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El Tribunal Oral Federal N°4 empezó hoy el segundo juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino El Vesubio, ubicado en el municipio bonaerense de La Matanza. Cinco represores son juzgados por hechos cometidos en perjuicio de 204 víctimas. La audiencia arrancó después de las diez en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, colmada de familiares de las víctimas y militantes.

El principal acusado es el ex oficial de Inteligencia del Ejército Gustavo Adolfo Cacivio, alias “El Francés”. También están imputados los represores Néstor Norberto Cendón, Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis.

Respecto al quinto acusado, el ex teniente coronel Jorge Raúl Crespi, el tribunal resolvió que el Cuerpo Médico Forense junto a peritos de parte le realice una pericia psiquiátrica en su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria. Para constatar si se encuentra en condiciones de afrontar el juicio. Es que hubo "sucesivos informes médicos que dieron cuenta del riesgo de un agravamiento del cuadro cerebro vascular del imputado", informaron fuentes judiciales.

Desde el público, escuchaba con atención el subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, Carlos “Charly” Pisoni.

Los imputados deberán responder por su actuación en el centro clandestino de detención que funcionó en Camino de Cintura y Riccheri, bajo dependencia operacional de la Brigada de Infantería Mecanizada X con asiento en el barrio de Palermo.

Crespi, bajo el apodo de “Teco”, fue jefe de Inteligencia de la X Brigada de Infantería a cargo de la subzona 11, de la que dependía El Vesubio. Minicucci Y Svencionis fueron jefes del Regimiento III General Belgrano con asiento en La Tablada, mientras que Cacivio actuó como jefe del centro clandestino de detención. El penitenciario Cendón fue operativo, bajo el apodo de “Castro”.

El TOF está integrado por los jueces subrogantes Néstor Costabel, Horacio Barberis y Eduardo Carlos Fernández. Ellos investigarán los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio. La fiscalia ad hoc estará a cargo de los abogados Alejandro Alagia y Gabriela Sosti.

Por unos minutos, mientras la fiscal Sosti leía la elevación a juicio con la reconstrucción de los distintos casos de víctimas, el abogado defensor Gerardo Ibáñez -famoso por defender represores en todo el país- no dejaba de escribir en su teléfono celular. La actitud irritó a un sector del público, porque los policías de la Federal habían sido muy celosos con el ingreso de tecnología y durante la audiencia no dejaron a nadie utilizar los celulares.

El Vesubio funcionó entre abril de 1976 y noviembre de 1978 y dependía del Primer Cuerpo del Ejército. Junto con la ESMA está considerado como uno de los centros clandestinos con más actividad. Por allí pasaron 1500 detenidos-desaparecidos, entre ellos el guionista Héctor Oesterheld, el cineasta Raymundo Gleyzer y el escritor Haroldo Conti. Otros casos que se ventilarán son los de los detenidos desaparecidos Roberto Luis Cristina, máximo dirigente del partido Vanguardia Comunista; de María Teresa Trotta, Roberto Castelli y Laura Isabel Feldman.

Los represores abrieron un anexo con condiciones de reclusión menos rigurosas en la comisaría de Villa Luzuriaga y por ello lo llamaron "El Sheraton", en referencia al supuesto bienestar.

El acceso al predio se realizaba por una calle de tierra que daba a la Autopista Ricchieri a través de una tranquera, con una instalación para la guardia. Otro acceso era por el Camino de Cintura. El espacio contaba con un jardín con plantas de adorno y árboles, y una pileta de natación revestida de azulejos blancos. Las construcciones consistían en tres casas más bien antiguas, tipo colonial, con tejas rojas.

El primer juicio del centro clandestino también estuvo a cargo del TOF 4 pero con los jueces originales. Los magistrados Leopoldo Oscar Bruglia, Jorge Luciano Gorini y Pablo Bertuzzi condenaron en 2011 a prisión perpetua al ex general Héctor Gamen y al ex coronel Hugo Pascarelli por los delitos de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a disidentes políticos.

También a José Néstor Maidana, Diego Salvador Chemes, Ricardo Néstor Martínez y Ramón Antonio Erlán y Roberto Carlos Zeolitti. Ambos militares fueron condenados junto a cinco ex agentes penitenciarios, cuyas penas oscilaron entre 18 y 22 años de prisión.