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“El Estado español necesita asumir un rol de liderazgo más activo en derechos humanos, porque desde el retorno de la democracia en 1978, solo se han tomado medidas tibias por la violación de los derechos humanos y las desapariciones forzadas ocurridas durante el franquismo”, dijo en comunicación telefónica con Infojus Noticias Ariel Dulitzky, uno de los cinco integrantes del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), luego de que se difundieran hoy las conclusiones de una comitiva del organismo luego de una visita a España.

Uno de esos tímidos avances, destacó, es la ley de memoria histórica sancionada en el año 2007, a la que calificó de “positiva pero insuficiente”, ya que es un instrumento “que transfiere del Estado a las victimas la responsabilidad de la búsqueda de justicia” otorgando subvenciones para el trabajo forense, aunque en los dos últimos presupuestos estos subsidios se suprimieron.

Dulitzky es argentino, recibido en la UBA. Trabaja desde hace más de dos décadas litigando ante organismos internacionales por casos de violaciones a los derechos humanos. Además, sufrió las políticas represivas casi en carne propia: dos primas de su madre fueron secuestradas y desaparecidas por la dictadura argentina. Fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como representante por la región de América Latina y el Caribe para integrar este Grupo de Trabajo que analiza los procesos de juzgamiento en regiones donde gobiernos dictatoriales o autoritarios han provocado desapariciones forzadas sistemáticas.

Hace unas semanas, la comitiva se instaló en España y se entrevistó con familiares de víctimas y con funcionarios del gobierno español para intentar acercar posiciones respecto de las exigencias de que se investiguen las desapariciones forzadas y se exhumen las tumbas clandestinas sembradas por toda la península ibérica durante 42 años de franquismo.

“Nosotros decimos que hay completa impunidad para las desapariciones”, afirmó el experto, aunque aclaró que las conclusiones del informe -veinte páginas que pueden consultarse en la web de la ONU- “es un diagnóstico con recomendaciones por el grupo creado por las Naciones Unidos para analizar desapariciones forzadas, no una sentencia judicial obligatoria”.

El único proceso judicial donde se comenzó a juzgar de forma sistémica los crímenes del franquismo, abierto en 2006 por el ex juez Baltasar Garzón, se desvaneció en 2008 cuando el magistrado se declaró incompetente y pasó las investigación a múltiples  jueces territoriales (jueces de instrucción que investigan el delito de acuerdo con el territorio donde sucede). “Decenas de causas archivadas apelando, en otros argumentos, a la ley de amnistía, a que los delitos estaban prescriptos, a que las desapariciones forzadas no son delitos continuados, y que los responsables estarían muertos”, explicó Dulitzky.

Los delitos del franquismo no han sido considerados, como en Argentina, delitos de lesa humanidad (y como tales, imprescriptibles). El Tribunal Supremo de Justicia de España, que destituyó a Garzón por prevaricato, consideró que en 1936 cuando el general Francisco Franco tomó el poder por asalto, aún no existía en el ordenamiento jurídico internacional la noción del  jurisdicción universal, y por lo tanto sostuvo que era “una ficción, que 70 años después” se consideren esas desapariciones como delitos continuados, imprescriptibles.

La conexión argentina

España fue uno de los países pioneros en la aplicación de la jurisdicción universal, con los juicios contra Adolfo Scilingo y Augusto Pinochet.  “Como consecuencia de esos dos casos, se redujeron los márgenes de la jurisdicción universal en España, y dos juicios que estaban en marcha fueron cerrados”, señaló Dulitzky.

Por eso, agregó, “otra de las recomendaciones del Grupo de Trabajo fue remarcar que el deber del Estado español era colaborar con los procesos de juzgamiento de los crímenes del franquismo en terceros países". En la Argentina, avanza una causa en la justicia federal a cargo de la jueza María Servini de Cubría, en la cual la semana pasada se pidió la extradición de cuatro generales franquistas. Pero España ya rechazó el pedido de extradición. “No hablamos sobre las cuatro órdenes de captura porque son por casos de tortura, y en la querella que se investiga en la Argentina hay casos de desaparición forzada”, explicó el funcionario de la ONU.

Sin embargo, dijo que los funcionarios españoles se comprometieron a “estudiar los pedidos individualmente, a medida que se vayan concretando, y que se va a determinar caso por caso”. Según el ordenamiento jurídico español, cada caso debe ser evaluado por la Justicia primero, y si es aprobado, debe pasar por una decisión política del Poder Ejecutivo.

“La respuesta oficial es que la justicia española tiene que tener prioridad. Nosotros les contestamos que si no hay causas que avancen en España se debe garantizar el proceso en otros lugares”. Para el experto, el proceso de juzgamiento en España está en una fase larval: “una cosa que me sorprendió muchísimo, es que todo el empuje por la búsqueda de justicia se inicia hace quince años, es decir, veinte años después de los hechos, y las organizaciones tienen el mismo tiempo. Tanto uno como el otro proceso están en su juventud”.