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Al cumplirse 38 años del secuestro en Olavarría del abogado laboralista Carlos Moreno, las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires se presentan como querellantes contra la cementera Loma Negra. Una investigación reveló que la empresa triplicó su patrimonio durante la dictadura, y redujo costos a partir del secuestro y homicidio del letrado que defendía a los obreros.
No es un día elegido al azar. Las secretarías de Derechos Humanos de Provincia y Nación se presentan hoy como querellantes contra Loma Negra como beneficiaria económica del homicidio de Carlos Alberto Moreno, el día en que se cumplen 38 años del secuestro. El abogado laboralista que patrocinaba a los trabajadores del cemento a principio de 1976, desapareció la noche del 29 de abril de 1977 en la esquina de Dorrego y Lamadrid, en Olavarría, a bordo de un Renault 12 color naranja. Fue asesinado días más tarde en Tandil. Ya en marzo de 2012, en la sentencia condenatoria a los autores materiales del crimen, los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra ordenaron investigar al “directorio de la cementera Loma Negra” –presidida entonces por Amalia Lacroze de Fortabat- por las sospechas de haber “inducido” la desaparición y muerte de Moreno. La presentación se realiza hoy ante el Juzgado Federal de la ciudad de Azul.
Civiles bajo sospecha
Los indicios eran fuertes. Aunque aún no se conocía el informe de la Ofinec (Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuración) que hace menos de un año concluyó: la firma creada por Alfredo Fortabat en la segunda década del siglo XX, se había beneficiado tras el homicidio de Moreno. Obtuvo ganancias extraordinarias: “Disminuyó abruptamente el monto estimado para afrontar juicios laborales” y desde 1975 “pasó de soportar pérdidas por más de 100 millones de pesos a obtener ganancias que se incrementan a lo largo del período, logrando un pico máximo de casi 150 millones de pesos durante el ejercicio contable que cerró el día 31 de marzo de 1981”.
En la presentación como querellantes, se plantea que en la investigación “se encuentran bajo sospecha un grupo de civiles pertenecientes a la empresa Loma Negra, los cuales realizando actividades de consuno con los integrantes del poder de facto, habrían participado criminalmente en la comisión de torturas, privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y persecuciones contra civiles, a los fines de favorecer los intereses económicos de la empresa de la cual formaban parte, lo que se traduce en los hechos con los secuestros ilegales, la formación de causas penales y condenas a prisión de empleados y delegados sindicales de la empresa Loma Negra, persecuciones de todo tipo a profesionales del derecho que representaban y defendían los intereses de los trabajadores”.
"Desde el secuestro y asesinato de mi padre, Loma Negra redujo costos"
Matías Moreno, hijo del abogado y actual director nacional de Formación en Derechos Humanos, dijo a Infojus Noticias: “Está claro que a partir del secuestro y asesinato de mi padre, Loma Negra redujo los costos laborales, el monto destinado a indemnizaciones y, por otro lado, triplicó su patrimonio durante la última dictadura cívico militar. Está claro que el interés económico de estos grupos en ese tiempo era aumentar su tasa de ganancia, utilizando a las Fuerzas Armadas como herramienta para aglutinar a la fuerza de trabajo. Y ahora corresponde a la Justicia citar a todos los que en su momento tenían un cargo directivo en la empresa y a los que vox populi tenían injerencia”.
Matías Moreno, uno de los hijos del abogado laboralista.
En los próximos días, Matías y su hermano Martín, junto a su madre, Susana Lofeudo, pedirán también ser aceptados como querellantes. La idea –adelantó- “es que una de las primeras medidas que se pida es llamar a declarar a Luis Prémoli (militar retirado) que tuvo una relación muy cercana con Amalia Lacroze de Fortabat y fue nombrado por muchos testigos como alguien muy influyente. Entendemos que en la causa sobre la vinculación entre Loma Negra y el circuito represivo podría contar todo lo que sabe”.
Cuando 38 años atrás secuestraban a su papá, Matías Moreno estaba por cumplir dos años. Hoy docente, sociólogo, analizó cómo Loma Negra fue una de las “empresas prebendarias del Estado terrorista”. En ese camino –dijo- “triplicó su patrimonio a partir de brindar el cemento necesario para la modernización del espacio público en la Ciudad de Buenos Aires, para la construcción de los estadios de fútbol del Mundial, para la edificación de viviendas a través del Plan Fonavi. Y a partir del secuestro de mi padre, el 29 de abril del 77, redujo gastos relacionados con indemnizaciones y enfermedades.
“Ninguna muerte evitable puede quedar impune"
El hijo del abogado laboralista contó que ninguna de las 9 causas de obreros de AOMA (Asociación de Obreros Mineros de la Argentina) que representaba su padre, pudo ser derivada a otro abogado laboralista por el temor que generó el secuestro."Los obreros morían o tenían enfermedades incurables como la silicosis”. Por eso, repite:“Si hay un legado que dejó mi papá es que ninguna muerte evitable puede quedar impune. Y cuando hablamos de muertes evitables, hablamos de los trabajadores de la empresa Loma Negra que fallecieron por causas evitables”.
Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, analizó en diálogo con Infojus Noticias: “Recién en los últimos años se pudo empezar a avanzar sobre responsabilidades civiles”. En “lugares como Ledesma, el Ingenio es todo. Muchos de quienes deben testimoniar en un juicio probablemente sigan viviendo en Libertador General San Martín o trabajen en la empresa; lo mismo ocurre en la yerbateras como Las Marías. Son lugares donde los terratenientes son todo”. De manera similar se vive en una ciudad como Olavarría y, en particular, en la villa obrera creada en torno de la fábrica Loma Negra por Fortabat, la investigación al consejo directivo de la cementera que la constituyó identitariamente.
Complicidad empresaria, sin fronteras
Varsky compara: “Hace casi 60 años, en los procesos de Nüremberg algunos responsables de ciertas empresas fueron condenados por su colaboración con el régimen Nacional Socialista Alemán. Entonces, en algún lugar del mundo ya hubo una instancia en la que los empresarios fueron responsables. Nuestro sistema penal hace que la empresa como persona jurídica no pueda ser responsable sino que la imputación se deba hacer contra personas físicas”. Pero habla a la vez de los avances de la última década, por un lado en los procesos penales y por otro, en “el trabajo interdisciplinario permitió ir develando: hubo un grupo de militares junto a un grupo de civiles que pensaron juntos a la Argentina desde el punto de vista económico: Blaquier, Martínez de Hoz, López Aufranc que se acaba de morir y estaba a cargo de Acindar, Massot… Aunque hubo reveses en las últimas semanas que generan esta preocupación de decir hasta dónde voy a poder llegar”.
Como fue hace unos meses con la aparición de Ignacio Guido y luego, en menor medida con el juicio por el circuito represivo centrado en Monte Peloni, la investigación sobre Loma Negra como presunta instigadora y beneficiaria de un crimen de lesa humanidad amenaza con transformarse en un piedrazo sobre el espejo identitario de la ciudad. Que, como pocos, pone en jaque uno de los mitos más emblemáticos y fundantes de la historia de Olavarría.
MEL
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