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El fiscal Federal Gerardo Pollicita decidió hoy impulsar la investigación de la denuncia presentada por el titular de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, cuatro días antes de fallecer, por el presunto encubrimiento del atentado terrorista a la sede de la AMIA. La denuncia involucra a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al canciller Héctor Timerman y a otros dirigentes sociales y políticos, por un presunto plan para beneficiar a ciudadanos iraníes en la causa AMIA. Pollicita presentó su escrito ante el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, que está siendo subrogado por Sebastián Ramos.

Según el requerimiento de instrucción redactado por Pollicita fueron imputados, además de la Presidenta y el canciller, los demás mencionados en la denuncia del fiscal Nisman: el diputado Andrés Larroque, los dirigentes Luis D'elía y Fernando Esteche; el dirigente islámico Jorge Yusuf Khalil, el ex juez Héctor Yrimia y Ramón "Alan" Bogado. El fiscal que requirió el avance de la investigación dejó de lado los pedidos de indagatoria a la Presidenta y a Timerman que había solicitado y publicitado en decenas de medios el fiscal Nisman.

El martes 3 de febrero Pollicita y Rafecas fueron sorteados para hacerse cargo de la denuncia que, inicialmente, había sido presentada por Nisman en el juzgado Federal Nª 4 de Ariel Lijo, el 14 de enero, en plena feria judicial. Tras la reanudación de las actividades, Lijo entendió que la misma no tenía “conexividad” con las causas anteriores por encubrimiento de la AMIA que él había investigado y la mandó a sorteo. Tras varias idas y vueltas, el expediente recayó en el juzgado de Rafecas, subrogado por Ramos. Fue precisamente Ramos quien tras recibir la denuncia –de 289 páginas- y las pruebas, entre las que hay más de 5000 horas de escuchas, remitió todo a la fiscalía de Pollicita, la Nª 11 del fuero Federal. Desde entonces Pollicita trabajó en la denuncia con parte de su equipo. Hoy llegó temprano y terminó de delinear los últimos detalles.

Anoche, la Procuración del Tesoro presentó un escrito en el que refuta, punto por punto, la denuncia del fiscal Nisman.

Qué dice la denuncia de Nisman

El escrito presentó el fiscal federal  Alberto Nisman antes de morir desarrolla a lo largo de sus 290 páginas el supuesto “plan delictivo” para dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados por el atentado de la AMIA que argumenta con diversos artículos periodísticos, notas de portales, discursos de funcionarios, mensajes de Twitter de la presidenta e intervenciones telefónicas. Con esa base y escasa prueba directa, el fiscal hace afirmaciones que quedaron refutadas con documentos presentados por distintos funcionarios en los últimos días.

De acuerdo a su hipótesis, y según detalla en la página 270 del escrito, el plan “pergeñado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner” se basaba en “el cese de las notificaciones de Interpol”, objetivo que no se cumplió, según Nisman, por el firme accionar del Secretario General Ronald Noble, quien fue titular de Interpol desde 2000 hasta 2014. Se trata de los pedidos de captura de máxima prioridad para Interpol que tienen 5 de los 8 imputados de origen iraní.

Sin embargo, el canciller Héctor Timerman ya presentó pruebas contundentes que avalan la decisión del gobierno argentino en mantener las alertas rojas. En el apartado de la página 83 cuando habla de los “motivos” del plan criminal Nisman dice: “Timerman no cumplió, no porque no haya querido, sino porque Interpol se lo impidió”.

Timerman leyó un correo electrónico que le mandó Noble, donde quedó sentado, por escrito, que Argentina insistió una y otra vez para que el memorandum de entendimiento con Irán no afectara la vigencia de las notificaciones rojas de Interpol sobre ciudadanos iraníes sospechados de participar en el atentado a la mutual israelita de 1994. “Usted indicó que INTERPOL debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del Gobierno argentino fueron consistentes y firmes”.

Las palabras del funcionario quedaron respaldadas, también, por una entrevista que dio Noble al diario Página 12. “Lo que dice Nisman es falso. Ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos los alertas rojos contra los funcionarios iraníes ”, dijo.

La preocupación sobre las “alertas rojas” sólo se fundamenta en el escrito del fiscal en las reiteradas muestras de preocupación de Jorge “Yussuf” Khalil -el supuesto “agente iraní” que comandaba las negociaciones- en diálogo con Luis D'Elía.

Otra de las afirmaciones que hace Nisman es sobre un sujeto identificado como “Allan” en la denuncia. En la página 105, donde lo menciona como partícipe del encubrimiento, asevera que “responde a un sector de la Secretaría de Inteligencia y tiene acceso al entorno presidencia. El nombre de “Allan”, según la denuncia, sería Ramón Allan Héctor Bogado. El secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, confirmó en una nota enviada al juzgado de Ariel Lijo que no pertenece ni ha pertenecido a personal de la planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio. Y agrega que estaba denunciado por el delito de "tráfico de influencia" por presentarse ante funcionarios de la Administración Nacional de Aduana como agente de la SI.

“Esta confabulación ha ido orquestada y puesta en funcionamiento por las autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros”, dice Nisman en las primeras páginas de la denuncia. Pero la participación de la presidenta de la Nación es una suposición. “Quedó en hablar con la número uno y me llamaba” dice Luis D'Elía en una escucha de 2013 que figura en la página 117. “En obvia alusión a la Dra. Fernández”, concluye Nisman.

El intercambio comercial, otra de las motivaciones del supuesto “plan criminal”, tampoco queda demostrado con evidencia más allá de las escuchas. En una de las charlas Jorge Khalil dice “…el tema que necesita Argentina es petróleo, todo petróleo, y todo lo que está comprando…Irán en grano se lo pueden dar, ese petróleo a cambio de granos…” y agrega: “Argentina tiene una gran necesidad de petróleo e Irán tiene una gran necesidad de granos y todo eso, empezar el intercambio”. Esto no está respaldado con otra prueba.

En definitiva, en el escrito que desglosa artículos de Página 12, La Nación, Perfil, Urgente 24 y La Política Online, además de las escuchas a personas sin poder de decisión en materia de política exterior, no hay pruebas directas sobre los funcionarios sobre los cuales Nisman había pedido la imputación: la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y el diputado Andrés Larroque, sobre los cuales, según Nisman, pesan una seguidilla de delitos graves tales como: encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público.