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Los pliegos de los candidatos para ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia, y que fueran remitidos por el presidente Mauricio Macri, ya se encuentran en la Cámara de Senadores de la Nación, a la espera de ser analizados por sus miembros. Los nombres propuestos –Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz– buscan cubrir las dos vacantes que tiene el máximo tribunal del país, luego de que renunciaran los ministros Eugenio Zaffaroni, en 2014, y Carlos Fayt, en diciembre del año pasado; y el cuerpo quedara reducido a tres integrantes –Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon de Nolasco y Juan Carlos Maqueda–, teniendo en cuenta los fallecimientos de Enrique Petracchi y Carmen Argibay.

La Comisión de Acuerdos del Senado informó que los pliegos ingresaron ayer, aunque aún no hay ningún tipo de cronograma respecto a su debate. Tras el receso estival, la Cámara alta deberá definir la composición de cada comisión y, una vez establecida, determinar las fechas para la discusión. De no convocarse a una sesión extraordinaria para febrero –potestad del Poder Ejecutivo–, la actividad parlamentaria se retomará, recién, en marzo próximo.

El camino legislativo

Luego de cumplirse los pasos del decreto 222/2003 –referidos a la consulta a la sociedad civil sobre los candidatos y, por lo cual, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación evaluó 7595 presentaciones y opiniones con respecto a los candidatos–comenzará en el Senado un procedimiento caracterizado por audiencias públicas, períodos de impugnaciones o adhesiones, reuniones de comisión y tratamiento en el recinto.

La Comisión Unicameral de Acuerdos es la encargada de llevar adelante el trámite de los pliegos y la que debe dictaminar sobre los pedidos enviados desde el Ejecutivo. La comisión concentra toda la información y abre un período de impugnaciones. Después, fija una fecha de audiencia pública para que los senadores evacúen sus dudas sobre cada candidato mediante preguntas que ellos mismos deben contestar.  

El último paso en la comisión, y uno de los más importantes para alcanzar los acuerdos, es que los 18 senadores que la integran deben dictaminar para aprobar –o no– los pliegos. En caso de ser aprobados, deben ser tratados por la Cámara alta en pleno, cuerpo que debe ratificar al candidato en sesión pública con lo que se conoce como “mayoría calificada”, es decir, el voto afirmativo de dos tercios del total de los senadores presentes.

La designación y la jura

Si los pliegos fueran aprobados por los senadores restarían los últimos pasos, de carácter más “administrativo”. Estos son, en primer lugar, la oficialización de las designaciones por parte del Poder Ejecutivo –con la publicación del decreto de designación correspondiente en el Boletín Oficial– y la posterior jura ante el presidente de la Corte Suprema.

Se trata de una puja que recién comienza, donde sectores políticos de la oposición aún no han confirmado un aval a las candidaturas debido al decreto que, en diciembre pasado, nombró a estos mismos candidatos “en comisión” para la Corte Suprema. Cabe recordar que, en ese marco, aún no se les tomó juramento.

Desde el Poder Ejecutivo confían lograr consenso en la Cámara alta, “atento a la destacada trayectoria de ambos juristas y la necesidad de ocupar en forma definitiva las vacantes para asegurar el adecuado funcionamiento del máximo tribunal”, explicaron ayer mediante un comunicado.

En 2006, cuando se sancionó la Ley N° 26.183, se redujo la cantidad de integrantes de la Corte Suprema a cinco miembros, aunque quedó con siete desde entonces. Los fallecimientos de Argibay y Petracchi en 2014, sumado a las renuncias de Zaffaroni y Fayt, dejaron el tribunal con una integración de tres miembros.