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La Sala I de la Cámara Federal ratificó la decisión del juez federal Daniel Rafecas de desestimar la denuncia presentada por el fallecido titular de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, cuatro días antes de su muerte. Por dos votos contra uno, los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, rechazaron la denuncia que involucraba a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman, junto a otro grupo de personas, por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA. En una resolución de 77 carillas, Freiler y Ballesteros estuvieron de acuerdo en desestimar la denuncia. El voto de Farah fue en disidencia.

La reunión en la que se decidió la desestimación de la denuncia se hizo en el despacho del segundo piso del camarista Eduardo Freiler. Ubicada en uno de los extremos del edificio fue el epicentro de un encuentro que se extendió por casi dos horas,después del mediodía. Hasta allí llegaron Farah y Ballesteros. Tras tratar varios de los temas que recaen en su sala, se dedicaron a la denuncia presentada por Nisman. Cada uno redactó sus propios votos. Freiler y Ballesteros coincidieron en desestimarla. Farah no. 

“El cierre de este proceso muy distante está de significar la clausura de la investigación por el caso AMIA, del mismo modo en que la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán, solicitada por las mismas instituciones de la comunidad israelita, lejos estuvo de implicarlo”, sostuvo en la fundamentación de su voto el camarista Ballestero, quien llevó la voz cantante en desestimar la denuncia de Nisman.

Nisman había presentado la denuncia el 14 de enero pasado, cuatro días antes de aparecer muerto de un balazo en el baño de su departamento. La presentación la hizo ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo que, en plena feria judicial, estaba siendo subrogado por María Romilda Servini de Cubría. Tras conocerse la muerte de Nisman, Lijo interrumpió sus vacaciones y volvió para resguardar las pruebas de la investigación.

Al reanudarse la actividad, el titular del Juzgado Federal Nª 4 consideró que no había “conexidad” entre esa denuncia y otras que él había investigado relacionadas con el atentado a la AMIA, por lo que envió la causa a sorteo. El juzgado de Daniel Rafecas salió elegido. Inicialmente Rafecas se declaró incompetente, pero la Cámara decidió que debía ser él quien investigara la denuncia.

El fiscal Gerardo Pollicita, que estaba de turno con el juzgado de Rafecas, impulsó la investigación presentada por Nisman. Menos de una semana después, Rafecas la desestimó. Pollicita apeló esa decisión y llegó a la Cámara Federal de Apelaciones. En esa instancia la denuncia fue avalada por el fiscal de Cámara, Germán Moldes, quien pidió que se revocara la decisión de Rafecas. Conocida la decisión de la Sala I, el trámite procesal prevé que Moldes puede recurrir a la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte Suprema, para determinar si confirma o no esta resolución. Por tratarse de una causa nueva, debería sortearse qué sala de Casación intervendría en caso de una apelación del fiscal.

El voto de los camaristas

En su voto, Ballestero reivindicó la declaración de inconstitucionalidad del Memorandum por la Sala I de la Cámara, pero recordó que en el trámite de ese amparo presentado por la AMIA con respaldo de Nisman “nadie habló de delito, tan sólo de incorrecciones” en relación a la Constitución Nacional.

“El Memorándum de Entendimiento pudo ser un fracaso para la diplomacia argentina, un error para los anales legislativos, una desilusión para quienes creyeron ver en su texto el avance de la Investigación por el atentado, pero de allí a ver forjado en él un maquiavélico plan por encubrir a los responsables de las cientos de víctimas de la voladura de la AMIA existe un abismo”, sostuvo el camarista. Según su voto, al que Freiller adhirió con matices, ninguno de los elementos aportados en esta causa cumple con una exigencia probatoria mínima: ni las declaraciones encontradas, ni las escuchas recortadas, ni los discursos contradictorios.

“Esa carencia probatoria, que el mismo recurrente admite, no puede ser sorteada mediante la senda propuesta, esto es, inaugurando una pesquisa para obtener una prueba que no se tiene. Es la presencia de una evidencia la que debe motivar la promoción. De ahí que la decisión del magistrado de grado constituya la única respuesta válida frente a los términos en los que fue formulada la denuncia de enero de este año y que, por tanto, merezca ser aquí homologada”, fundamentó Ballesteros.

“No es posible soslayar que las únicas probanzas que aquí han podido reunirse con un viso de seriedad son aquellas que desafiaron los términos de la denuncia al demostrar que las cosas fueron exactamente opuestas a las invocadas”, añadió. En otro tramo de su voto, Ballestrero destacó que la denuncia de Nisman sobre el supuesto compromiso argentino de dar de bajas la alerta rojas de Interpol contra los nueve acusados por el atentado de 1994 había sido reiteradamente descalificada por el entonces jefe del organismo policial, Ronald Noble.

“Inferencias versus declaraciones; suspicacias versus documentos; especulaciones versus acontecimientos. La balanza, sin lugar a dudas, no se inclina de un modo provechoso al éxito de la denuncia”, sostuvo el camarista. Ballesteros también descalificó las escuchas telefónicas presentadas por Nisman en su denuncia al sostener que “lejos de ser una pretendida evidencia de la comisión de un delito”, los protagonistas del “sofisticado” plan “carecen de las cualidades que se adjudican y, por tanto, de las atribuciones necesarias para lograr lo que anuncian”.

“Qué valor pueden tener comunicaciones telefónicas en las que los interlocutores (..) describen formar parte de un ámbito de acceso restringido de toma de decisiones, de una 'mesa chica', no proyectando más que el eco de noticias periodísticas o bien una fabulada idea de ser operadores sin poder de convicción”, añadió.

En su voto minoritario, Farah adhirió al reclamo de Pollicita en contra del “cierre prematuro” de la denuncia de Nisman tras la desestimación de Rafecas, quien rechazo las medidas de pruebas pedidas por el fiscal. En su voto en disidencia, el camarista invocó normas procesales según las cuales “lo único que se exige para iniciar una investigación es que exista una hipótesis de tipo criminal que no resulte inverosímil”.

La denuncia de Nisman

El escrito que presentó el fiscal federal Alberto Nisman a mediados de enero, desarrollaba a lo largo de sus 290 páginas el supuesto “plan delictivo” para dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados por el atentado de la AMIA que argumenta con diversos artículos periodísticos, notas de portales, discursos de funcionarios, mensajes de Twitter de la presidenta e intervenciones telefónicas. Con esa base y escasa prueba directa, el fiscal hace afirmaciones que quedaron refutadas con documentos presentados por distintos funcionarios en los últimos días.

De acuerdo a su hipótesis, y según detalla en la página 270 del escrito, el plan “pergeñado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner” se basaba en “el cese de las notificaciones de Interpol”, objetivo que no se cumplió, según Nisman, por el firme accionar del Secretario General Ronald Noble, quien fue titular de Interpol desde 2000 hasta 2014. Se trata de los pedidos de captura de máxima prioridad para Interpol que tienen 5 de los 8 imputados de origen iraní.

CD/Télam/RA