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En una finca en la localidad de Abasto, a 15 kilómetros de la ciudad de La Plata, 311 personas fueron rescatadas de un presunto caso de trata de personas con fines de explotación laboral. Entre las víctimas, todas ellas en situación de vulnerabilidad, hay 72 menores de edad. Según la denuncia que difundió el sitio Fiscales, “los trabajadores realizaban tareas vinculadas al cultivo de hortalizas en jornadas que iban de lunes a lunes, desde las 6:30 hasta la puesta del sol, con un promedio de 12 a 14 horas diarias. Por este trabajo, percibían 30 pesos por hora, aproximadamente, aunque habitualmente el pago se dilataba”.

El 90 por ciento de las personas rescatadas son de nacionalidad boliviana, paraguaya y peruana, mientras que el 10 por ciento restante son argentinos, oriundos de la provincia de Salta. “Vivían en casillas de chapa y de madera, en condiciones de mucha precariedad, con dos inodoros para todos. Según la declaración de vecinos de quintas aledañas, el lugar estaba vigilado por personas armadas las 24 horas. Como resultado del operativo, dos personas quedaron detenidas, acusadas de ser encargados del establecimiento denominado Granja ‘ExpoVictor S.A.’”, informó el sitio del Ministerio Público Fiscal.

Las pistas de la denuncia

La causa se inició en octubre a partir de un trabajo articulado con el Juzgado Federal N° 3 de la ciudad de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak.

El procedimiento que se hizo el miércoles pasado fue solicitado por la fiscal Ana Miriam Russo, a partir de una publicación periodística que dio cuenta de un triple homicidio en el predio utilizado por la firma “Expovictor S.A.”, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la “pronta intervención del Juzgado”. Desde la fiscalía dijeron a Infojus Noticias que hoy la causa está en manos del juzgado.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Marcelo Colombo, inició una investigación a partir de la declaración del apoderado legal de la Delegación Buenos Aires del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA). “El organismo describió que en la finca señalada se encontrarían personas en situación de explotación laboral así como también escasa registración de los trabajadores por parte de la empresa empleadora. También aportaron imágenes para comprobar que las víctimas residirían en la finca en condiciones indignas”, publicó Fiscales.

El procedimiento estuvo a cargo de la Gendarmeria Nacional y el Programa de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación. Además, se solicitó la intervención del Centro de Asistencia a la Victima de PBA, a fin de que continúen acompañando y conteniendo a las víctimas. La investigación también incluye el patrimonio y actividades de las empresas y personas acusadas.