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El fiscal Federal de Bahía Blanca, Antonio Castaño, impulsó la acción penal para que se investigue el financiamiento por parte del arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti, al ex capellán militar Aldo Vara, detenido en  Paraguay la semana pasada por efectivos de Interpol.

Entre otras medidas, también solicitó que se disponga el cese del pago de la jubilación al imputado, que se concretaba a través de la Curia local y mediante un apoderado.

Castaño, titular de la Fiscalía Federal N°1 de la ciudad del sur bonaerense, presentó el requerimiento de instrucción el miércoles pasado en el Juzgado Federal N°2, a cargo de Ana María Araujo.

En su escrito, el representante del Ministerio Público solicitó una serie de medidas de prueba para corroborar la denuncia, que se coronan con la solicitud de indagatoria para el arzobispo Garlatti y el apoderado de Vara, Leopoldo Bochile, y declaraciones de testigos vinculados a los hechos. Además, dirigió la investigación especialmente a la información documental que dé cuenta sobre el camino que seguía el dinero de la jubilación, que -según la denuncia- era percibida por el apoderado de Vara en la Curia. Y, al mismo tiempo, requirió que "se disponga suspender futuros pagos de beneficios jubilatorios al imputado".

La presentación de Castaño es consecuencia de una denuncia formulada por los integrantes de la Unidad Fiscal que interviene en crímenes de lesa humanidad en esa jurisdicción, Miguel Palazzani y José Nebbia.

En su denuncia, Nebbia y Palazzani relataron que Vara, quien permaneció prófugo ocho meses hasta la semana pasada, cuando fue localizado en Ciudad del Este, percibía el pago que otorga la Iglesia Católica a los sacerdotes mayores de 65 años, a través del apoderado Bochile, que se hacía efectivo en la sede del Arzobispado. En la presentación ante Castaño, Nebbia y Palazzani aportaron elementos que avalan la denuncia y que habían logrado reunir en la propia sede de la Curia bahiense.

Por ese motivo, los fiscales denunciaron a Garlatti y Bochile por "financiar la evasión de Vara de la justicia argentina, ayudando al imputado a eludir las investigaciones de la autoridad judicial y a sustraerse a la acción de esta", según consta en el requerimiento.

El delito está previsto en el artículo 277 del Código Penal, que estipula penas de seis meses a tres años de prisión a quien, entre otras cosas, "ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta".

Vara, de 80 años, fue detenido la semana pasada por efectivos de Interpol en Ciudad del Este, Paraguay. Está imputado por su participación en secuestros, torturas y homicidios de los que resultaron víctimas un centenar de personas que pasaron durante la última dictadura cívico militar por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede del Cuerpo V del Ejército.