de Apelaciones de Santiago. La detención fue ordenada por un juez de la Corte Suprema trasandina, Adalís Oyarzún, después de que la segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia de Chile fallara unánimemente que había que extraditar al juez que había cruzado los Andes escapando de la justicia argentina, en agosto de 2011. En los próximos días lo trasladarán a la Argentina.

Así, el máximo tribunal de Chile descartó el principal argumento de la defensa del ex camarista: que era un perseguido político, y que Chile debía atender al principio de reciprocidad ya que Argentina le había dado el estatus de refugiado al ex guerrillero Galvarino Apablaza Guerra, procesado por el asesinato en 1991 del senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI, un partido de extrema derecha chilena.

La noticia debe haber llevado algo de alivio a algunas de las 103 familias que durante la dictadura mendocina llegaron desesperados hasta su despacho, o al de otros jueces federales, a pedir por sus familiares secuestrados, torturados y desaparecidos. A muchos no se los volvió a ver. Que presentaron en vano recursos de hábeas corpus, porque a pesar de su deber de hacerlo, no investigaron.

Susana Ontivero es una de ellas. Era sindicalista. El 9 de febrero de 1976, almorzaba en su casa con su pareja y su hijo de cuatro años. Por el garaje, entraron insultando 7 u 8 hombres que llevaban puestas barbas falsas y pelucas. Les pegaron con el caño de sus armas largas, tanto que su hijo se quedó mucho tiempo sin habla. Los vendaron y los maniataron, y los cargaron en autos diferentes al D2 de la policía de Mendoza. Allí comenzó el verdadero infierno.

La tiraron en un calabozo durante 18 días. La patota la golpeaba y la violaba diariamente, “los momentos más horrorosos de su vida”, según recordó. La amenazaban con matar a su hijo si no colaboraba: estuvo secuestrado durante unos días y Susana no podía saber entonces que sería recuperado por su padre.

Romano era el fiscal de aquella causa en la que se la acusaba de violar la ley 20.840 de “actividades subversivas”. Pero no hizo nada. Ontivero no está segura de que haya asistido en persona al calabozo, porque estaba tabicada, pero sí recuerda que desfilaban personas “más cultas” que los guardias que les pedían “¿qué tal? Aguantá un poco más”. Desde allí fue trasladada a una comisaría donde funcionaba un juzgado, y tuvo una entrevista con el juez federal Rolando Carrizo. A Ontivero la arrastraban entre dos policías, destrozada como estaba por las torturas y las violaciones.

–Doctor, mire como estoy– le dijo tímidamente.

–¿No se habrá caído?-  fue toda la respuesta.

“Romano no daba curso a las actuaciones, omitía tomar decisiones en ese momento y los expedientes iban y venían entre distintos jueces que se subrogaban y recién en el 2003 se avanzó”, dice sobre ese caso el veredicto del Consejo de la Magistratura en el que se decidió su destitución.

Torquemada

“Cumplía la función de fray Tomás de Torquemada”, dijo a Infojus Noticias Pablo Salinas, abogado defensor de ex detenidos y denunciante. Romano intervino en la causa donde secuestraron a Ángel Bustelo, un viejo abogado del Partido Comunista. “Lo acusaba porque tenía afiches de Comachi, una asociación de ayuda al Chile democrático”, contó Salinas.

También detuvieron a Alicia Morales, hija de un suboficial de la policía. La llevaron al D2, el centro clandestino más cruento de la policía provincial, pero además le desvalijaron la casa. La mujer denunció en la causa el saqueo. El fiscal Romano se opuso a que pidieran un informe a la 8va. Brigada de Infantería de Montaña para que informaran dónde habían ido a parar. El fundamento: “La fiscalía se va a convertir en una oficina de objetos perdidos”. Para Salinas, esas actitudes “demuestran hasta qué nivel era la sumisión de Romano con la dictadura”.

La caída

El poderío de Romano, cimentado en buenas migas con un clan judicial, dirigentes políticos y grupos empresariales locales, se desmoronó en poco tiempo. En abril de 2010, dos ex detenidos presentaron una denuncia en la fiscalía general que investiga el Terrorismo de Estado, que la giró al fiscal general de Mendoza. Omar Palermo, se percató que los mecanismos de los denunciados eran exactamente iguales a algunos que venía investigando desde fines de 2009. Desempolvó los expedientes reservados en el Archivo General durante la dictadura en Mendoza.

Revisó más de 900 sumarios, entre ellos 350 hábeas corpus interpuestos a favor a personas secuestradas. Concluyó que “la probable comisión de un delito surgía de manera evidente -privaciones ilegítimas de la libertar, torturas, robos, allanamientos ilegales- llegados a conocimiento de los magistrados federales”. En julio Palermo pidió la declaración indagatoria del ex fiscal –entonces camarista- y los ex jueces Luis Francisco Miret, Rolando Carrizo y Guillermo Petra.

El juez federal Walter Ricardo Bento recogió el guante y en agosto decidió imputarlos por “conductas presuntamente ilícitas relacionadas con hechos acaecidos entre los años 1975 y 1983”. Esas conductas son, básicamente, el cajoneo de los habeas corpus o denuncias por desaparición forzada, privación ilegítima de la libertad y torturas. Romano fue imputado además como partícipe primario por “la presunta omisión, sistemática y prolongada en el tiempo, de promover la persecución y represión” de los crímenes de lesa humanidad.

Romano intentó frenar las investigaciones –en el Consejo de la Magistratura y en la Justicia- con una batería de amparos. Lo logró por un tiempo. En agosto de 2011, un día antes de que el Consejo de la Magistratura se reuniera para suspenderlo, Romano se fue al aeropuerto de Mendoza para cruzar la cordillera. Atrás habían quedado los días de euforia en los que fue fotografiado tomando champagne en una confitería céntrica con Guillermo Petra, brindando por una resolución de su colega que había logrado apartar de la causa provisoriamente al juez Bento.

Hasta la antesala del aeropuerto lo acompañó el ex juez Leiva, que lo despidió con una palmada en el hombro. Después seguiría su estrategia fallida de refugio político, y su temporada de prófugo en las playas del Pacífico, que se frustraron la noche de ayer.