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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas contra a siete represores que integraron la patota del centro clandestino de detención El Vesubio. En su resolución, avaló la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4, que aplicó penas de entre 18 años y prisión perpetua en cárcel común por la comisión de 156 crímenes de lesa humanidad.

En su resolución, los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky rechazaron todos los planteos realizados por los abogados de los ex militares Héctor Humberto Gamen y Hugo Ildebrando Pascarelli, y de los ex agentes penitenciarios Roberto Carlos Zeolitti, Diego Salvador Chemes, Ramón Antonio Erlan, Ricardo Néstor Martínez y José Néstor Maidana.

El fallo del tribunal de primera instancia, que analizó los crímenes ocurridos en el predio de la Autopista Ricchieri y Camino de Cintura, en La Matanza, había condenado a prisión perpetua a Gamen y Pascarelli. Los encontró culpables de los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio, en julio de 2011.

Además, condenó a Maidana a 22 años y seis meses de prisión; Chemes a 21 años y seis meses; Erlán y Martínez a 20 años y seis meses; y Zeolitti a 18 años. También fue imputado el ex coronel Pedro Durán Sáenz, jefe del centro clandestino, pero murió impune el 6 de junio de 2011 y no fue condenado.

El Vesubio funcionó en un predio del Servicio Penitenciario Federal, ubicado en la intersección de Camino de Cintura y Autopista General Ricchieri, en el partido de La Matanza, entre abril de 1976 y diciembre de 1978, bajo jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército. Se sospecha que comenzó a ser demolido en esa fecha, con motivo de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entre los 150 testigos que declararon en la causa, más de cincuenta fueron sobrevivientes del centro y dieron testimonio de su cautiverio y del de otras víctimas que permanecen desaparecidas.