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La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia le dijo a la jueza federal Zunilda Niremperger que analice nuevamente el pedido de un abogado y víctima del terrorismo de Estado de ser querellante en la causa donde se investiga el rol del ex magistrado Luis José Vivas durante la última dictadura. Fue al aceptar el recurso de queja presentado por Pedro Velázquez Ibarra, quien denunció a Vivas como una “estrecho colaborador” del gobierno de facto en el secuestro, tortura y desaparición de personas.

“Corresponde hacer lugar a la queja deducida por la apelación denegada”, indicaron las camaristas Ana Order y Mirta Sotelo de Andreau el 4 de septiembre pasado, quienes revocaron la decisión de la jueza subrogante Niremperger y le devolvieron el expediente para que “se pronuncie” sobre el pedido de Velázquez Ibarra de ser querellante en la causa.

El año pasado, Velázquez Ibarra denunció penalmente a Vivas -ex juez Federal de Formosa- y pidió su detención. Sostuvo que el ex magistrado fue un "estrecho" colaborador de la dictadura.

"El objeto es que se investiguen estos delitos de lesa humanidad y se pueda hacer la reconstrucción histórica de los hechos objeto de esta investigación, sus circunstancias y características; como así también alcanzar la verdad histórica en cuanto al destino e identificación de las víctimas", afirmó Velázquez Ibarra.

La presentación contra Vivas es un desprendimiento de la megacausa caratulada: "Carrillo Fausto Augusto s/desaparición forzada". Carrillo era un abogado paraguayo que fue secuestrado en agosto de 1976 en Formosa. Allí se había refugiado para escapar del dictador Alfredo Stroessner pero fue detenido en el marco del Plan Condor, que coordinó la represión de las dictaduras en la región.

Hace dos años, la Justicia Federal de Formosa procesó con prisión preventiva al represor Horacio Rafael Domato por decenas de secuestros y otros delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de esa causa.

Domato, quien pasó más de cinco años prófugo hasta que fue detenido en abril de 2012, fue procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad en 29 hechos, tormentos agravados en 25, desaparición forzada de personas y asociación ilícita, todos en concurso real, según la resolución del juez federal Pablo César Núñez Pividori.