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Con pedido de penas de entre 24 y 19 años de prisión concluyeron los alegatos de la Fiscalía en el juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en la comisaría de Villa Ballester, en el norte del conurbano bonaerense, durante la última dictadura cívico militar. Este proceso se inscribe en la megacausa Campo de Mayo, en el que son juzgados el ex jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Riveros; el ex director de la Escuela de Caballería y el jefe del área militar 430, Rodolfo Feroglio; y el ex comisario de la seccional de Villa Ballester, Carlos Caimi.

En el caso de Riveros y Feroglio, el fiscal general Marcelo García Berro pidió que se los condene a 25 años de prisión al considerarlos responsables de los delitos de allanamiento ilegal de domicilio en siete casos, robo agravado en otros dos hechos, privación ilegal de la libertad agravada respecto de catorce víctimas, imposición de tormentos agravada en doce casos, dos violaciones agravadas y un caso de abuso deshonesto. En tanto, para Carlos Caimi, solicitó 19 años de prisión por su participación en seis allanamientos ilegales, dos casos de robo agravado, doce privaciones ilegales de la libertad agravadas, doce casos de imposición de tormentos agravados, dos casos de violaciones agravadas y uno de abuso deshonesto.

Además, en su alegato, García Berro reclamó que se remitan constancia del proceso oral y público a la Justicia Federal para que se investiguen otros hechos ventilados durante el debate y aquellos que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín no incorporó cuando la Fiscalía amplió su acusación por delitos sexuales. Según informó la agencia Télam este viernes será el turno de los alegatos de las defensas y que, antes de fin de año, se dará a conocer el veredicto. 

En este juicio oral y público, que forma parte de la megacausa Campo de Mayo, son juzgados los casos de catorce víctimas que estuvieron secuestradas en la comisaría de la localidad de Villa Ballester, del partido bonaerense de San Martín. De esas víctimas, once sobrevivieron y tres permanecen desaparecidas (el ex presidente del bloque Justicialista del Concejo Deliberante de San Martín, José María Castiñeiras; Alicia Ana Moscatelli y Ernesto Sirri).

En tanto, de los sobrevivientes, cuatro de ellos (Ángel Ignacio Núñez, Héctor Pablo Barrera, Leonardo Calchinsky y Ricardo Ponteprimo) eran delegados gremiales de la fábrica metalúrgica Bovapi. En su alegato, el fiscal general García Berro, solicitó además que la sentencia "haga cumplir la señalización de la comisaría de Villa Ballester como centro clandestino de detención y tortura".

También, requirió que, al momento del veredicto, el Tribunal "revoque los beneficios concedidos que permiten que, hasta ahora, los imputados puedan estar en sus domicilios", y que la sentencia sea comunicada a los gobiernos nacional y bonaerense para que se dé inicio al proceso de baja por exoneración y la suspensión del goce de todo retiro, pensión o jubilación que los acusados pudieran estar gozando.

En su exposición, el fiscal afirmó que en la comisaría de Villa Ballester "funcionó un centro clandestino de detención y torturas al menos desde el 24 de marzo de 1976 hasta mediados de diciembre del mismo año". "Ese lugar funcionaba como un engranaje más de la maquinaria del aparato organizado de poder que desplegó el ataque sistemático contra una parte de la población civil identificada principalmente con la clase obrera y las militancias populares y de izquierda", señaló.

El debate –que está a cargo de las juezas Marta Milloc y María Lucía Cassain, y del juez Diego Barroetaveña, los dos últimos subrogantes– arrancó el 18 de agosto pasado, y tras la finalización de los alegatos y las últimas palabras de los acusados, el Tribunal estará en condiciones de emitir sentencia.

Télam/JC/PW