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El 5 de octubre de 1989, cuando llevaba tres meses en la presidencia, Carlos Menem, convocó a la prensa en su casa de Chamical, La Rioja.

–Esta mañana firmé varios decretos. Indulté a militares y civiles –dijo, con el gesto serio y la mirada cómplice de sus más cercanos colaboradores.

Fueron cuatro decretos: indultó a todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (promulgadas durante la presidencia de Ricardo Alfonsín en 1986 y 1987), excepto el ex general Carlos Guillermo Suárez Mason, que había sido extraditado de los Estados Unidos.

Menem estaba exultante. En un acto público pocos días después de su anuncio desde La Rioja, que puede verse en el documental “Botín de guerra”, de David Blaustein, apretó el puño y dijo:

-El indulto es el puntapié para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia.

Esta semana se cumplieron 26 años de las amnistías que cambiaron el panorama político. Hace dos meses, el 4 de julio pasado, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una ley que prohíbe los indultos, amnistías y conmutación de “las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6,7 y 8 del Estatuto De Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena”. La norma indica que cualquier intento de establecer una amnistía en delitos aberrantes contra la humanidad será considerado de “nulidad absoluta e insanable”.

Los beneficiados de la impunidad

La amnistía dictada por Menem hace 26 años alcanzó, en total, a 220 militares y 70 civiles. Benefició a líderes y miembros de los grupos  considerados “guerrilleros”, entre ellas personas que se encontraban muertas o desaparecidas. También indultó a militares uruguayos.

En otro decretó indultó a  los participantes de las rebeliones militares carapintadas de Semana Santa y Monte Caseros en 1987 y de Villa Martelli en 1988. Y, por último, a los ex-miembros de la Junta de Comandantes Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, condenados por los delitos cometidos en la conducción de la Guerra de las Malvinas.

En la Plaza de Mayo, miles de personas repudiaron los indultos y lo llamaron como “ley de impunidad” junto a la de Obediencia Debida y Punto Final. Le gritaron traidor a Menem, lo insultaron y corearon el histórico “No” que se expandió entre la muchedumbre por las calles céntricas. Una joven Estela de Carlotto expresó su repudio ante las cámaras y dijo: “Vamos a seguir luchando”.

Menem, en cambio, explicó que era  tiempo de reconciliación.

–Los indultos no los inventé yo. Vean lo que pasó en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial –dijo, sorprendido por la multitudinaria marcha de protesta.

El día después hubo impacto mediático: el diario Página/12 salió con la tapa blanca. "Nada puede quedar en blanco. Ni siquiera esta hoja de papel, ahora surcada por pliegues, imperfecciones, pequeñas manchas. La historia de un país tampoco puede quedar en blanco. La memoria no puede quedar en blanco por decreto", escribió Jorge Lanata –por entonces director– en aquella histórica portada.

Clarín sólo tituló “Menem firmó los indultos” y dio una breve explicación técnica de la medida.

En una editorial en su programa “Hora Clave”, Mariano Grondona, acérrimo defensor del menemismo, se permitió una crítica. “El gran error de Menem fue no distinguir la violencia entre ambos bandos. Permitió que la gente diga: ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros”, dijo. Grondona difundió una leyenda nunca comprobada: que Montoneros había hecho un pacto con Menem para decretar los indultos ni bien asumiera la presidencia.

El indulto  también generó reacciones en la justicia. El fiscal Hugo Cañón fue el primero en plantear su inconstitucionalidad, veinte días después de la sanción de los decretos. “Cuando hice el planteo, la Cámara Federal acogió este criterio, pero la Corte lo revocó”, recordó y calificó a los indultos como una “claudicación ética”  y también como “un resabio de la monarquía”.

Cañón decía que los crímenes de lesa humanidad eran imprescriptibles y no podían ser amnistiados. ¿Por qué ocurrieron los indultos? Porque había una Corte Suprema adicta al poder político, que hizo la vista gorda ante lo que planteaba la Constitución nacional

No sería el único indulto de Menem. El segundo ocurrió un año después (con seis nuevos decretos), el 29 de diciembre de 1990, y alcanzó a los ex miembros de las juntas de comandantes condenados en el Juicio a las Juntas de 1985 Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, y Armando Lambruschini. Los militares, con esta última medida, ya no volvieron a levantarse. Vieron en Menem un presidente con el traje a medida para gozar de sus privilegios ante la justicia.

Hubo que esperar hasta 2003 para derogar los indultos. Ese año, el Congreso de la Nación declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.  A partir de allí, algunos jueces comenzaron a declarar inconstitucionales aquellos indultos referidos a crímenes de lesa humanidad  y a reabrir los casos. El 15 de junio de 2006 la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal de la Argentina, consideró que los indultos concedidos en delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales.

Finalmente, el 31 de agosto de 2010 la Corte Suprema de Justicia confirmó sentencias de tribunales inferiores, dictando que los indultos no fueron constitucionales y las condenas que anularon debían ser cumplidas.

Organismos de derechos humanos exigen que, tras este último fallo, pueda juzgarse penalmente a Menem. Para que la historia no quede impune.

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