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“Los hombres se dividen en dos bandos: los que aman y fundan, los que odian y deshacen”.  Con estas palabras del poeta cubano José Martí, la fiscal Mercedes Soiza Reilly pidió a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 que entren con su sentencia en la historia democrática argentina y que condenen a “los que odiaron y subvirtieron el orden democrático”. Así finalizó la última audiencia del año en el juicio por la causa más grande de la historia judicial argentina: la megacausa ESMA unificada, que ventila los delitos de lesa humanidad cometidos contra 789 víctimas. La Fiscalía pidió 52 prisiones perpetuas y otras cuatro penas que van desde los 10 a los 25 años de prisión. Además, solicitó que el Tribunal ordene a los medios de comunicación que rectifiquen las informaciones que, en dictadura, calificaban de “delincuentes subversivos” a quienes en realidad fueron “víctimas del terrorismo de Estado” y así consolidaban la impunidad y el accionar del plan sistemático de desaparición de personas.

Fue una audiencia repleta de público. Algunos debieron sentarse en el suelo para presenciarla. El sábado, en la convocatoria “Ni uno suelto. Defendamos los juicios”, una de las acciones acordadas a micrófono abierto entre quienes se reunieron en Parque Centenario para pedir por la continuidad y la profundización de los juicios de lesa, fue asistir a esta audiencia del juicio ESMA.  

El inicio estaba previsto para las 9:30. Desde temprano familiares de las víctimas y militantes de organizaciones de derechos humanos se fueron acercando a la Sala AMIA de los Tribunales de Comodoro Py. Ahí se hicieron la mayoría de las audiencias, en ese lugar se expusieron las 108 horas de alegatos de la Fiscalía. Sin embargo, la luz del hall de la Sala AMIA estaba apagada. Por un pedido de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal el juicio debió trasladarse al Salón de Usos Múltiples (SUM). El cambio impidió que la proyección de las 789 fotos con los rostros de las víctimas pudiera verse en detalle, al igual que otras imágenes que la Fiscalía había preparado como corolario de su alegato. Pero al iniciarse la audiencia, cada uno de los familiares, sobrevivientes y militantes de derechos humanos presentes en el recinto sostuvieron bien en alto carteles con las fotografías de las víctimas.    

Las penas

Entre los 52 ex represores para los que la Fiscalía pidió perpetua están Jorge “El Tigre” Acosta (74), uno de los mandamases de la Escuela de Mecánica de la Armada y Alfredo Astiz (60) miembro fundamental del Grupo de Tareas 3.3.2 bajo el alias de “Cuervo”, “Rubio”, “Ángel”, “Gonzalo”, “Gustavo Niño” o “Alberto Escudero. Mientras la fiscal hilaba en su argumentación los nombres de los acusados, los delitos y las penas pedidas, en las pantallas ubicadas en el Salón de Usos Múltiples (donde se realizó la audiencia) iban desfilando los rostros de las 789 víctimas. Son tantas que no pueden ser nombradas una por una. Pero ahí estaban, sucediéndose en una serie de retratos mientras en el salón resonaban las penas para sus asesinos, Azucena Villaflor, Rodolfo Walsh, Enrique Raab, los Tarnopolsky -una familia diezmada por el terrorismo de Estado-, las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon, Alicia Eguren de Cooke, y otros cientos de personas. Estaba la foto en blanco y negro de Ana Rubel Castro, y a pocos metros, entre las filas del público, su hijo Jorge Castro Rubel, el nieto que recuperó su identidad hace exactamente un año, en diciembre de 2014.  

Para el ex secretario de Hacienda de la dictadura, Juan Ernesto Alemann, se pidieron 10 años de prisión por haber presenciado en su visita a la ESMA los tormentos agravados a Orlando Antonio Ruiz; mientras que para Roque Martello se solicitó que sea condenado a 18 años, por la privación ilegítima de la libertad agravada de Laura Di Doménico. Para Mario Pablo Palet  y Julio César Binotti  se pidieron 25 años.

