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Una frase del pensador alemán Walter Benjamin, en boca del titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, sirve para entender el trabajo de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad: “La memoria abre expedientes que el derecho cree olvidados”. La dijo hoy al recibir ciento veintidós legajos: once mil seiscientas fojas de trabajadores estatales desaparecidos que serán analizadas por el Ministerio Público Fiscal para engrosar o crear causas penales por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar.

Sentada a la mesa, junto al procurador, está Adriana. Su padre, Raúl Reydó, está desaparecido desde el 20 de mayo de 1977. Ese día, a las 11 de mañana, lo secuestraron de su casa de La Plata. Fue un operativo con más de 50 personas. Reidó era empleado de YPF y delegado sindical. Su esposa presentó el habeas corpus lo más rápido que pudo, pero así y todo en la empresa lo cesantearon por abandono de trabajo. La mujer pidió el legajo. Fue inútil, nunca pudo acceder a esa documentación. Hasta que más de treinta años después, Adriana recibió un llamado telefónico de Julián Scabbiolo, miembro de la Comisión, para contarle lo que estaban haciendo y que el legajo laboral de su padre había sido recuperado.

Ciento veintidós historias como la de Adriana fueron entregadas por la Comisión a la Procuraduría. Son legajos de trabajadores de YPF, Segba, Entel y otras empresas que, por ser parte del Estado terrorista, formaron parte de la represión. Scabbiolo, trabajador del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, graficó esto con un testimonios de un chofer de aquella época que acercó su experiencia a la Comisión. “El compañero contó que cuando llegaba a la mañana encontraba el Falcon que usaba con más kilometraje que con el que lo había dejado el día anterior. Le decían que lo lavara y que no preguntara nada sobre ese tema”, contó, como muestra de que la dictadura se valió de la estructura de todo el Estado para reprimir. “El 24 de marzo de 1976 el Estado todo pasó a la clandestinidad”, remató Auat.

Junto a Scabbiolo y Adriana Reydó estuvieron presentes Juan José Leiva, trabajador del subte; y Silvina Giaganti y Silvina Atencio, también miembros de la Comisión. “En estos expedientes hay nombres de civiles y militares que demuestran la complicidad de la sala de personal de las empresas del Estado y de un sector gremial en el accionar para la represión de estos compañeros”, explicó Scabbiolo.

La recuperación de los legajos de trabajadores desaparecidos no es solamente un acto simbólico. La justicia deberá analizar la información que contienen, y de la que pueden surgir pistas sobre las complicidades de los directorios en el plan sistemático de desaparición de personas articulado por la dictadura cívico militar. En muchos de los casos, los trabajadores terminaban cesanteados o despedidos con la excusa de haberse ausentado de su puesto de trabajo, cuando en realidad estaban secuestrados.

“La idea es que no haya ningún delito de lesa humanidad sin investigar”, respondió Auat. Y agregó: “Vamos a hacer una evaluación de los legajos para poder ver, en términos jurídicos procesales, cómo utilizamos esta información”, explicó. Distinguió tres posibilidades: una, que surja información para sumar a las causas que ya están en trámite; otra que puedan abrirse nuevas causas o que aparezca información sobre casos ya juzgados. “En estos, el legajo formará parte de la reparación de la memoria”, dijo. 

“Que estos legajos reparados vayan a las familias es parte de nuestro objetivo”, contó Silvina Atencio, hija de un desaparecido de la empresa de Servicio de Agua Potable, miembro de la Comisión. Ella tiene a su cargo la tarea de llamar a los familiares de los desaparecidos a medida que van recuperando los legajos. “Cuando les digo por qué los llamo se produce un silencio  

Uno de los casos más resonantes fue el de Haroldo Conti, escritor militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). En su legajo docente de los Liceos 7 y 11, figuraba que había hecho “abandono de cargo”. Ese estatus le fue asignado en 1979, Conti había sido secuestrado el 5 de mayo de 1976.  Hoy en su legajo, reparado hace pocos días, figura “desaparición forzada”, como motivo de su ausencia. 

La importancia de estos documentos laborales también radica en que, a través de ellos, muchos hijos de desaparecidos lograron descubrir datos sobre sus padres y madres para rearmar el rompecabezas del pasado. Hace poco menos de un mes, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, entregó seis legajos a familiares de detenidos desaparecidos que trabajaban en el organismo durante la última dictadura militar. En marzo, el ministro Axel Kicillof hizo lo propio con los trabajadores del Ministerio de Economía, entre los que estaba Carlos, el hijo de Nora Cortiñas, fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Empresas como Aerolíneas Argentinas también han entregado legajos de sus trabajadores desaparecidos.