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El 24 de marzo de 1976, Jorge Constanzo fue a trabajar a la planta de Ford en Pacheco. Era delegado del sector de Comedor. Sabía que ese no era un día más: horas antes la Fuerzas Armadas habían dado el golpe. Pero no sospechaba que una patota de civil  lo iba a arrastrar desde adentro de la fábrica. Carlos Gareis, trabajador de la misma planta, era militante y muy cercano a la comisión interna de Ford. El 12 de abril corrió la misma suerte que Constanzo: lo secuestraron adentro de la fábrica. Los dos sobrevivieron a la dictadura y mañana darán declararán en el juicio que pone por primera vez en el banquillo de los acusados a tres civiles miembros de la Comisión Directiva de Ford acusados de marcar a los trabajadores.

Tanto Constanzo como Gareis fueron encapuchados por la patota de civil y llevados al comedor del personal de seguridad de la empresa.  A Constanzo le ataron las manos con alambres de fardo y lo golpearon. Los dos fueron trasladados enseguida a la Comisaría Primera de Tigre y alojados en pequeñas celdas con otros compañeros. Constanzo fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional como preso político 19 de abril de 1976. Gareis después de estar casi 50 días desaparecido fue legalizado el 12 de mayo de ese mismo año.

Sus testimonios serán una especie de inicio simbólico del juicio. “Son declaraciones anticipadas que se pidieron por la edad avanzada de las víctimas y su estado de salud”, explicó a Infojus Noticias, Pablo Barbuto, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Derechos Humanos. En ese contexto es que a partir de las 9 de la mañana, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín realizará una audiencia oral y pública en la pequeña sala de Villates 2121, Olivos. Se espera que el inicio formal del debate sea a principios de 2015.

En la causa hay cuatro imputados. Tres de ellos son civiles que ocupaban lugares jerárquicos en la Ford Motors Argentina S.A. de Pacheco, y un militar.  Pedro Müller fue gerente de Manufactura: “Una especie de encargado de la logística de la empresa”, explicó Barbuto. Muchos de los sobrevivientes lo señalan como una persona con mucho poder dentro de la empresa y con llegada directa al directorio. “Un verdadero jefe político de Pacheco”, definió.

Guillermo Galarraga fue gerente de Relaciones Laborales de la empresa en 1976. “Una especie de gerente de personal, tenía acceso a los legajos y a la información de todos los trabajadores de la empresa”, contó Barburto. El tercero es Héctor Francisco Sibilla, a cargo de la seguridad de la planta. Era mayor retirado del Ejército y según recuerdan los sobrevivientes alcanzó su máximo esplendor después del golpe. Terminada la dictadura, Sibilla fue contratado como custodio en la Embajada de Estados Unidos dónde se jubiló en 2004. El entonces presidente de la Ford Nicolás Enrique Julián Courard también debía ser enjuiciado, pero la muerte lo dejó impune: falleció en en Chile, en 1989.

Los directivos de la Ford están acusados de haber facilitado los datos personales de los 24 trabajadores que fueron secuestrados y torturados entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976. Ellos entregaron sus fotografías y domicilios personales para que los grupos de tareas pudieran ubicarlos si no lo hacían en la empresa. Ellos también son responsables de que se montara dentro de la Ford de Pacheco un centro de detención. Los testimonios de los sobrevivientes coinciden en que en el campo de deportes de la empresa se instalaron las mazmorras para los interrogatorios. Para golpearlos, los tenían encapuchados y maniatados con alambre.

El jefe de la Zona de Defensa IV, Santiago Omar Riveros es el único militar que llega a juicio en la causa. Fernando Ezequiel Verplaetsen, jefe de la Policía Bonaerense en la época, quedó excluido por enfermedad y el teniente coronel Antonio Molinari, por entonces subdirector de la Escuela de Ingenieros con jurisdicción en el Área 410, partidos de Tigre y Escobar, murió en 2007. Molinari fue nombrado por las víctimas y sus esposas en sus testimonios.

Civiles y militares están acusados de ser coautores de los 24 caos de privación ilegal de la libertad y torturas. Los jueces Héctor Sagretti (Presidente), Marta Milloc y Diego Barroetaveña serán los responsables de dictar justicia. La Fiscalía estará representada por Marcelo García Berro. La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación será representada por Ciro Annicchiarico y las víctimas, tendrán a Tomás Ojeda Quintana como representante.