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Lo hizo a través de la Resolución General 2, publicada hoy en el Boletín Oficial. Con esta medida, la Inspección General de Justicia pone a disposición de los interesados que así lo requieran, las actuaciones archivadas obrantes en el organismo. Entre los fundamentos para su adopción, figuran “facilitar la búsqueda y ordenamiento de los documentos” y “transparentar la información”.
El gobierno nacional puso a disposición de los interesados que así lo requieran las actuaciones archivadas obrantes en la Inspección General de Justicia (IGJ) –organismo encargado de registrar y fiscalizar a las sociedades comerciales y otras entidades–, al derogar una norma que regía desde enero de 2012.
El titular de la IGJ, Sergio Brodsky, adoptó la medida en razón de que “resulta necesario asegurar la conservación de aquellos documentos que realmente tienen valor permanente” y para “facilitar la búsqueda y el ordenamiento tanto de los documentos activos como los inactivos”.
La resolución general 2 del organismo, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, recuerda que “las actuaciones obrantes en la Inspección general de Justicia, revisten carácter público y estarán a la libre consulta de los interesados, conforme la reglamentación que dicte el organismo”, según lo estableció un decreto de 1982.
La medida de la IGJ deroga la resolución 3/2012 y apunta a la “transparencia de la información”, tal como habían anticipado desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Esa norma recibió duras críticas en los últimos años, basadas en que el organismo restringía o negaba el acceso a datos públicos correspondientes a las empresas denunciadas por presuntos casos de corrupción.
La IGJ fiscaliza también a las sociedades extranjeras, asociaciones civiles y fundaciones que se constituyen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es, además, la encargada de la inscripción en el Registro Público de Comercio de las sociedades comerciales nacionales y extranjeras; de las matrículas de los comerciantes, y de los auxiliares de comercio; de ejercer el control federal de las sociedades de ahorro; y de implementar el Registro Nacional de Sociedades.
En tal sentido, la IGJ cumple “un rol trascendente en la vida económica y social, en tanto asume la responsabilidad de garantizar el correcto funcionamiento de las entidades jurídicas, respecto de sus obligaciones con la sociedad de la que forman parte”, según indica en su sitio de Internet.
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