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El tercer juicio oral por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) entró en etapa de alegatos con una noticia que, para la Fiscalía y las querellas, no fue la esperada: el Tribunal Oral Federal Nº 5 rechazó imputar a 39 represores acusados por delitos sexuales. Hace unas semanas, la Fiscalía pidió ampliar las acusaciones por las denuncias de seis mujeres que fueron violadas. La intención del Ministerio Público, dirigido por Mercedes Soiza Reilly, era que el Tribunal considerara a los delitos sexuales como delitos autónomos: argumentaron que, no sólo lo entiende de esa manera la actual jurisprudencia en materia de crímenes de lesa humanidad, sino que, fundamentalmente, la ampliación surgió de los testimonios revelados en el curso del juicio. Pero los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia entendieron que los casos de delitos sexuales los está investigando el juez federal Sergio Torres. “Rechazamos esa posición porque entendemos que es este mismo Tribunal quien debería incluir la figura de delitos sexuales. Entendemos que la instrucción de Torres está paralizada, y nos parece que dilatará el proceso. Y el riesgo es la impunidad biológica”, dijo a Infojus Noticias la coordinadora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Luz Palmás Zaldua, y parte de la querella.

La fiscalía había pedido ampliar las acusaciones contra Ricardo Miguel Cavallo, Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Vañek y Alfredo Astiz, entre otros. Ninguno de ellos llegó a este juicio acusado por los delitos de violencia sexual que, en otros debates, fueron tomados como parte de los tormentos. Sin embargo, ahora, la fiscalía pidió que se consideren delitos autónomos. “Ése es otro de los puntos principales: considerar a la violencia sexual como algo separado del resto de los tormentos. Y uno de los argumentos de los jueces fue seguir considerándola como un hecho subsumido a otros tormentos, como el del secuestro, o la picana. Las querellas rechazamos eso. Creemos que las distintas formas de violencia sexual que existieron en los centros clandestinos fueron reflejo de un accionar autónomo e independiente, que componen uno de los delitos de lesa humanidad más graves dentro del plan sistemático de genocidio”, explicó Palma.

El represor Ricardo Miguel Cavallo, conocido en el centro clandestino con el alias de “Marcelo”, fue señalado como uno de los responsables de los abusos. Entre los imputados por delitos como la privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios y desaparición forzada están además Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Vañek y Alfredo Astiz. Entre las víctimas, cinco de las seis mujeres que relataron violaciones, torturas, abusos y violencia durante las audiencias de este juicio, no era la primera vez que lo hacían. Muchas ya lo habían contado en el juicio a las Juntas o ante la Conadep. Una de ellas logró contárselo a su esposo antes de morir, y fue él quien narró los hechos primero en la Conadep y luego también en este juicio.

Evitar la revictimización

La fiscal Mercedes Soiza Reilly presentó estos hechos como casos que deben ser leídos en “continuidad” con el resto de los crímenes aunque pidió considerarlos de forma específica y autónoma. En el segundo juicio por los crímenes cometidos en la ESMA, la sentencia tomó las denuncias por violencia sexual pero no las juzgó durante el debate, sino que las derivó a la etapa de instrucción para ser investigadas nuevamente en esa instancia.

La fiscalía explicó que una vez que las víctimas ya han declarado en juicio oral y público sobre estos hechos “no quieren volver a declarar una y otra vez ante los operadores judiciales de la instrucción”. “Hoy tenemos la posibilidad de que esto no ocurra al menos con estas víctimas”, les dijo la fiscal a los jueces del TOF 5 al momento de argumentar su pedido.

Dado que las víctimas eligieron contar sus casos en estos juicios, Soiza Reilly consideró que sus denuncias debían ser tomadas en este debate, “porque obligarlas a relatar nuevamente lo sucedido, para reiniciar otra causa, significa revictimizarlas, y también aletargar la persecución a los ejecutores de la represión”.

Soiza Reilly recordó que la primera denuncia por abusos que fue judicializada es de 2011, después del segundo juicio oral, en el que los jueces derivaron los casos al juzgado federal 12 de Sergio Torres. Desde entonces, en ese expediente declararon sólo dos mujeres. Sin embargo, tras el pedido de ampliación de la acusación por parte de la fiscalía y las querellas, Torres llamó a indagatoria al “Tigre” Acosta y a Alberto González Menotti por uno de los casos de violación.

Esa fue la crítica central de la querella de Justicia Ya!: "En cuatro años de proceso, Torres no avanzó un ápice y recién ahora citó a los represores Acosta y González Menotti, dejando un universo de compañeras y genocidas sin atención de la justicia. Torres indaga a dos represores, nosotros, en cambio, pedimos se indague a cuarenta", explicó la querella a Tiempo Argentino y destacaron que, a casi 40 años de los hechos, “los delitos sexuales en la ESMA siguen impunes”.

JM/PW