Además en el alegato, el Ministerio Público Fiscal le pidió a los jueces que, en caso de condenar, revoquen las prisiones domiciliarias de los represores y que este beneficio quede sujeto al  correspondiente informe médico. También, que todos sean destituidos de las fuerzas a las que pertenecen. Otro de los pedidos de la fiscalía fue que los jueces soliciten al Poder Ejecutivo que declare de interés cultural los programas “La escuela va a los juicios” (nivel secundario) y “Los estudiantes vamos a los juicios” (universitario) por medio de los cuales los estudiantes asistieron a las audiencias. Por último, la fiscal pidió que la causa ESMA en su totalidad quede preservada y sea declarada de interés histórico y patrimonial, para el fácil acceso de las generaciones presentes y futuras.

“La verdad deberá ocupar el mismo lugar que ocupó la mentira”

“Los medios de comunicación deformaron y falsearon la verdad de lo ocurrido; calificaron a las víctimas del terrorismo de Estado como delincuentes, sediciosos, subversivos, terroristas”. Con esta frase, la fiscal Soiza Reilly introdujo en su alegato un pedido -de concederse- sentaría un precedente en los juicios por delitos de lesa humanidad.

Con réplicas de notas periodísticas de Clarín, La Nación, La Razón, La Prensa, La Opinión, Crónica y las revistas Para Ti y Gente –que se iban proyectando en las pantallas de la sala- Soiza Reilly explicó cómo los medios de comunicación funcionaron como cobertura y parte fundamental del aparato represivo. “Lo que hicieron no es un ejercicio de la libertad de expresión sino que la dictadura realizó a través de los diarios la acción psicológica del plan sistemático”, expresó la fiscal.

Entre los casos emblemáticos se nombró la nota publicada en Para Ti a Thelma Jara de Cabezas, víctima del GT 3.3.2, secuestrada en la ESMA. El 10 de septiembre de 1979, Thelma fue sacada unos minutos de su cautiverio en la ESMA. Miguel Cavallo –que hoy estuvo presente en la sala– le había dicho que tenía que hacer la nota para darles un mensaje a las madres argentinas. Ella estaba detenida-desaparecida desde abril de ese año por buscar a su hijo secuestrado en mayo de 1976 mientras repartía panfletos en una plaza de Martínez. En la nota se la presentó como “una arrepentida que describía cómo la guerrilla había engañado a su hijo”.

El caso de Norma Arrostito fue otro de los mencionados. Secuestrada y trasladada a la ESMA, fue dada por muerta en un parte militar. Los diarios se hicieron eco de esto y la revista Gente en su portada, publicó la foto de la dirigente de Montoneros con la faja que la daba por muerta. Los detenidos desaparecidos que llegaban a la ESMA se sorprendían al verla con vida, exhibida como trofeo de guerra.  

“La verdad deberá ocupar el mismo lugar que ocupó la mentira”, dijo Soisa Reilly al cerrar el pedido a los jueces para que los medios que colaboraron con el ardid de impunidad tengan que revertir hoy y saldar su deuda con la verdad publicando cada uno de los hechos con las rectificaciones pertinentes. Este mismo pedido fue realizado recientemente por el Ministerio Público Fiscal en Bahía Blanca en el juicio en el que se condenó a 18 ex miembros de la Armada por los delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad. 

Al terminar la audiencia, los familiares de las víctimas, sobrevivientes y militantes de derechos humanos, repitieron el mismo gesto con que se había iniciado la audiencia: levantar las imágenes de las personas desaparecidas en la ESMA. Y se quedaron un rato más en la sala aplaudiendo a la fiscal, entre abrazos y lágrimas. Muchos querían acercarse y saludarla personalmente. “Este es un paso más que damos en el camino a establecer las complicidades civiles de la dictadura. Esto no se termina acá y seguiremos avanzando juntos”, dijo Soiza Reilly. En la última parte del alegato, al pedir justicia por delitos que “dejaron huellas y atravesaron a toda la sociedad”, había expresado al tribunal la necesidad imperiosa de reparar, aunque fuera tardía e incompletamente.