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El fiscal federal de Jujuy Pablo Pelazzo confirmó hoy el hallazgo de legajos de trabajadores que fueron secuestrados en marzo de 1976 tras el procedimiento que se llevó a cabo la semana pasada en la mina El Aguilar, ubicada en Humahuaca, a partir de un pedido de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

“Copiamos y registramos legajos de trabajadores que fueron secuestrados por un operativo que llevó a cabo el Ejército, la Gendarmería y la Policía provincial, en el que fueron detenidos varios trabajadores de la mina de El Aguilar. Por la información que reunimos, creemos poder probar que la empresa estaba en conocimiento de estas detenciones”, señaló el fiscal.

El procedimiento se llevó a cabo entre el martes y el miércoles de la semana pasada y se copiaron los legajos de 29 trabajadores de El Aguilar, un emprendimiento minero ubicado a 4800 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Humahuaca. 

El 24 de marzo de 1976, veintisiete trabajadores de la mina, entre ellos el dirigente sindical Avelino Bazán –quien se encuentra desaparecido–, fueron detenidos en un operativo realizado por fuerzas conjuntas. El procedimiento estuvo a cargo del entonces jefe del Escuadrón Norte de Gendarmería, Jorge Borges do Canto, quien se encuentra detenido.

La causa está a cargo del juez Fernando Poviña. El jefe de personal de la mina en 1976, Eduardo López, fue investigado pero Poviña  le dictó la falta de mérito. 

“En los legajos hay telegramas de despido de los trabajadores que coinciden con las fechas en las que resultaron secuestrados. Eso marca que había un conocimiento de parte de la patronal de lo que les iba a suceder a estos empleados”, observó Pelazzo.

Los trabajadores detenidos en el Aguilar estuvieron cautivos en el Regimiento de Infantería de Montaña 20, del Ejército, y luego trasladados al penal de Villa Gorriti, en las afueras de San Salvador de Jujuy, donde sufrieron torturas.

A los mineros se los trasladó en camionetas que pertenecían a la firma St. Joseph Lead Co, empresa de capitales estadounidenses que, en esos años, explotaba la mina. Los trabajadores de El Aguilar quedaron a disposición del Poder Ejecutivo y, tras permanecer un año en prisión, fueron liberados.

Bazán había sido elegido delegado en 1970 y, tres años después, había encabezado una huelga en reclamo del pago de horas extras. Salió de la cárcel en julio de 1978 y, tres meses después, fue secuestrado cuando salía de un cine de San Salvador de Jujuy. Aún permanece desaparecido.

Por estos traslados, conocidos como Operativo Aire 718, se condenó en julio pasado a 11 represores a penas de entre 14 a 12 años de prisión. 

“Se trató de un operativo similar al que después se realizó en el Ingenio Ledesma (propiedad del empresario Pedro Blaquier) y en el que fueron secuestrados varios trabajadores, entre ellos, el médico Pedro Arédez. Las víctimas de esos operativos terminaron en la Unidad Número 9 de La Plata”, recordó el fiscal.

Télam/EV/LL