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En la última audiencia de la megacausa por delitos de lesa humanidad en Mendoza, dos sobrevivientes dieron su testimonio. Y revelaron que ningún funcionario judicial los visitó ni les prestó asistencia mientras estuvieron secuestrados.
El megajuicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Mendoza es considerado inédito: además de juzgar la participación de ex funcionarios judiciales en el terrorismo de Estado, contempla por primera vez en la provincia los ataques sexuales que sufrieron las ex detenidas y secuestradas, como un delito independiente de las torturas y tormentos. En la última audiencia, la número 35, los sobrevivientes dieron testimonio del temor que sintieron al ser liberados por los represores. Así lo expresaron Julio Quiroga y Alberto Atienza, que estuvieron cautivos en el Liceo Militar. Ambos tenían conocimiento de lo que había sucedido con algunos compañeros que recuperaron la libertad, como el caso de Santiago Illa, desaparecido al salir de la penitenciaría provincial. "Era notorio que Romano era un servidor absoluto de los militares", dijo Atienza, en referencia al excamarista federal, procesado y detenido por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar, y uno de los ex funcionarios judiciales que está siendo juzgado en este proceso oral.
En su testimonio ante el Tribunal, Quiroga contó que fue detenido en su domicilio de Lavalle el mismo día del Golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976. Lo llevaron a la Comisaría 17 y luego a un lugar que no logró identificar -podría ser Las Lajas-, donde sufrió golpes y un simulacro de fusilamiento. Finalmente, lo trasladaron al Liceo Militar: allí permaneció hasta el 31 de mayo de ese año, cuando fue liberado.
El testigo recordó entre sus compañeros de encierro al escritor Antonio Di Benedetto, Pedro Tránsito Lucero, Arturo Garcetti, Juan Martínez Baca, Carlos Abihaggle, Enrique Durán, Rafael Morán, Carlos Venier e Itamar Castro. También mencionó a Elio Berdejo y Néstor Centurión, a quienes vio torturados y en muy mal estado. Y describió los calabozos del Liceo como “duchas transformadas en celdas”. Dijo, además, que estaban preocupados por Santiago Illa, desaparecido, a quien varios vieron dejar ese centro de detención. En ese sentido, precisó que “teníamos miedo de salir. Cuando me soltaron yo me fui caminando por calles en contramano y en zigzag. Si llegaba a ver un auto que se me acercara, inmediatamente me metía en la primera casa que encontrara”. Como otros testigos coincidió en que el Capitán González Biesca era el jefe del Liceo y nombró al suboficial Quiroga como quien comandó el operativo de su detención.
En un momento clave del testimonio, señaló que los padecimientos no sólo los sufrió cuando estuvo preso. “Quedé estigmatizado. En el colegio donde daba clases, me aplicaron la figura de abandono de servicio. No conseguía trabajo y temía ir a la Universidad para rendir las cuatro materias que me quedaban para recibirme de contador”, dijo. También reconoció que tuvo que ser asistido económicamente por los amigos. Finalmente, respecto a la labor de los ex jueces Rolando Carrizo, Otilio Romano y Luis Miret, aseguró que nunca fue informado si tenía una causa judicial como tampoco recibió asistencia o visitas de un juez o un fiscal.
A su turno, el periodista Alberto Víctor Atienza contó que fue detenido el 24 de marzo de 1976 en un operativo del Ejército. Se desempeñaba como jefe de Policiales en “El Andino”, vespertino propiedad del Diario “Los Andes”. Lo llevaron al Liceo Militar donde permaneció unos 15 días, aunque dijo que podrían haber sido más. Allí fue interrogado dos veces, encapuchado y con las manos atadas. Ante el Tribunal, se sorprendió cuando le preguntaron si era verdad que había amenazado a Otilio Romano por un hecho ocurrido años antes de su detención. Sobre esto narró: “Es verdad, una vez lo amenacé. Fue porque él trabajaba con quien entonces era mi esposa. Un día me vio en un bar con una mujer, fue y le contó a mi señora. Ella me lo transmitió y yo le dije: ‘decile a a ese hijo de mil puta que lo voy a hacer cagar por alcahuete’. Evidentemente Romano se lo tuvo bien guardado y cuando caí preso quedó demostrado porque casi todas las preguntas que me hacían se referían a aquella amenaza”.
Al ser liberado, Atienza le pidió un certificado al responsable del Liceo, González Biesca. “Estábamos atemorizados, sabíamos que afuera mataban a muchos y me acordaba de lo que le había pasado a Aldo Casadidío, de prensa del Gobierno, a quien asesinaron en la calle”, contó. El testigo se refirió, también, a las persecuciones ideológicas en los medios periodísticos, donde había listas negras y señaló como “funcionales a los servicios, a Rubén Bragadín, Enrique Coll y Lot De Paula Santos, quien lamentablemente falleció sin la condena que merecía”.
Las últimas palabras se las reservó para la justicia.
-Era público y notorio que Romano tenía un poder superior, que excedió su cargo y que era un servidor absoluto de los militares.
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