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La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo en un barrio cerrado de Tigre al ex jefe del Departamento de Inteligencia del Cuerpo V del Ejército en Bahía Blanca, Aldo Mario Álvarez, prófugo de la justicia desde hace más de cinco años. Álvarez, el prófugo más antiguo del distrito bonaerense en el cual desarrolló sus tareas durante la última dictadura cívico militar, fue trasladado al hospital de la unidad penitenciaria de Ezeiza.

La detención de Álvarez, que tiene 88 años, se produjo en el barrio cerrado Laguna del Sol en el Talar de Pacheco, según confirmó el Fiscal Federal de la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca, José Nebbia a la agencia Télam. Álvarez, coronel retirado del Ejército, fue compañero de promoción y amigo personal de Ramón Camps, estaba prófugo de la justicia por delitos de lesa humanidad cometidos cuando era jefe de Inteligencia del Cuerpo V de Bahía Blanca.

Egresado del Colegio Militar de la Nación como oficial de informaciones, Álvarez pasó por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y entre 1974 y diciembre de 1977 fue destinado a Bahía Blanca, al Cuerpo V. Tres meses después se retiró.

La Justicia lo procesó por su participación en 59 privaciones ilegales de la libertad, 41 tormentos y 2 lesiones graves, ocurridas allí durante la última dictadura. Por la función que desempeñaba era informado diariamente acerca de las detenciones que se practicaban dentro de la Zona y participaba en las reuniones donde se decidía el destino de los detenidos-desaparecidos.

Precisamente por su actuación durante esos años, Álvarez declaró ante la Cámara Federal de Bahía Blanca en 1987 y trece años después durante el Juicio por la Verdad. Cuando no existían las leyes de impunidad afirmó que “la información que se producía en los LRD (lugar de reunión de detenidos en la jerga castrense, centros clandestinos para la sociedad) nunca llegó a mi departamento porque no era de mi interés ni hacía a mi función”. Aseguró que “todo lo referido a la tarea antisubversiva estaba a cargo del Destacamento de Inteligencia que presidía [el fallecido coronel Antonio] Losardo”.

Sus propios subordinados revelaron que era una mentira. El teniente coronel Julián Oscar Corres, que administraba la picana en La Escuelita, declaró en el Juicio por la Verdad que dependía “del coronel Alvarez, G2 del Cuerpo”, informó Página/12. El teniente coronel Emilio Jorge Ibarra, jefe del “equipo de combate contra la subversión”, como llamó a los grupos de secuestradores a su cargo, declaró que “las informaciones [para los operativos] las suministraba el G2” y los secuestrados “los entregaba a personal de inteligencia”.

Algunos sobrevivientes también supieron de la existencia de Álvarez. Orlando Stirneman, ex diputado provincial de Santa Cruz, estuvo más de un mes secuestrado en un galpón del Batallón de Comunicaciones 181 mientras se acondicionaba La Escuelita. Ante la Justicia recordó apodos de torturadores como Pato o Caburé y a “un hombre de apellido Álvarez, coronel o teniente coronel”. Además de la tradicional picana, Stirneman contó que los oficiales de inteligencia les metían un gato debajo de la ropa y le daban electricidad para que los lastimara.

En 2005 se reabrió la causa por los crímenes en La Escuelita bahiense, que funcionaba a 200 metros de la oficina de Álvarez. El 8 de mayo de 2008, el juez federal de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale, ordenó su detención. Cuando fueron a buscarlo a su departamento de Virrey del Pino 1875, ya no estaba. El 15 de junio, el juez pidió su captura.

Como ayer, la justicia también lo fue a buscar a Laguna del sol, un predio de más de 750 lotes que tiene una laguna de ocho hectáreas, pero no lo encontró.

La agencia

En 2008 se supo, a través de investigaciones periodísticas, que dirigía en las sombras una agencia de seguridad privada: Alsina SRL. En los papeles, Álvarez fue gerente de la empresa hasta 1998 y dueño hasta marzo de 2000, cuando le cedió las acciones a su yerno. Nueve meses antes se había sancionado la Ley 12.297 que regula el negocio de la seguridad en la provincia de Buenos Aires e inhabilita a poseer o integrar las empresas a represores indultados o impunes por las leyes de impunidad, como era el caso de Álvarez, beneficiado por la ley de Obediencia debida.

Alsina SRL fue fundada en 1948 bajo el nombre de “Policía Particular, empresa dedicada a la investigación y a la realización de informes comerciales y particulares”. Una década más tarde hizo sus primeros servicios de vigilancia y seguridad. En 1976, la empresa “decide ampliar sus horizontes y comienza a brindar servicios en la provincia de Buenos Aires”. Álvarez era entonces jefe del Departamento II Inteligencia del Cuerpo V, que abarcaba el sur bonaerense y la Patagonia, publicó el diario Página/12 en 2008 cuando se conoció el vínculo de Álvarez con la agencia.

Por entonces, Alsina SRL informaba que su personal era “retirado de las Fuerzas Armadas o fuerzas de seguridad” y cuenta con “armas de puño y armas largas”. Presta servicios de protección física, vigilancia, implementa “acciones preventivas en forma sistemática” y tiene una central de operaciones comunicada con cada uno de “nuestros objetivos” las 24 horas. Entre sus servicios adicionales ofrece “investigaciones y seguimientos” para “determinar los responsables de acciones cometidas en perjuicio de particulares, empresas y organizaciones de distinto tipo”.