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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca juzga a partir de hoy a ocho militares retirados del Ejército, en perjuicio de cien víctimas, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en jurisdicción del V Cuerpo del Ejército. El juicio se desarrolla en el rectorado de la Universidad Nacional del Sur y es oral y público.

Ocho imputados rendirán cuentas por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra 89 víctimas. También por la apropiación de dos niños nacidos en cautiverio en el centro clandestino La Escuelita y cuya identidad todavía se desconoce. Se prevé la declaración de medio centenar de testigos

Al principio de la causa eran diez los imputados, pero el suboficial retirado Armando Barrera está excluido del juicio por indicación médica, y el coronel retirado Carlos Alberto Arroyo está prófugo desde mayo. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación ofreció una recompensa de 100 mil pesos para dar con su paradero.

“Arroyo no es el único prófugo de la causa del V Cuerpo. Desde el primer juicio continúan prófugos Miguel Ángel García Moreno, que se fugó en momentos previos al inicio del primer debate, y el coronel retirado Aldo Mario Álvarez, exjefe de inteligencia de ese comando durante el terrorismo de Estado”, dijo a Infojus el fiscal José Nebbia.

El Tribunal está integrado por los jueces José Mario Triputti, Martín Bava y Jorge Ferro. Estos últimos son de Mar del Plata y Triputti, de La Pampa. Estos mismos magistrados condenaron el año pasado a prisión perpetua a 14 de 17 represores, en el marco del primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el V Cuerpo del Ejército.

“Con este juicio se podrá visibilizar un método de tortura y privación ilegal de libertad y un aspecto del Terrorismo de Estado que no ha sido tan explorado en los distintos juicios en el país: el Consejo de Guerra, cuya función fue blanquear las detenciones ilegales”, explicó el otro fiscal del juicio Miguel Palazzani.

Se trata del segundo tramo de la causa por la cual se encuentra imputado el coronel retirado del Ejército y exsegundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y del Área de Defensa 511, Carlos Andrés Stricker, junto con otros nueve militares en perjuicio de más de noventa víctimas.
 
Además se encuentran imputados el teniente coronel retirado Alejandro Osvaldo Marjanov, que fue segundo jefe del Batallón de Comunicaciones del Comando 181. Durante la última dictadura militar se desempeñó en la subjefatura del Área de Defensa 511. También serán juzgados los coroneles retirados Héctor José Fidalgo, quien integró el Consejo de Guerra Especial Estable de la Subzona de Defensa 51, y Miguel Antonio Villegas, que trabajó el Departamento III de Operaciones e intervino como fiscal del Consejo de Guerra Especial Estable de la Subzona de Defensa 51.

Además está imputado el subteniente de comunicaciones Ricardo Claudio Gandolfo, quien fue jefe de sección de la Compañía A del Batallón de Comunicaciones 181. También están imputados suboficiales retirados Felipe Chamamé Ayala y Bernardo Artemio Cabezón, que junto con Fernando Antonio Videla se desempeñaron como guardias en el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita.

Otros dos imputados, Villegas y Gandolfo seguirán el juicio vía teleconferencia desde el Hospital de Ezeiza. Villegas está con prisión domiciliaria y Gandolfo está internado en un hospital de Castelar.
El resto está detenido en la unidad penitenciaria de Villa Floresta, en las afueras de Bahía Blanca.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos continúa además impulsando las acusaciones por la participación de civiles en el plan criminal aplicado durante la última dictadura. Tras los fallecimientos del ex juez Guillermo Federico Madueño y de la directora del diario La Nueva Provincia, Diana Julio de Massot, se instruyen investigaciones a los secretarios del juzgado federal, Hugo Sierra (procesado) y Gloria Girotti (con falta de mérito apelada por la UDH). La Cámara Federal de Bahía Blanca debe pronunciarse además sobre las situaciones del sacerdote Aldo Omar Vara, que como capellán del Ejército tenía contacto con personas privadas de la libertad en el Batallón de Comunicaciones 181. En idéntica situación se encuentran el dueño y director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, y su ex jefe de redacción, Mario Hipólito Gabrielli. En los tres casos el juez federal subrogante Santiago Martínez se negó a tomarles declaración indagatoria, decisión sobre la que ahora se pronunciará la Cámara Federal.